GINEBRA – Líderes autocráticos del mundo se enfrentaron en 2021 a una importante reacción de sus pueblos, incluidos los de América Latina, donde se registran retrocesos en materia de derechos humanos, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar este jueves 13 su informe anual.
“Desde Cuba hasta Hong Kong, el pueblo salió a las calles exigiendo democracia cuando los gobernantes que no rinden cuentas priorizaron, como de costumbre, sus propios intereses sobre los de sus ciudadanos”, dijo al presentar el informe en esta ciudad suiza Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
Roth cuestionó la idea convencional de que la autocracia está en auge y la democracia en declive, aunque admitió que “la democracia solo florecerá en la contienda con la autocracia si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales”.
En sus 752 páginas, el informe anual número 32 de HRW examina la situación de los derechos humanos a lo largo de 2021 en el centenar de países en los que trabaja.
América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, señaló hoy HRW en la presentación del Informe Mundial 2022.
En el caso de América Latina, HRW detectó un “alarmante retroceso de las libertades fundamentales”, lo cual “nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, según Tamara Taraciuk, directora interina para el hemisferio en la organización humanitaria.
“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, dijo Taraciuk.
“Líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”: Tamara Taraciuk.
El informe criticó en primer lugar a La Habana, Managua y Caracas, y señaló que “el gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno”.
En Nicaragua, “las elecciones de noviembre se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas” y el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, así como a otro centenar de personas críticas, según recordó el informe.
Respecto de Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación “sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la gestión de (el presidente desde 2013) Nicolás Maduro”, y, en el marco de elecciones regionales, HRW “ha denunciado la arremetida contra opositores”.
El informe sostiene que en general en la región “hubo intentos reiterados de debilitar el estado de derecho por líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente”.
Así, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, “un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral”.
Recordó además que en Brasil “la policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha y cerca de 80 % de las víctimas fueron personas negras”.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador “continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos”.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura “reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces”.
En Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales.
La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones civiles y las oportunidades económicas son escasas.
HRW recordó que, según informes de las Naciones Unidas, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, y “el gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos”.
En Haití, la pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba el país, así como la violencia que ejercen las pandillas, “que muchas veces tienen nexos con actores estatales”.
El informe también señala que algunos gobiernos han usado la pandemia como pretexto para violar derechos, que como resultado en muchos países los niños y niñas enfrentan obstáculos para acceder a la educación, y que continúa un fuerte flujo de migrantes, destacando el caso de los seis millones de venezolanos.
Roth dijo que la covid “puso de manifiesto una tendencia egoísta, ya que muchos líderes autócratas restan importancia a la pandemia, dan la espalda a las pruebas científicas, difunden información falsa y no adoptan medidas fundamentales para proteger la salud y la vida de los ciudadanos”.
El informe también incluyó evaluaciones de las políticas climáticas de los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, así como de más de una decena de otros países en los que se han producido importantes avances políticos relacionados con la crisis climática.
Esa crisis “supone una grave amenaza para la humanidad y, sin embargo, los líderes democráticos se limitan a tocar el problema de refilón, aparentemente incapaces de superar los enfoques nacionales y los intereses creados para dar los pasos necesarios que eviten consecuencias catastróficas”, destacó Roth.
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