CARACAS – En Maracay, es fácil comprar leña. También obtenerla por uno mismo. Conocida como la ciudad jarín de Venezuela, que se ubica a unos 120 kilómetros de Caracas y se levanta a los pies del megadiverso Parque Nacional Henri Pittier, en el norte costero del país, está llena de árboles: copas frondosas pueblan sus avenidas, urbanizaciones y parques; su céntrica Plaza Bolívar es un jardín.
Sin embargo, durante los últimos tres años, esta extensa vegetación urbana ha cumplido una nueva función: suplir las necesidades de combustible de los ciudadanos ante la agudizada escasez de gas doméstico y las fallas eléctricas. Algunos, incluso, han hecho expendios informales ante la creciente demanda.
Cada paquete de leña se cotiza a entre uno y tres dólares. Y la venta no se hace a escondidas, a pesar de violar varias normas nacionales y municipales.
Uno de los puestos está a pocos metros de la entrada del Parque Metropolitano, donde se aloja un parque acuático tras una concesión entregada sin mucha claridad a empresarios privados. Otro se ubica en la Avenida 19 de Abril, cerca del estatal Museo Aeronáutico, la Casa de la Cultura y un bazar municipal. Todo a plena luz del día en la vía pública.
Deforestación urbana
¿Cómo se obtiene la leña? “He visto dos prácticas recurrentes”, afirma Enrique García, ambientalista al frente de la iniciativa ciudadana Sembramos Todos, quien ha documentado la deforestación urbana en Maracay.
La primera es aprovechar las talas realizadas por la Alcaldía para llevarse ramas y desechos, y hacer con ello paquetes de leña. La segunda es más perversa con el ambiente: colocar basura en la base del árbol, quemarla y a los pocos días derribarlo fácilmente sin usar hachas ni similares. “Se secan las raíces y basta un empujón”, detalla el especialista.
Una práctica menos común, pero igualmente nociva, es el “anillado”. García lo describe como un collar metálico que colocan alrededor del tronco para cortar el fluido de la savia, matando al árbol en pocos días.
El valor de la leña es considerablemente alto para el salario mínimo oficial que equivale a menos de un dólar mensual, así como para el estimado de 20 a 50 dólares mensuales de ingreso informal por familia.
Sin embargo, para muchos, es una opción preferible a la de esperar meses por un cilindro de gas o aceptar el precio de hasta 30 dólares que estipulan algunos servicios privados de facto, mientras el oficial, altamente subsidiado, es menor a un dólar.
Datos ocultos
A diferencia de la tala y venta ilegal, el impacto de este negocio de supervivencia sí está encubierto. Por años, el Gobierno venezolano ha ocultado las cifras oficiales sobre deforestación, calidad del aire, generación y gestión de basura, o afecciones respiratorias. También se omiten o esconden datos sobre salud, economía o violencia.
Esta carencia estadística ha sido suplida por diversos centros de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, que han elaborado sus propias bases de datos con las limitaciones propias de la falta de recursos económicos y de reconocimiento estatal. Estas mediciones se han convertido en estándares para la sociedad civil y los medios de comunicación.
Así, para analizar la extensión del uso de leña y sus potenciales impactos sobre las áreas naturales de Venezuela, siete investigadores acopiaron 79 reportes de 21 de las 24 entidades del país, incluyendo datos de nueve capitales de Estado. El resultado fue un estudio cualitativo publicado en septiembre de 2020.
Sin gas para cocinar
Los científicos pudieron inferir que la leña constituye el principal sustituto al gas doméstico y las cocinas eléctricas. En 91 % de los municipios analizados, se la incorporó como combustible. La espera por un cilindro de gas doméstico puede ser de días, semanas o más. Incluso, se han reportado escasez por encima de los seis meses.
En siete municipios, de acuerdo a los testimonios, la leña es la principal opción ante esta carencia. Un ejemplo es Bolívar de Trujillo, donde 80 % de la población cocina con este recurso.
