LA HABANA – El gobierno evitó que cuajaran las marchas opositoras convocadas para el lunes 15 en varias ciudades de Cuba, aunque sus factores detonantes persisten y entrañan desafíos y déficits para la institucionalidad en cuanto a la gestión de conflictos internos.
El mismo lunes, el país insular reabrió sus fronteras y con ellas la posibilidad de reactivar el estratégico sector del turismo, golpeado por las sanciones estadounidenses y la covid-19, y se completó el reinicio escalonado de las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza, con la incorporación de 700 000 alumnos de la educación primaria.
IPS apreció calma en un recorrido la tarde del lunes por zonas de La Habana, incluido el emblemático Paseo del Prado, desde donde debía partir la manifestación en la capital.
También corroboró un incremento importante de la presencia de uniformados en las principales arterias viales, al igual que agentes vestidos de civil apostados en parques y otros espacios.
“Allá los que crearon fuera de Cuba otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta… El guion no ha sido bueno, y la puesta en escena ha sido peor”, valoró el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una alocución desde la cancillería.
El jefe de la diplomacia cubana insistió en sus denuncias sobre el apoyo de la administración del presidente estadounidense Joe Biden a manifestaciones callejeras y las apelaciones de sus funcionarios y voceros para que la gente de este país “haga lo que no quiere hacer”.
“Los problemas urgentes hacia lo interno… se centran en la distribución de productos de primera necesidad en pesos cubanos, que además de insuficiente, es desorganizada y con una evidente falta de transparencia que propicia la corrupción”: Rubén Padrón.
Promotores de la marcha, periodistas independientes, activistas y ciudadanos que apoyaron la convocatoria comentaron en redes sociales haber recibido advertencias para evitar sumarse a la actividad, o bien deploraron la retención en sus domicilios, cortes de las comunicaciones, así como actos de hostigamiento con consignas por partidarios del gobierno en los alrededores de sus viviendas.
Partidarios de la convocatoria insistieron en su derecho a efectuar la denominada Marcha Cívica por el Cambio en La Habana y otras ciudades, si bien los gobiernos municipales la consideraron “ilícita” y la Fiscalía advirtió que los participantes incurrirían en los delitos de desobediencia e instigación a delinquir.
El artículo 56 de la Constitución reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.
La marcha, de acuerdo con sus enunciados, reclamaría respeto a los derechos de todos los cubanos, la liberación de presos políticos y detenidos durante las protestas del 11 de julio “y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
Para el gobierno se trató de una “operación político-comunicacional” organizada “desde centros de poder en Estados Unidos” para impulsar un “cambio de régimen” y destruir el orden constitucional que pauta como “irrevocable” el sistema político socialista proclamado en 1961.
Miembros de la administración de Biden instaron al gobierno de La Habana a permitir la marcha, mientras reiteraron que Washington podría adoptar sanciones adicionales si se violaban los derechos humanos de los manifestantes.
El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel recordó que tales amenazas chocan contra la soberanía nacional y remarcó que la permanencia del embargo estadounidense vigente desde 1962 induce privaciones en la población cubana para generar un estallido social.
“La injerencia estadounidense ha probado una vez más todo lo negativo que ha sido y es para la política cubana. Derrotar al bloqueo estadounidense y sus cubanos favoritos es crucial para una construcción de derechos humanos”, afirmó a IPS el politólogo cubano Arturo López-Levy.
Una declaración del Centro para la Democracia en las Américas instó el mismo lunes 15 a la Casa Blanca a “levantar las sanciones que agravan la situación humanitaria y económica de Cuba y contribuyen al sufrimiento innecesario del pueblo cubano”.
La entidad con sede en Washington y favorable a mejores vínculos bilaterales subrayó que “Estados Unidos no puede emitir llamados a un diálogo nacional dentro de Cuba, mientras se niega a entablar un diálogo con Cuba”.
