QUITO – La Corte Constitucional de Ecuador acaba de respaldar los esfuerzos por la protección del Parque Nacional Yasuní, una muy simbólica porción de la Amazonia, pero el gobierno de Guillermo Lasso no detiene las operaciones en la zona.
En las entrañas de Yasuní se encuentra la mayor reserva de petróleo de Ecuador: más de 1672 millones de barriles de crudo, lo que lo convierte en el mayor proyecto en la historia de la explotación petrolera en este país latinoamericano.
Asimismo, los alrededores de esta área natural protegida también resguardan este preciado recurso. Es el caso del Bloque petrolero 43 o también llamado ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que tiene una extensión de casi 2000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Parque Nacional Yasuní.
Ese parque, designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biósfera, es un símbolo para Ecuador y el mundo.
Distintos estudios estiman que existen 150 especies de anfibios, alrededor de 600 de aves, así como más de 3000 de flora; colocándolo como una de las zonas más biodiversas del planeta. Del mismo modo, existe una población indígena en aislamiento voluntario que se mantiene conviviendo con el bosque, y que también necesita ser protegida.
Por tal motivo, desde fines de los años 90 se han promovido distintos mecanismos legales que buscan la conservación de esta porción de Amazonia.
Pero Ecuador vive desde hace tiempo con este dilema: ¿preservar un espacio único en el mundo o explotar sus hidrocarburos y cubrir su multimillonario déficit fiscal? En febrero de 2022, éste asciende a 3700 millones de dólares, por lo que estas preguntas arden más que nunca.
Peligro en el 43
El 6 de marzo de 2020, la estatal Petroamazonas EP (que luego se fusionó con Petroecuador), adjudicó un contrato de prestación de “servicios específicos integrados” para la perforación y completación de 24 pozos nuevos para las plataformas B y D en Tambococha, en el Bloque 43 dentro del Yasuní ITT, en provincia de Orellana.
El contrato de 148 millones de dólares se adjudicó a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Los nuevos pozos permitirían incrementar la producción en alrededor de 7500 barriles de petróleo por día, según publicó Petroecuador en ese momento.
Como parte de los trabajos anexos a los nuevos pozos, desde el 27 de febrero de 2020 se inició la construcción de un acceso ecológico para conectar el tramo de la plataforma Tambococha B a la plataforma Ishpingo A, ambas ubicadas en el Bloque 43 –ITT.
En marzo de ese mismo año, imágenes satelitales reveladas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) detectaron la construcción de una vía que salía de la plataforma Tambococha B hacia las plataformas Tambococha C, Ishpingo A e Ishpingo B; que están aprobadas para explotación y que podrían poner en riesgo la conservación de este territorio.
Petroecuador responde
Tras dos meses de solicitudes, Petroecuador respondió por escrito a Diálogo Chino para este informe. La estatal petrolera insiste que cumplen con los parámetros ambientales.
“Todos los accesos construidos en el Bloque 43 forman parte de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente. Su operación está legalmente autorizada. Previo al inicio de actividades constructivas de los accesos, se realiza una topografía ambiental a detalle. Participa un equipo multidisciplinario (biólogos, ambientalistas, constructores, técnicos) para identificar áreas biológicamente sensibles, como saladeros, comederos, bebederos, áreas de anidación, corredores ecológicos, árboles de importancia. Una vez identificados son conservados”, mencionan en el documento enviado.
Según Petroecuador, se busca “precautelar el equilibrio del ecosistema natural, reduciendo los efectos de la fragmentación ecológica y priorizando el normal desarrollo de las especies arbóreas y terrestres”. Además, señala que hay “seguimiento a las condiciones físicas de cuerpos de agua, calidad de aire, niveles de presión sonora y emisiones a la atmósfera”.
Y sobre la adjudicación a la compañía china, Petroecuador aclara que “la licitación se realizó mediante un Concurso de Ofertas con bases previamente establecidas, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes.
La compañía Chuanquing Drilling Engineering Company Limited fue adjudicada una vez que superó los requisitos técnicos requeridos en las bases del concurso y presentó una oferta económica más baja en relación a la oferta económica presentada por la compañía Sinopec (también china), lo cual fue más beneficioso”.
Lasso pro extracción
La exploración y explotación petrolera son un punto importante para el gobierno de Ecuador, que necesita reprogramar la deuda que tiene con China por más de 5000 millones de dólares. Donde además, ha prevendido parte de esta producción, que todavía no extrae, al país asiático.
Es así, que con apenas dos meses en el gobierno, el presidente Guillermo Lasso expidió en julio de 2021, una nueva política de hidrocarburos -el Decreto Ejecutivo 95– para incrementar la producción petrolera.