“Pensamos que sería similar a la problemática del agua, que inició con reportes de algunas comunidades hasta llegar a la actual situación de escasez nacional. Pero, nuevos reportes después de publicar nos mostraron que nos quedamos cortos. El consumo de leña está aumentando demasiado rápido”, expone Alejandro Luy, gerente General de la ONG Tierra Viva y parte del grupo de investigadores.
Entre abril y mayo de 2020, 93,2 % de los hogares recibía servicio de gas doméstico, de acuerdo a un estudio realizado en 10 ciudades por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), un ente no estatal. Cuando este falla, la leña es el segundo recurso más utilizado para cocinar (33,2%), después de los aparatos eléctricos. En Barinas (52,2 %), Ciudad Bolívar (48,3 %) y Porlamar (44,9 %), la leña es el sustituto principal.
En un sondeo realizado más tarde ese mismo año, en octubre y noviembre, el servicio de gas había empeorado para 80 % de los consultados. Si bien no se brindaron datos sobre consumo de leña, sí se detalló que el número de hogares con servicio de gas había caído a 87,6 % tras agregarse dos ciudades más.
Isla de Margarita, en peligro
Todavía no se ha podido cuantificar la magnitud de la deforestación, ni su ubicación, producto de esta situación, pero se observan “señales de alerta” respecto de su propagación, indica el biólogo Carlos Peláez, especializado en cambio climático y miembro de la ONG Provita, quien también participó en la investigación sobre el uso de la leña.
Para él, el temor de que en Venezuela se emule un caso como el de Haití, donde se ha eliminado casi la totalidad del área boscosa, no es infundado. Sin embargo, el mayor tamaño del país, su más rica biodiversidad y hasta la mejora temporal o parcial de la distribución de gas doméstico podrían matizar o evitar estas circunstancias extremas.
Aún así, Peláez subraya que debe seguirse monitoreando, ya que hay zonas especialmente vulnerables. Entre ellas, los bosques de la isla de Margarita, situada a unos 40 kilómetros de la costa noroccidental, donde hay antecedentes de los impactos de la deforestación. Incluso, un artículo de la bióloga Sabina Caula alerta sobre el peligro de volver allí a la leña, como se hacía cinco décadas atrás.
Un agravante de este riesgo es la promoción de su uso que, en agosto de 2020, hizo el geógrafo Dante Rivas, exministro de Ambiente y actual “protector del Estado Nueva Esparta”, un cargo creado por el presidente Nicolás Maduro después del triunfo de la oposición en las elecciones regionales de la entidad insular.
Rivas felicitó a los margariteños por su creatividad en utilizar la leña en “unos fogones u hornillas hechas con restos de tuberías”, tras recomendar su empleo “para ahorrar gas doméstico” en la cocción de leguminosas y otros alimentos que requieren de más tiempo sobre el fuego. Incluso propuso que la distribuiría de manera oficial como “resistencia al bloqueo” en referencia a las sanciones petroleras impuestas por los Estados Unidos.
El miedo a los efectos de una oleada de deforestación también tiene sustento en que Porlamar, la tercera ciudad que más usa leña en Venezuela, según el Observatorio Nacional de Servicios Públicos, queda en la isla.
Cambios drásticos
Caula no solo recuerda la experiencia haitiana, sino además un informe de la deforestación por consumo de leña en Margarita en 1949. La situación cambió drásticamente, primero, con la nacionalización del petróleo y, más tarde, con la promoción del turismo y el comercio sin impuestos en la llamada “Perla del Caribe”.
El subsecuente abandono de los pequeños huertos y la alfarería artesanal permitió la recuperación de la vegetación en sus montañas. Esto fue acompañado de un rápido crecimiento urbano, que dejó hábitats fragmentados y la pérdida de 36 % de los bosques secos por la explotación de arena para construcción.
Con una población que se sextuplicó, advierte la bióloga, el regreso generalizado del uso de la leña podría tener consecuencias devastadoras. Entre ellas, un aumento de los deslaves por lluvias torrenciales, un incremento de las ya altas temperaturas y una disminución en los servicios ambientales, como la producción de la escasa agua dulce que baja por las montañas pobladas de vegetación xerófila.