Tras el breve acercamiento entre La Habana y Washington de diciembre de 2014 a enero de 2017, la administración del presidente Donald Trump (2017- ene 2021) retomó la política de línea dura y aplicó más de 200 medidas punitivas, algunas de ellas durante la pandemia, con impactos negativos en las familias y el joven sector privado cubano.
Manejar las diferencias
Con la expansión de internet son cada vez más visibles las muestras de disenso político en este país de 11,2 millones de habitantes donde el Partido Comunista es el único legal.
Los bajos ritmos de crecimiento de la economía en los últimos años y la contracción de 13 por ciento del PIB de 2020 y hasta el 30 de septiembre, han influido en el aumento de vulnerabilidades y la precarización de la vida de sectores sociales, estiman analistas.
Más allá de factores externos como el embargo, “los problemas urgentes hacia lo interno… se centran en la distribución de productos de primera necesidad en pesos cubanos, que además de insuficiente, es desorganizada y con una evidente falta de transparencia que propicia la corrupción”, opinó en diálogo con IPS el comunicador social Rubén Padrón.
A ello se suma una tasa cambiante del mercado informal de divisas “sobre la cual el Estado no ejerce ningún control y que está definiendo el precio de varios de los productos de primera necesidad en el único mercado mínimamente abastecido”, agregó el también maestrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Padrón se refiere a los comercios con alimentos e insumos, creados desde fines de 2019, donde pueden comprar quienes posean tarjetas magnéticas respaldadas por divisas extranjeras depositadas en el banco.
Según las autoridades, se trata de un mecanismo de recaudación para suministrar luego con algunos productos los comercios donde acude la mayor parte de la población, y cuyos salarios e ingresos son únicamente en pesos cubanos.
El reordenamiento monetario iniciado en enero, que entre otras acciones incrementó precios mayoristas y minoristas, suprimió un conjunto de subsidios, aumentó las tarifas de los servicios y elevó salarios y pensiones, coincidió con un desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.
La combinación de tales factores en un contexto de pandemia y fortalecimiento del embargo disparó la inflación por encima de 60 por ciento, y con precios siete a 10 veces superiores a los oficiales que disminuyen el poder adquisitivo de numerosas familias, algo reconocido por el propio gobierno.
En ese contexto, “cualquier liderazgo inconforme -espontáneo, alentado o construido- puede ganar terreno fácilmente en un sector de la población que no se siente representado por ninguna otra organización o actor político”, reflexionó Padrón.
También le pueden interesar:
Cuba y EEUU ahondan su diferendo político ante nueva protesta
Cuba necesita políticas antiinflacionarias para mitigar inequidades
Los desafíos económicos para Cuba en la normalidad poscovid
El 11 de noviembre, un mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba exhortó a “implementar mecanismos donde, sin temor a intimidación y represalias, toda persona pueda ser escuchada y se encaucen las insatisfacciones ante las duras realidades cotidianas que agobian a tantos, especialmente a los más empobrecidos y vulnerables”.
Para López-Levy, en Cuba “se necesitan leyes específicas que regulen la asociación y el derecho a la protesta tan abiertos como sea posible, a pesar del asedio que vive el país”.
El cronograma legislativo prevé para diciembre de 2022 la aprobación de una Ley de Asociaciones, mientras sigue pendiente el decreto-ley sobre los derechos de manifestación y reunión.
“Los amarres patrióticos y de defensa de la seguridad nacional que reduzcan los márgenes de castigo a actores no comprometidos con la soberanía nacional deben funcionar desde lo legal e institucional, no desde la discrecionalidad ejecutiva”, sostuvo el profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California.
El experto argumentó que otro cambio paradigmático para el gobierno y la sociedad cubana estarían en diferenciar entre “disenso, oposición leal y la apostasía de apoyar, aceptar o recibir financiamiento desde las legislaciones que sustentan el bloqueo estadounidense contra Cuba”.
“Si la actitud de todos ante la traición a la nación debe ser de condena, el disenso y la oposición leal deben ser tratados con respeto, manejando las diferencias desde la persuasión y el uso de las leyes por canales institucionales”, resumió López-Levy.
ED: EG
