NACIONES UNIDAS – Colombia tiene que fortalecer la presencia del Estado en su oriental departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, dijo este jueves 20 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el representante especial del secretario general de la organización en el país sudamericano, Carlos Ruiz Massieu.
Recientes choques armados entre fuerzas irregulares en Arauca, que dejaron más de 20 muertos, así como heridos y numerosos desplazados, “agravó sensiblemente la situación de seguridad y es otra muestra de la urgencia de fortalecer la presencia integral del Estado” en esa región fronteriza, dijo Ruiz Massieu.
Los enfrentamientos, por el control de territorio clave para actividades ilícitas según la prensa colombiana, fueron protagonizadas por dos formaciones guerrilleras, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre el miércoles 19 y este jueves hubo dos nuevos hechos violentos. Un coche-bomba explotó en la ciudad de Saravena (Arauca), dejando una persona muerta y cinco heridas, además de un ataque contra una patrulla militar en el noroccidental departamento de Antioquia.
Ruiz Massieu, también jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, deploró esos hechos al presentar ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral correspondiente a su mandato.
“Hechos como el reciente asesinato de Breiner Cucuñame, un menor indígena ambientalista miembro de la guardia indígena del Cauca (suroeste), deben llamar a actuar colectivamente para detener esta violencia sin sentido”, dijo Ruiz Massieu.
Este llamado “tiene una particular relevancia en un año en el que el país enfrenta el reto de llevar a cabo elecciones pacíficas y participativas”.
En marzo, los colombianos votarán por un Congreso que incluirá por primera vez representantes de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, una “oportunidad histórica”, que debe “ser protegida”, según Ruiz Massieu.
“La reincorporación política está en el centro del proceso de paz. Como votantes, miembros de partido, mandatarios en cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y las mujeres que han dejado las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana”, expuso el representante de la ONU.
El 29 de mayo Colombia debe elegir un nuevo presidente para el cuatrienio 2022-2026, con una posible segunda vuelta el 19 de junio.
La Misión de Verificación de la ONU funciona con base en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, que durante medio siglo fue la mayor guerrilla del país y de la cual se desmovilizaron la inmensa mayoría de sus combatientes.
Ruiz Massieu dijo que “una mayor implementación de las disposiciones sobre garantías de seguridad del Acuerdo es fundamental para estas elecciones, especialmente en las regiones priorizadas para su implementación que, lamentablemente, siguen siendo golpeadas por la violencia”.
Centenares de excombatientes, activistas y líderes sociales, indígenas y comunitarios han sido asesinados en los cinco años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz.
Pero también “durante los últimos cinco años, la reincorporación socioeconómica de los más de 13 000 excombatientes acreditados ha avanzado mediante un gran número de iniciativas”, expuso el funcionario de la ONU.
Sostuvo que “para los excombatientes asentados en áreas de reincorporación (a la vida civil) es necesario acelerar el acceso a la tierra y a la vivienda, para que sus esfuerzos puedan prosperar, incluyendo su trabajo conjunto con las comunidades locales, que es tan importante para la reconciliación a largo plazo”.
Agregó que “las iniciativas emprendidas por los excombatientes y las comunidades locales son blanco de los actores armados ilegales que ven la implementación del Acuerdo como una amenaza a sus intereses ilícitos”, por lo que se requiere, en general, intensificar la presencia y acción del Estado en las áreas críticas.
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