CAAZAPÁ, Paraguay – El viento norte roza el rostro moreno de doña Antolina González. La piel curtida por el sol y callos en los pies reflejan la larga andanza de lucha y resistencia. Mientras camina sobre la tierra colorada una tarde, esta cruje con cada pisada, como signo del déficit de lluvia que golpea a su comunidad indígena Ypetî Tajy, del pueblo mbya guaraní, ubicada en el departamento de Caazapá, en el este de Paraguay.
A medida que se aleja de la vivienda, el paisaje de vegetación cambia por uno homogéneo, de miles de hectáreas de cultivo mecanizado: trigo, maíz y avena. En otras temporadas la soja se impone. Las plantaciones se ven hasta varios kilómetros por el área despejada.
La mujer se detiene justo en el límite de la propiedad de los indígenas y se inicia el cultivo a gran escala. En el tramo no existe barrera verde de protección. El cultivo, en ese periodo del año, era avena, utilizado como abono verde sobre el cual luego se siembra soja, maíz o trigo.
“Aquí está pegado por nuestra línea el cultivo de los brasileros que no cuidan para fumigar. Cuando tiran el veneno, no respetan el viento fuerte y eso va hacia la comunidad. Tiene muy mal olor, es muy fuerte y nos preocupa. Deben proteger, si van a cultivar soja, por ejemplo, deben plantar vegetación, por lo menos unos 25 metros ya nos va a componer. Pero ellos casi entran en nuestra línea”, expresa.
En el tono de su voz se percibe indignación.
El estudio denominado “Extranjerización del Territorio Paraguayo”, del 2009, de Marco Glauser, indica que por lo menos 7 889 128 hectáreas del país están en manos extranjeras, equivalentes a 19,4 % del territorio nacional. El observatorio rural De Olho nos Ruralistas publicó, en el 2017, que los propietarios brasileños tienen 14 % de las tierras en Paraguay.
Doña Antolina avanza unos metros más y observa parte de su plantación ya seca. “Estas ramas planté en nuestra línea para que el veneno no pase y también con ello poder alimentar a mis animales, como cerdos, pero cuando ellos fumigan destruyen nuevamente la planta”, dice.
Vuelve a emprender la marcha y el suelo empieza a tener una pronunciada pendiente. Frente a ella, en el horizonte, se inicia una de las pocas vegetaciones del entorno. A medida que ingresa hacia el pequeño bosque se escucha el sonido del arroyo que fluye con calma.
La acompañan otros pobladores que, de a uno, descienden e ingresan al agua, hasta la altura de las piernas. Con las manos llevan el agua hasta el rostro para refrescarse luego de la caminata en una tarde calurosa. El cauce tiene un aspecto claro, la vegetación se refleja en él.
Pero no todo es armonía. El arroyo tuvo un importante descenso, no solo por la sequía, consideran los moradores, sino porque las nacientes se encuentran en la propiedad de los productores y no todas están protegidas.
“Este arroyo bajó mucho. Nos preocupa, parece que va a desaparecer. Los sojeros destruyen las nacientes y esta agua puede terminar…. También cuando llueve aquí cae el veneno de la fumigación”, asevera doña Antolina.
En el último censo en Paraguay de pueblos indígenas, en el 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) reportó que 109 comunidades declararon fumigación con agroquímicos, 101 comunidades señalaron que existe contaminación de corrientes de agua y 134 consideraron una disminución significativa de animales silvestres.
En este país sudamericano de 7,4 millones de personas habitan alrededor de 117 150 indígenas, pertenecientes a 19 pueblos y 493 comunidades.
Alquiler del territorio ancestral
Una de las pocas masas boscosas que quedan en Caazapá es la de la comunidad de Ypetî, donde se encuentra doña Antolina. Pero la cerca avanza hacia el pueblo. Uno de los principales problemas es que varios miembros ya decidieron alquilar parte de la tierra ancestral, ante las necesidades económicas y falta de políticas públicas que no llegan a la mayoría de los pueblos indígenas del país.
El pueblo mbya guaraní de esta comunidad cuenta con 1526 hectáreas, de las cuales estiman que cerca de 150 hectáreas de bosque ya fueron alquiladas.
“Somos muchos en la comunidad y tenemos parte de nuestra gente que fue convencida para ceder las tierras en alquiler. Intentamos atajar pero no nos ayudaron las autoridades, los fiscales, los policías. Nosotros aquí, los que estamos en esta punta, nos resistimos. Queremos conservar nuestro bosque”, relata el líder indígena Jorgelino Villalba.