“Hay campos petroleros viejos que hay que hacerlos más productivos y campos nuevos también. La frontera petrolera podría expandirse. Duplicar la producción petrolera en cuatro años parece como un poema. El desafío es incrementar la producción en aproximadamente 8 % diario. Es decir, elevar cerca de 40 000 barriles diarios más”, dijo en una entrevista en agosto.
Con esta misma visión, en la última semana de febrero de 2022, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, informó que el gobierno adjudicó el primer contrato para la perforación de pozos en el campo petrolero Ishpingo, en la cercanía del Yasuní, a la China National Petroleum Corp (CNPC).
«Tenemos mucha esperanza en el campo Ishpingo», dijo el ministro sobre el contrato con CNPC.
La primera campaña de perforación en el área sensible involucrará 40 pozos durante los próximos 18 meses, es decir, hasta finales de 2023.
Ishpingo es la parte más reciente del prometedor campo petrolero ITT en la región amazónica de Ecuador que comenzará a perforarse después de Tambococha y Tiputini.
“Se espera que produzca petróleo pesado, que se agregará a la producción nacional del crudo Napo”, explicó Bermeo con mucha expectativa, a pesar de las constantes denuncias por las obras realizadas en este lote.
Demandas contra el Estado
El Parque Nacional tiene una superficie de casi 10 000 kilómetros cuadrados, más extenso que Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, São Paulo, Bogotá, La Paz, Quito, y Caracas juntas. Y las presiones por explotar su subsuelo cada vez son mayores.
A lo largo de varias décadas, organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras han realizado distintas demandas para evitar el avance de la explotación petrolera en la selva amazónica, en especial por las continuas reformas legales que dan mayor apertura a la extracción del crudo.
El Yasuní se convirtió en objeto de interés mundial en 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa lanzó un plan aparentemente innovador para atraer más de 3000 millones de dólares en donaciones de la comunidad internacional a cambio de mantener el abundante petróleo del parque en el suelo.
Sin embargo, el plan se derrumbó unos cinco años después, con ambas partes alegando que la otra no estaba suficientemente comprometida con la iniciativa. Las perforaciones comenzaron en 2016.
La última petición de protección legal para el parque se produjo en septiembre de 2021.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos —integrada por varias ONG ambientalistas— presentó un pedido de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano para evitar la construcción de carreteras y el ingreso de plataformas petroleras dentro de la franja de amortiguamiento en el Bloque 43 del Yasuní ITT.
El colectivo Geografía Crítica, que busca la defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza en Ecuador, presentó una acción legal para evitar esta explotación.
Manuel Bayón, representante de esta organización, en entrevista con Diálogo Chino, indica que “impulsamos distintas medidas cautelares” desde 2010. La más reciente es la de septiembre de 2021, por “la inminente afectación a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, como los Tagaeri y Taromenane.
Pedro Bermeo, miembro del colectivo Acción Ecológica, dijo a Diálogo Chino: “Nosotros hemos alertado sobre el ingreso de trabajadores con maquinaria a la zona de amortiguamiento. Se movieron arbitrariamente los límites para construir la carretera, así como la implementación de instalaciones petroleras. Lamentablemente, pase lo que pase, el daño ambiental ya está consumado”.
Fallo histórico contra explotación
En el artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008 se establecen los derechos de la naturaleza, o Pacha Mama, “para que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Sin embargo, como se ha evidenciado, eso no ha detenido las acciones para la extracción del crudo.
Tras años de lucha, el 3 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Ecuador prohibió la ejecución de obras petroleras en la zona de amortiguamiento del Yasuní, donde se planea instalar torres de perforación para extraer crudo. La Corte Constitucional en su sentencia recordó que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales”.
Pedro Bermeo asegura a Diálogo Chino que, “a pesar de que los daños están consumados, se ha hecho un poco de justicia para los pueblos indígenas aislados del Yasuní”, aunque el tiempo dirá hasta cuándo se respeta el fallo del tribunal, o sigue siendo insuperable.
“El Gobierno de Ecuador ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. No hay una verdadera política de desarrollo para la Amazonía”, dijo Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani y presidenta de la organización Conconawep.
A pesar del fallo de la Corte y de los distintos esfuerzos por proteger Yasuní, los trabajos en este rincón de la Amazonia no se han detenido. En ese sentido, las poblaciones indígenas, así como diversas organizaciones, esperan que el Estado y las empresas vinculadas, pongan a la conservación por delante de la explotación.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.
RV: EG
