WASHINGTON – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron a los Estados del hemisferio a fortalecer la protección de los solicitantes de asilo y refugiados en el hemisferio, la mayoría de los cuales son venezolanos.
Ambos organismos enfatizaron que “el continuo aumento en los desplazamientos forzados en la región y las dificultades que enfrentan las personas en el contexto de la movilidad humana requieren de un abordaje integral por los Estados”.
En su declaración, con motivo del Día Mundial del Refugiado, este lunes 20, Acnur y la CIDH recordaron que al hemisferio han llegado 5,1 millones de personas que se han desplazado desde Venezuela como refugiados, migrantes o solicitantes de asilo.
Esa cifra representa 86 % de las personas actualmente desplazadas a través de fronteras en el hemisferio, y 20 % del total mundial, según los organismos.
De ellas, a finales de 2021 había 740 143 personas bajo la figura de asilo y protección internacional, mientras que 2 380 149 esperaban una resolución a sus solicitudes.
De acuerdo con las cifras que maneja Acnur, hasta el pasado mayo las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo de Venezuela sumaban 6 133 473.
Los países que han recibido los mayores contingentes son Colombia (1 842 390), Perú (1 286 464), Ecuador (513 903), Estados Unidos (465 000, cifras de 2019), Chile (448 138), España (418 200, a julio de 2021), Brasil (345 018), Argentina (170 316), Panamá (121 598), República Dominicana (115 283) y México (82 976).
La CIDH y Acnur dijeron que reconocen “la complejidad y el carácter mixto de los movimientos crecientes de personas en la región, los cuales involucran personas que viajan juntas, generalmente de manera irregular, por las mismas rutas, utilizando los mismos medios de transporte y enfrentando los mismos desafíos y riesgos”.
Pero apuntaron que los motivos son diferentes, pues “las personas que viajan como parte de movimientos mixtos tienen diferentes necesidades y pueden incluir personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, víctimas de trata, niñas y niños no acompañados o separados, y migrantes en situación irregular”.
Eso se agrava en contextos como la pandemia covid-19, que “tiene un impacto desproporcionado en las personas más vulnerables”, como son los refugiados.
Por ello, pidieron “medidas para fortalecer los sistemas nacionales de asilo y de protección internacional”, con “enfoques diferenciados para responder a los retos que enfrentan los Estados y para atender las necesidades de los grupos de personas solicitantes de asilo y refugiadas que enfrentan mayores factores de riesgo”.
Entre las medidas de protección integral mencionaron el establecimiento de visas humanitarias, el reasentamiento de personas refugiadas, mecanismos de protección temporal y protección complementaria, acuerdos de estancia legal o iniciativas de regularización migratoria que incluyan salvaguardas de protección.
Sostuvieron que esas medidas “deben incorporarse en la legislación y marcos de protecciones nacionales de los Estados, y no únicamente como programas temporales”, de modo que las personas en situación de movilidad humana puedan acceder a dichos procedimientos bajo las garantías del debido proceso.
Finalmente, la declaración reiteró la necesidad de incorporar enfoques diferenciados de protección para la atención de mujeres y otros grupos en especial situación de vulnerabilidad, como lo son las víctimas de la trata de personas.
También, las víctimas de delitos; niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados o separados; personas con discapacidad; personas indígenas; personas mayores; personas LGBTI, y personas afrodescendientes.
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