Comienza la defensa del ambiente bajo el paraguas de Escazú

De izquierda a derecha, la secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de Argentina, Cecilia Nicolini; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario Cimoli; y la canciller chilena, Antonia Urrejola, en la instalación de la COP 1 del Acuerdo de Escazú. Foto: Cepal

SANTIAGO – Con llamados a la defensa del multilateralismo y a la acción conjunta se inició este miércoles 20 en esta capital la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que busca proteger al ambiente y a sus promotores en América Latina y el Caribe.

El acuerdo, en vigor desde el año pasado, “nace como respuesta ante las necesidades urgentes que vive nuestra región, que se ha transformado lamentablemente en la más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales”, dijo en la sesión inaugural el presidente del país anfitrión, Gabriel Boric.

Según la organización no gubernamental Global Witness, en 2019 fueron asesinados 212 defensores ambientales en la región y 227 en 2020. El drama continúa, y solo en México fueron asesinados otros 25 ambientalistas el año pasado.

Uno de los artículos del Acuerdo compromete a los Estados parte a propiciar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Durante tres días de reuniones mixtas (presenciales y virtuales), la COP1 se propone trazar una hoja de ruta para la acción conjunta en la promoción del ambiente y la protección de sus defensores, así como las reglas de funcionamiento de la naciente estructura y las cuestiones financieras conexas.

“O nos salvamos juntos, o nos hundimos por separado”: Gabriel Boric.

El Acuerdo de Escazú toma el nombre del municipio de Costa Rica donde en 2018 lo acordaron 25 gobiernos, y hasta ahora lo han ratificado 12 Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Otros tres Estados han avanzado en el proceso de ratificación parlamentaria: Colombia, República Dominicana y Chile, en cuya capital la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acogió esta primera reunión.

“O nos salvamos juntos, o nos hundimos por separado. Yo creo que el Acuerdo de Escazú apunta justamente a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos”, dijo el mandatario chileno, y expresó su esperanza de que el Congreso de su país ratifique prontamente el nuevo pacto regional.

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, participó de modo virtual y dijo que “ya no tenemos más tiempo, el cambio climático nos rebasa”, por lo que “se debe fomentar la inversión responsable, y dotar a los distintos actores de herramientas para mejorar la transparencia y las salvaguardas ambientales”.

“Las comunidades más vulnerables son las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Son las personas más pobres las que están llevando la peor parte de esta crisis”, subrayó Campbell Barr.

De su lado, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina, Cecilia Nicolini, dijo que “entendemos a Escazú como una apuesta al multilateralismo, a la cooperación Sur-Sur, para potenciar nuestras capacidades institucionales en medio de un contexto global de incertidumbre y desequilibrio”.

El secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario Cimoli, destacó que el de Escazú es el primer tratado regional vinculante en materia de ambiente, e incluye la primera disposición del mundo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El nombre íntegro del nuevo pacto es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

A-E/HM 

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