La cultura aún fortalecida, las creencias ancestrales ayudan aún a resistir al pequeño grupo, relata. Pero sienten la desprotección del Estado y las presiones no cesan. “Ahora estamos tranquilos, aparentemente, pero siempre hay advertencias de que los productores, que tienen cooperativa, con dinero van a lograr entrar, que no los vamos a poder atajar”, precisa.
Esta problemática del pueblo también se vive en otros territorios indígenas a nivel nacional. El último censo del 2012 reveló que de las 493 comunidades, 182 alquilan o prestan su tierra a terceros; esto equivale a 36,9 %.
“Si hablamos de derechos del indígena, de leyes, todo es muy lindo, pero cuando reclamamos que se cumplan no nos hacen caso. Eso es lo que vemos en nuestra zona. Los sojeros con dinero, que trabajan en sociedad, tienen apoyo del intendente, del gobernador, de fiscales, de policías. Son todos sus amigos. Pero si nosotros vamos a reclamar no nos hacen caso porque no tenemos dinero”, comenta Villalba.
En la Constitución Nacional, en el apartado “De los Pueblos Indígenas”, en el artículo 64 se establece que el Estado proveerá gratuitamente tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.
En el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley Nº 904/81, su artículo 17 señala que: “La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescrita ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte”.
Peo en la práctica no existen controles sostenidos para impedir esta situación.
“Los sojeros, de modo a burlar la normativa que prohíbe el alquiler de tierras indígenas, lo hacen a través de ‘contratos de prestación de servicios’ o de ‘parcería (cesión de una explotación a cambio de una parte de la producción)’. Al no mencionar las palabras ‘arrendamiento’ o ‘alquiler’, maquillan con otro nombre la situación real”, señala el estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”, de Marcelo Bogado, Rafael Portillo y Rodrigo Villagra.
Avance de la soja
“Las tierras habitadas por pueblos indígenas comenzaron a sufrir la deforestación en la década de los sesenta para la producción agrícola extensiva, intensificándose con el tiempo. Actualmente, el rubro de la soja es el más producido y con mayor impacto en las comunidades de la Región Oriental”, se describe en parte del estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”.
El total de superficie del cultivo de soja llegó en el 2021 a 3 701 631 hectáreas, según el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio). La producción se triplicó en los últimos 25 años. La zafra de 1996-1997 comprendía 1 050 000 hectáreas, de acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
Esta oleaginosa posiciona a Paraguay como el sexto mayor productor a nivel mundial y el cuarto en la categoría de exportadores.
Escasas investigaciones sobre impacto en la salud
En el país altamente agroexportador no existen muchas investigaciones sobre el impacto de agroquímicos en la salud, esto a pesar que los datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) reportan una importación total de 54 189 toneladas de productos fitosanitarios en 2020. De ese total, 63 % corresponde a herbicidas con 34 144 toneladas; en este grupo se encuentran algunos de los agroquímicos más utilizados como: Glifosato, Paraquat, 2 4D, Diquat.
En un primer estudio de la pediatra y docente Stela Benítez Leite, en 2007, los resultados mostraron asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, en el Sur de Paraguay.
La doctora volvió a presentar en el 2018 otra investigación en la que se detectaron daños en el ADN de 43 niños que viven cerca de cultivos de soja, a diferencia de 41 chicos de una comunidad certificada por el no uso de plaguicidas.
Cuando existe daño en el material genético, explica la doctora, las células pueden repararse, pero también pueden mutar hacia enfermedades que afectan el neurodesarrollo e incluso estar relacionadas con mal de Parkinson, diabetes y hasta cáncer. O también se puede transferir a las generaciones futuras ocasionando malformaciones o abortos espontáneo, según Benítez.
Tras estos hallazgos, los representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su mayoría de gremios del sector productivo, resolvieron frenar las investigaciones con resultados que consideraban “deficientes”, como este estudio financiado por el ente, lo que generó el rechazo de la Sociedad Científica del Paraguay.
Fumigaciones
El Senave es la autoridad de aplicación de la ley de “Control de Productos Fitosanitarios”. En ella se establece que, en aplicación terrestre, se debe fijar una franja de protección de 100 metros entre el área a fumigar y todo asentamiento humano; 100 metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de agua natural.