La experta alerta, a su vez, sobre una mayor destrucción de los manglares, asediados por los cambios hidrológicos derivados del aumento de infraestructura asociado al crecimiento demográfico. Esto implicaría perder áreas de reproducción, resguardo y alimentación de especies de peces, moluscos y crustáceos de alto valor económico y turístico, esenciales para el modo de vida de los habitantes de Margarita.
Bajo estas circunstancias, se podrían producir micro-escenarios locales al estilo Haití en lugar de una deforestación generalizada en todo el país, apunta Peláez, de Provita.
Graves consecuencias a la vista
La deforestación ya está dejando graves consecuencias. Y no solo en la isla de Margarita.
A mediados de septiembre de 2020, en un municipio vecino a Maracay, durante días de lluvias por encima de la media histórica, se produjo un alud de barro, escombros y piedras que causó cientos de damnificados y millonarias pérdidas materiales. La administración Maduro aprobó 1,2 millones de dólares para las reparaciones.
Entre las causas del desastre se señaló a los incendios forestales que cada año azotan al Parque Nacional Henri Pittier y que son pobremente atendidos por bomberos sin recursos.
Dos años antes, Mongabay ya había reportado importantes amenazas a la biodiversidad en el interior del país por incendios provocados y deforestación para abrir huertos por escasez de alimentos en Yaracuy y Mérida, con poca o nula acción gubernamental. A ello se suma la destrucción de bosques en el céntrico estado Carabobo por el inesperado hallazgo de oro, una actividad a la que se han volcado comunidades enteras por la profunda crisis económica que ya cumple siete años.
Más recientemente, el medio digital local Crónica Uno denunció la tala en parques nacionales en el sur boscoso, al tiempo que advirtió que la proliferación de cocinas y dispositivos eléctricos para suplir el gas ha causado una sobrecarga de los transformadores que sirven a las comunidades, produciendo un aumento en las muy frecuentes fallas eléctricas. Así, usar electricidad en vez de gas termina alimentando el círculo vicioso que hace cada vez más necesaria la leña.
Entre 4 y 4,5 millones de familias están afectadas por el déficit de gas doméstico en Venezuela, señala el reporte, citando datos del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Y la población que recurre a la leña saltó de 4 % a 60 % en los últimos meses de 2020 ante la escasez de cilindros, otra de las nuevas falencias de la industria.
Desde Maracay, Enrique García también alerta sobre los peligros de usar ciertos tipos de madera para reemplazar el gas. “Quemar ramas de mango o jabillo, muy comunes en la ciudad, producen gases de una toxicidad más alta que la de otras especies, incluso mucho más que las advertencias de elementos desprendidos por la combustión de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explica.
Y agrega que, ante sus publicaciones en redes sociales sobre la toxicidad de ciertas especies, recibe demasiadas preguntas sobre cuáles sí usar. “La vegetación urbana no alcanza para cubrir la demanda de cientos de miles de personas en la ciudad. Están en peligro todos los árboles”, indica.
El origen de la crisis
La escasez de gas doméstico se registra desde al menos 2017. La falta de producción está relacionada con el colapso progresivo de la industria petrolera. Para noviembre de 2020, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apenas bombeaba 350 000 barriles al día —principalmente, gracias a las empresas mixtas que conformó con varias firmas de los Estados Unidos, Europa, China y Rusia—, muy lejos de los 3,2 millones de barriles diarios de 2008, que permitieron al entonces presidente Hugo Chávez una inmensa bonanza.
Desde 2014, la caída del precio del petróleo expuso las consecuencias de la desprofesionalización y el abandono de la industria. A partir de ese año, el segundo de la administración de Nicolás Maduro, se redujeron progresivamente las actividades de exploración, extracción y refinación, llevando a la actual escasez de gas doméstico y gasolina. Esto ha producido, al mismo tiempo, un aumento en los apagones por escasez de combustibles para las decenas de termoeléctricas instaladas en distintas regiones del país.
