SAN SALVADOR – Una ola de homicidios que sembró el pánico en El Salvador, el último fin de semana de marzo, llevó al presidente Nayib Bukele a imponer el estado de excepción, en una medida que despierta el temor de que el mandatario endurezca aún más su autoritaria forma de gobernar y de que aproveche la violencia delictiva para cercar a disidentes.
El estado o régimen de excepción implica la suspensión de algunos derechos constitucionales, y el Ejecutivo apeló a esa disposición, avalada por la Constitución, para en principio frenar la escalada de homicidios.
“Hay suficiente razón para pensar que el presidente pudiera usar esas medidas en contra de sectores opositores, aún no lo ha hecho, pero pudiera hacerlo, ciertamente es preocupante”, dijo a IPS el especialista Mario Vega, que por años ha venido analizando el tema de la violencia en el país.
Agregó: “Creo que el estado de excepción no contribuye en nada a combatir o superar la crisis de seguridad, pues ya hay suficientes herramientas legales para actuar en ese sentido”.
“Más lo veo como un golpe publicitario de que se está haciendo algo”, consideró el experto.
La preocupación de Vega tiene que ver con la actitud de Bukele, llegado al poder en junio de 2019 cuando contaba 37 años bajo un aurea de político milenial, de gobernar de forma personalista y autoritaria y de considerar “enemigos” a quienes no comparten sus políticas y puntos de vista.
En esa lista de enemigos están, entre otros, asociaciones de derechos humanos, colectivos ambientalistas y otras organizaciones civiles, periodistas, además de los consabidos políticos opositores.
“Creo que el estado de excepción no contribuye en nada a combatir o superar la crisis de seguridad, pues ya hay suficientes herramientas legales para actuar en ese sentido. Más lo veo como un golpe publicitario de que se está haciendo algo”: Mario Vega.
También se teme que los soldados y policías que han sido desplegados para atajar el repunte de asesinatos, atribuidos a grupos de pandillas, sientan que tienen luz verde para violentar derechos humanos a la hora de detener a sospechosos.
En 2020, al inicio de la pandemia de covid-19, el gobierno impuso también un régimen de excepción, y se restringió, entre otros, el derecho a la libre circulación, que generó en detenciones arbitrarias y abusos por parte de soldados y policías.
Como medida de represión, el gobierno ha decidido endurecer las condiciones en las cárceles del país donde se encuentran recluidos pandilleros.
Medios locales, que citan al director de Centros Penales, Osiris Luna, han informado este lunes 28 que la alimentación en las cárceles se reducirá a dos comidas diarias. Se limitará además el costo de esos alimentos.
“Eso ya es un tipo de venganza, la gente aplaude eso, pero yo veo que en nada contribuye a mejorar la seguridad del país dando de comer menos a los reos”, dijo Vega.
El Salvador, un pequeño país centroamericano de 6,7 millones de habitantes, enfrenta desde el fin de la guerra civil, que se libró entre 1980 y 1992, un agudo problema de inseguridad y violencia, con asesinatos cometidos por miembros de pandillas.
En 2015, el año más violento, la tasa de homicidios llegó a los 103 por cada 100 000 habitantes, y el país encabezó la lista de las naciones más violentas del mundo. Eso ocurrió durante el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
El sábado 26 se reportaron 62 homicidios, una cifra desproporcionada que rompió con el patrón que se había mantenido durante el gobierno de Bukele, en un fenómeno que el mandatario y sus funcionarios atribuyen a su plan de Control Territorial.
En febrero, el gobierno informó que 2022 arrancó con un promedio de 2,8 homicidios al día, a partir de las cifras oficiales que registraron 83 asesinatos en enero, a diferencia de los 111 contabilizados en ese mismo mes de 2021.
Los derechos constitucionales restringidos
Como respuesta a la escalada de violencia, Bukele solicitó a las 11:00 de la noche del sábado 26 a la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría de diputados de su partido Nuevas Ideas, una reunión de emergencia inmediata para que aprobaran el estado de excepción.
El parlamento se reunió a la 1:00 de la madrugada local del domingo 27, aprobó el régimen de excepción por 67 votos, 11 más que los del partido gobernante, y unas horas después el presidente sancionó el decreto.
Con esa medida, se suspenden por un mes, en un periodo prorrogable, varios derechos constitucionales, como el de asociación y reunión.
