MÉXICO – Los Estados colombiano y peruano son grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, denunció en un informe este martes 12 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara Rosas, directora de AI para el hemisferio, dijo que “la protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen”.
“En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú”, agregó Guevara Rosas.
El informe, “Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú”, sostiene que esas personas “enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad”.
El texto recuerda que 6,1 millones de personas que han abandonado Venezuela en los últimos 10 años. Colombia ha acogido a 1,84 millones, Perú a 1,29 millones, y las mujeres representan 50 y 58 % de la población venezolana en territorio colombiano y peruano, respectivamente.
“La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen”: Erika Guevara Rosas.
Según AI, en el espacio público las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia; y, en el ámbito familiar, las mujeres enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, sobre todo de sus parejas o exparejas.
En cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.
AI considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.
“Ante esta violencia omnipresente, AI concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas”, dice el informe.
También estarían en deuda con su deber de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en Perú.
Agregó que “la situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas”, y por ello “la regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”.
La investigación que da soporte al informe se realizó durante el primer semestre de 2022 “de manera virtual y en terreno, incluyendo misiones a Lima y Tumbes en Perú, y Bogotá, Cúcuta y Soacha en Colombia”.
AI dijo que entrevistó a 63 mujeres refugiadas venezolanas y realizó 45 entrevistas de investigación con entidades de sociedad civil, incluidas organizaciones conformadas por venezolanas, organismos internacionales e instituciones estatales.
El informe afirma que según cifras oficiales la violencia de género contra mujeres refugiadas en Colombia (4165 casos en 2020) aumentó 71 % entre 2018 y el año pasado, y en Perú (1818 casos en 2021) en 31 % entre 2019 y 2021.
“La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas”, asentó el informe.
Se expone que las mujeres venezolanas no tienen un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria, y que los Estados colombiano y peruano no garantizan el derecho de las mujeres venezolanas de acceder sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud.
Entre numerosas deficiencias de las respuestas estatales en ambos países, se menciona el desconocimiento por parte de las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género sobre los derechos, rutas de atención y medidas de protección de las que deberían gozar las mujeres venezolanas.
Con su reporte, AI “exhorta a las autoridades de Colombia y Perú a que adopten medidas inmediatas para que las mujeres venezolanas puedan gozar de una vida libre de violencia, sin discriminación por su género, nacionalidad, estatus migratorio o cualquier otro motivo”.
“En particular, los gobiernos de Colombia y Perú deben combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas, garantizar su acceso a la protección internacional, y asegurar un acceso efectivo a la justicia”, reza el informe.
Además, esos gobiernos deben “mejorar la atención y prevención de la violencia basada en género, y garantizar una atención en salud integral para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”.
A-E/HM
