TEGUCIGALPA – Un tribunal de Honduras condenó a defensores del ambiente en el caso Guapinol, un proyecto minero en la zona Caribe, lo que criticaron este jueves 10 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Al expresar su “profunda preocupación por el fallo”, la representante de Acnudh en el país centroamericano, Isabel Albaladejo Escribano, afirmó que “los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente, que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia”.
Un tribunal de sentencia de la ciudad de Trujillo, en la costa norte, declaró culpables a seis de los ocho defensores del ambiente en la zona del río Guapinol, por los delitos de privación ilegal de la libertad y daños agravados en perjuicio de un contratista de la empresa minera Inversiones Los Pinares.
Además, serían culpables de daños simples y agravados a la compañía Los Pinares, en el marco de protestas de las comunidades por la afectación de los ríos Guapinol y San Pedro por la actividad minera, las que tuvieron lugar en septiembre de 2018.
Dos de los defensores ambientales fueron absueltos, y contra los seis declarados culpables se dictarán sentencias individualizadas el 21 de febrero.
Los defensores “han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”, dijo Albaladejo.
“Este veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. Debe anularse de forma inmediata”, dijo por su parte Erika Guevara Rosas, directora para América en AI.
Acnudh considera que la actuación del Ministerio Público “no se rigió por el principio de objetividad, e incumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados”.
Las decisión de prisión preventiva, y luego la de culpabilidad, “presentan indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación, lo que se traduce en violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial”, se indicó.
“La causa de Guapinol no es solamente la causa de los ocho defensores, ni de la comunidad de Guapinol, es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas”, sostuvo Albaladejo.
Guevara Rosas consideró “muy grave” que “a pesar de la falta de diligencia en las investigaciones por parte del Ministerio Público, seis de los presos de conciencia de Guapinol tengan que enfrentarse a una condena de prisión”.
Insistió en que los defensores “son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada, derivada únicamente de sus actividades de defensa legítima del derecho al agua y a un medio ambiente sano en Honduras”.
“Las autoridades hondureñas deben dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y hostigar a las personas defensoras de derechos humanos”, recalcó.
En sucesivas declaraciones desde el año pasado, la relatora especial sobre los defensores de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, planteó que Honduras “debe redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos en el país”.
“Un primer paso sería poner en libertad a los defensores de Guapinol”, ha sostenido Lawlor ante el Consejo, del que Honduras es uno de sus 47 integrantes.
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