Sin embargo, el Ejecutivo ha aclarado que eso solo aplica a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes, de modo que no se suspenden actividades deportivas, religiosas, educativas, comerciales, etc.
El presidente dijo en un tuit, el domingo, que las personas no deben temer a ser afectadas por esa restricción: “A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”.
También se restringe el derecho a la defensa, lo que faculta a las autoridades policiales a no informarle a una persona detenida las razones de su arresto, ni a proveerle de un defensor.
Vinculado a eso, también se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días. Ahora se extiende a 15, “para que la Fiscalía tenga más tiempo para recabar pruebas”, informó la presidencia de la República.
Además, el gobierno tiene vía libre para intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas.
Sin embargo, eso también pudiera ser aprovechado por las autoridades para espiar a disidentes, algo que de todos modos parece haber ocurrido ya.
En enero, el gobierno fue acusado de espiar a una treintena de periodistas de varios medios de comunicación, por medio del programa informático Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group. El Ejecutivo rechazó las acusaciones.
¿Tregua secreta?
El oficialismo intenta explicar el fenómeno del alza inusitada de los homicidios a hechos como la detención del empresario de autobuses Catalino Miranda, a quien el 12 de marzo se le arrestó por subir el costo del pasaje en su flota de buses y microbuses y porque se resistió a la detención.
El gobierno tomó el control de decenas de esos vehículos, con el argumento de que el transporte es un servicio público, y puso a soldados a pilotearlos, una medida que, según el Ejecutivo, es avalada por la Constitución.
Eso habría afectado las finanzas de las pandillas, dijo un diputado de Nuevas Ideas, porque los vehículos de Miranda servían a esos grupos criminales para lavar dinero. Se sabe que algunas personas que trabajan en el sector de transporte pertenecen a las denominadas “maras”.
“Cuando se les toca el bolsillo a las pandillas, estas se vuelven más violentas”, dijo este lunes 28 el diputado William Soriano, del partido Nuevas Ideas, que con sus 56 diputados controla el Congreso salvadoreño, de 84 bancas.
El diputado agregó que pudieran haber otras razone, pero que esa es la que más pesa en los análisis que, dijo, han hecho con sus correligionarios.
Sin embargo, la oposición política da más peso a que la ola de homicidios del fin de semana tuvo que ver con la reacción violenta de las pandillas por algún tipo de rompimiento de los acuerdos a los que secretamente había llegado con el gobierno.
En agosto de 2021, el diario digital El Faro reveló que el gobierno de Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas para conseguir que los asesinatos se mantuviesen en niveles bajos.
Esas pandillas son la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, las que habrían exigido mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
El gobierno ha negado la existencia de cualquier acuerdo de «pacificación» con los grupos criminales.
“No sé las razones que explican el alza de homicidios del fin de semana, pero quizá eso evidencia que en efecto hay un acuerdo entre el gobierno y las pandillas, y algo falló”, dijo Vega.
El camino hacia el autoritarismo
Bukele se ha ido ganando poco a poco el calificativo de híperpresidencialismo y gestión autoritaria por medidas que tuvieron su primer gran hito en febrero de 2020, con la irrupción del presidente con militares armados para exigir la aprobación de un polémico crédito para financiar un plan de seguridad.
La medida, que fue considerada inconstitucional por la Sala Constitucional del país, despertó las alarmas de organismos multilaterales de derechos humanos y de organizaciones internacionales.
Una vez ganada en forma aplastante los comicios legislativos y municipales, Bukele impuso al instalarse la nueva Asamblea, el 1 de mayo de 2021, una nueva Sala Constitucional al destituir a los cinco jueces que la conformaban.
Esos nuevos letrados, aliados al oficialismo, reinterpretaron un polémico artículo 105 de la Constitución, que aparentemente negaba la reelección presidencial inmediata, y el 3 de septiembre, concluyó que es válida la reelección continua, lo que faculta a Bukele a postularse para un segundo periodo en 2024.
El mimo 1 de mayo, los diputados de Nuevas Ideas también destituyeron al fiscal general y eligieron a un nuevo funcionario, cercano al oficialismo.
Son movimientos que han permitido a Bukele acaparar cada vez más poder y le han valido la crítica de crecientes gobiernos, incluido los de Estados Unidos y de miembros de la Unión Europea.
Y son estos antecedentes los que generan los recelos ante el régimen de excepción que acaba de entrar en vigor.
ED: EG