Precisa que no se debe realizar aplicación cuando la temperatura es superior a 32º C, humedad relativa inferior a 60 % o velocidad de viento superior a 10 kilómetros / hora.
Los cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, deberán contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. De no existir dicha barrera viva, se dejará una franja de 50 metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicida.
“Si uno aplica en condiciones no óptimas se pierde producto. Entonces, el objetivo de controlar las plagas no se va a lograr. El agricultor, desde el punto de vista de la eficacia y evitar posibles contaminaciones, va a respetar las condiciones atmosféricas”, argumenta Cristhian Marecos, jefe de la oficina regional del Senave.
La cantidad de funcionarios distribuidos por departamentos, cuatro a cinco en promedio, señala que es poca para las distintas misiones del ente. En la institución no figuran sumarios abiertos este año por irregularidades sobre fumigaciones.
En el 2019, de 327 centros educativos rurales analizados se encontraron que 48 estaban a menos de 200 metros de cultivo y 51 a menos de 100 metros, según el estudio “Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de contaminación ambiental”.
En el informe del Senave sobre cumplimiento de franjas verdes cerca de 258 escuelas, se concluye que todos los cultivos están en regla. En otro documento del 2021 aparecen verificaciones en asentamientos en general, pero ya no se describe si se encontró o no irregularidad. Ante insistencias, la institución remitió el dato “de que todas están en regla”.
Autoridades se llaman al silencio
La ausencia de barreras verdes en los cultivos colindantes, denuncia de alteración de cauces, desmontes, falta de titulaciones y hasta episodios de desalojos son constantes en las comunidades indígenas del país. A ello se le suma que en la mayoría de las comunidades no existen servicios básicos como el agua potable.
Durante varias semanas se intentó tener la versión de representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y del Instituto Forestal Nacional (Infona), pero se llamaron al silencio.
En el momento de elaboración de este reportaje, Edgar Olmedo era el presidente del Indi. No contestó las llamadas y las veces que se lo buscó en la oficina estaba de viaje. Se recurrió al portal de solicitudes que obliga a las instituciones públicas a responder en un plazo de 15 días hábiles, pero el pedido fue denegado, infringiendo la Ley 5282 de “Libre Acceso a la Información Pública”.
En el Infona, no son visibles en la página web los mapas de deforestación. Tanto la presidenta del ente, Cristina Goraleski, como los directores de varias áreas no dieron declaraciones.
En el informe de la institución, entre 2014 y 2015, figura que la cobertura forestal fue de 16 623 000 hectáreas. En marzo de este año, Goraleski comentó al diario Última Hora de Asunción que a nivel país, la cobertura forestal total es de 15 117 473 hectáreas, hasta el 2019. Es decir, 1 505 527 hectáreas menos.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), los datos a los que se tuvo acceso sobre cambio de uso de suelo sin permiso, sean desmontes o remociones, solo son hasta el 2019. En la región Oriental, donde rige la ley de Deforestación Cero se reportaron 4134 hectáreas transformadas, entre 2018 y 2019. En la región Occidental, el Chaco, se registra 205 723 hectáreas.
Desprotección
En el país aún no se concretan mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que se exponen a amedrentamientos, si se trata de comunidades indígenas la vulnerabilidad es aún mayor, ya que sufren discriminación estructural por falta de acceso a derechos básicos, considera Maximiliano Mendieta, abogado y consultor de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (Fapi).
“Los indígenas viven y sobreviven desde y para sus tierras, que ahora tiene un enfoque profundamente comercial y va en contra de la cosmovisión. Tampoco hay políticas públicas importantes con enfoque intercultural porque colisionan con la visión económica, el monocultivo, la deforestación irracional”, detalla.
Para personas indígenas como doña Antolina, los recursos naturales son claves para sobrevivir.
“Vemos con nuestros propios ojos cómo destruyen la tierra. La tierra es nuestra madre, a través de ella existen los árboles y mediante estos el agua. Estos tres recursos no pueden separarse porque no estarán fortalecidos. Si ellos desaparecen nosotros también acabaremos”, concluye mientras sale del curso hídrico y escala la pendiente.
Se apresta para caminar nuevamente a la vera del cultivo mecanizado y luego sumergirse en su comunidad, entre árboles nativos y una reducida población que todavía resiste a la transformación del territorio ancestral.
Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que IPS forma parte.
RV: EG
