BUENOS AIRES – “A los 35 años, con un documento que dice quién verdaderamente soy, volví a la escuela y terminé mis estudios, que había dejado a los 14 porque no había podido soportar más la burla y el maltrato”, cuenta Florencia Guimaraes, una mujer transgénero a la que la argentina Ley de Identidad de Género le cambió la vida.
Esta norma, sancionada por el legislativo Congreso Nacional en mayo de 2012, fue pionera en el mundo, ya que permite a las personas cambiar de género, de nombre y de foto en su documentación, con una simple expresión de voluntad y sin necesidad de estudios médicos, cirugías o intervenciones hormonales.
Una de las 12 665 personas que lo hizo fue Florencia, quien hoy tiene 42 años. Ella nació varón pero desde niña se sintió mujer y por eso relata que enfrentó barreras para acceder a la educación y al mercado laboral, que la empujaron a dedicarse durante años al trabajo sexual para sobrevivir.
“Mi historia no tiene nada de especial. La exclusión ha sido un trampolín directo hacia la prostitución, a la que la mayoría de nosotras ingresó desde muy joven. Tiene que ver con la falta de oportunidades”, advierte en su diálogo con IPS.
”La ley y el documento fueron herramientas que nos empoderaron. Es cierto que antes no estaba escrito en ningún lado que no podíamos estudiar, pero nos consideraban enfermas y había mecanismos que nos expulsaban del sistema educativo”, agrega.
El dato oficial dice que 62 % de las 12 665 personas que cambiaron su documento nacional de identidad (DNI) en estos 10 años optaron por ser mujer y 35 %, por ser varón. Así comenzaron un lento camino de recuperación de derechos en este país sudamericano de 47 millones de habitantes.
Además, hay casi 3 % (354 personas) que últimamente optó porque se marque con una “X” el casillero de su documento correspondiente al sexo, gracias a que un decreto firmado en julio de 2021 por el presidente Alberto Fernández reconoció el género “no binario”.
“La realidad de que las personas trans no tengan otra alternativa que el trabajo sexual se va modificando lentamente a partir de la sanción de ley, que dio visibilidad a un colectivo que estaba discriminado y oculto, pero todavía es muy reciente”: Esteban Paulón.
Diego Watkins, un varón trans de 28 años que ha sido la cara visible de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (ATTTA) asegura que el reconocimiento marcó un antes y después.
“Yo era una persona sin identidad, sin futuro, sin proyecto. Si decía que me dolía la muela, me mandaban al psicólogo. Saber y que se sepa quién soy le dio sentido a mi vida”, dice a IPS.
Como síntoma de su actual fortaleza, el colectivo se ha apropiado de la denominación “travesti”, tradicionalmente usado en Argentina como un insulto o una burla. Hoy ser travesti es una identidad política y la palabra se usa, justamente, como una bandera para reivindicar el derecho a ser trans, dicen los integrantes de la comunidad.
El lento camino del cambio
Florencia Guimaraes, quien se diplomó en Género y Politica en la Universidad Nacional de General Sarmiento, es desde hace dos años la responsable del Programa de Acceso a Derechos de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que administra el Poder Judicial de la capital argentina.
“Es la primera vez en mi vida que consigo un trabajo y esto, por supuesto, no hubiera sido posible sin la ley”, cuenta.
Además, ella es presidenta de la Casa de Lohana y Diana, un centro autogestionado de ayuda a la comunidad travesti en Laferrere, uno de los suburbios más poblados y más pobres de Buenos Aires.
“Hacemos talleres de capacitación con salida laboral, ya que la mayoría, a pesar de la ley, sigue excluida y subsiste a través de la prostitución”, cuenta Florencia.
De acuerdo a una investigación publicada en 2019 por la Defensa Pública de Buenos Aires, titulado La Revolución de las Mariposas, solo 9 % de la población travesti y trans está insertada en el mercado formal de trabajo y la gran mayoría ni siquiera accedió nunca a una entrevista laboral.
Las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI coinciden en que la población total trans en el país es entre 10 y 15 % superior a las 12 665 personas registradas.
“La realidad de que las personas trans no tengan otra alternativa que el trabajo sexual se va modificando lentamente a partir de la sanción de ley, que dio visibilidad a un colectivo que estaba discriminado y oculto, pero todavía es muy reciente”, cuenta a IPS desde la ciudad de Rosario el activista Esteban Paulón, quien dirige el Instituto de Políticas Públicas LGTB+, una organización de la sociedad civil.
Paulón fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual en la noroccidental provincia de Santa Fe, de la que Rosario es su principal ciudad, y allí lideró en 2019 una encuesta sobre vulnerabilidad, que alcanzó a casi un tercio del universo de 1200 personas trans de esa provincia.
El estudio indicó que solo 46 % terminó sus estudios secundarios y apenas 5 % cursó estudios terciarios o universitarios.
Y los resultados fueron especialmente reveladores en cuanto al malestar emocional relacionado con la identidad de género: 75 % expresó haber incurrido en autoagresiones con diversa frecuencia y en consumo de alcohol de manera problemática; 77 % en consumo de otras sustancias y 79 % en patologías alimentarias.
Tal vez el dato más crudo es que, de acuerdo a estimaciones de las organizaciones de la comunidad, el promedio de vida está entre los 35 y los 41 años.
Paulón corrobora que, de los 1200 trans que viven en Santa Fe, sólo 30 tienen más de 50 años.
Y explica: “La cadena de exclusiones ha hecho que los travestis no puedan cuidar su salud. Muchos concurrieron por primera vez a un hospital con una infección avanzada provocada por sida, enfermedad que hoy se trata con medicación”.
En ese sentido, Valeria Licciardi, una mujer trans que se hizo conocida como integrante del programa de TV Gran Hermano y ahora es dueña de una marca de bombachas (pantis) diseñadas especialmente para travestis, cree que la ley es un punto de partida para cambios sociales.
“Se nos puso en el lugar de ciudadanas y se nos reconoció el derecho a la identidad, a ser quien deseamos ser”, dice a IPS.
De todas maneras, advierte sobre un efecto no deseado de la ley: “Cuanto más avanzamos en derechos, más también crece el odio y la discriminación contra nosotras de un sector”.
Da el ejemplo de un atentado incendiario que se denunció este mes en el llamado Hotel Gondolín, un albergue-refugio de la comunidad travesti que funciona en una casa tomada del barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires.
“Fue de madrugada. La Policía nos dijo que, de acuerdo a la grabación de las cámaras de seguridad, dos varones habrían iniciado el fuego desde la calle”, afirma a IPS Solange Fabián, integrante de la comisión directiva del Hotel Gondolín.
Superando barreras
En busca de mejorar la inclusión laboral, desde 2020, un decreto presidencial establece que 1 % de los empleos en la administración pública nacional deben ser cubiertos por personas trans, con lo que se abrió un registro de aspirantes.
“Estamos avanzando en implementación y ya hay 300 trans trabajando, que estimamos que es el 0,2% del total de los cargos estatales”, informa a IPS Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
“Además tenemos 6007 personas anotadas en el registro, lo que indica que existe un gran deseo de la comunidad trans de salir a trabajar”, agrega.
La Subsecretaría lanzó este año un plan de ayuda económica por única vez para las personas trans mayores de 50 años, consistente en seis salarios mínimos, atendiendo a que es el grupo con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.
“Aunque ninguna norma resuelve por sí misma las violencias estructurales, la ley de identidad de género ha sido un hito en la historia democrática de este país, que no ha impactado solo en las personas trans sino en toda la población”, concluye Peña.
ED: EG