La estatización del gas fue el inicio de la crisis de este combustible. En 2007, Chávez, quien gobernó el país entre 1999 y hasta poco antes de su muerte en 2013, anunció la creación de PDVSA Gas Comunal, que nacionalizó y centralizó en una sola empresa a la mayoría de las distribuidoras privadas, casi todas pequeñas o medianas. Años de burocracia y pérdidas económicas se fueron acumulando.
De acuerdo a sindicalistas y otras fuentes de la industria, solo hay 20 % de los cilindros de gas doméstico que se necesitan. Y estos no solo están mayoritariamente en mal estado, sino que no cumplen estándares de calidad ni de seguridad. También se han dejado de fabricar.
Ahora, hay fallas en la extracción, procesamiento, producción, transporte y llenado del combustible, según La guerra del gas de Crónica Uno. La infraestructura necesaria está casi totalmente paralizada, a pesar de tener más de 5000 millones de metros cúbicos de reservas probadas.
Tanto gas desperdiciado
Irónicamente, en Venezuela también se registra un excedente de gas asociado a la extracción petrolera, que, en lugar de ser aprovechado, termina siendo quemado en “mechurrios”, unas altas torres de combustión similares a chimeneas. Es un proceso llamado “gas flaring” que contribuye de forma importante al cambio climático, puesto que el gas natural contiene metano, cuyo potencial de calentamiento global es 86 veces mayor al dióxido de carbono (CO2) en sus primeros 20 años en la atmósfera.
Tanto gas es desperdiciado en Venezuela de esta forma que, en una instalación petrolera ubicada en el pueblo Punta de Mata, en el este del país, está el mayor foco de gas flaring del mundo.
Esto no es solo una curiosidad. El portal especializado Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR) revela que, en 2019, se quemaron 9,5 millones de metros cúbicos de gas natural en Venezuela, lo que lo convierte en el quinto del mundo detrás de Rusia, Iraq, Estados Unidos e Irán, que poseen producciones petroleras muchísimo mayores.
Las estadísticas también ubican al país en el tercer puesto del globo, sólo superado por Ecuador y Camerún, en “intensidad de quemado”, que mide el gas desperdiciado en comparación con la producción petrolera.
Tormenta perfecta de destrucción
La tala por leña no es la principal fuente de deforestación, pero añade un ingrediente a la múltiple amenaza sobre los bosques venezolanos. La pérdida de cobertura boscosa por el avance de la minería, los incendios forestales y la agricultura itinerante alcanzó las 1,9 millones de hectáreas entre 2001 y 2018, detalló la bióloga Tina Oliveira de la ONG Wataniba en un evento del Observatorio de Ecología Política.
Según el Global Forest Watch, en 2019, se sumaron otras 141 000 hectáreas de bosques perdidos. Es una tendencia alcista: el año anterior, se habían perdido 122 000 hectáreas, y ahora se agrega la tala urbana por leña.
El giro fundamental fue la nacionalización de la industria aurífera en 2011 por parte de Chávez. Entonces las mafias, guerrillas procedentes de Colombia y malaria se apoderaron de áreas en las que antes había una explotación controlada. Etnocidio, esclavitud, contaminación por mercurio y una tormenta perfecta de destrucción ambiental se ciñó sobre el sur de Venezuela, donde también se encuentran los milenarios tepuyes y la cascada más alta del mundo.
Una nueva amenaza surgió sobre este sur amazónico del país con nuevas concesiones mineras entregadas cinco años después para la extracción de oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco.
Empresas extranjeras obtuvieron espacios de explotación en 111 843 kilómetros cuadrados, una extensión superior al territorio de Portugal y equivalente al de Cuba. En una movida de relaciones públicas, el Gobierno creó el Parque Nacional Caura, criticado por ser “de papel”, y el Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero.
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Estas concesiones están rodeadas por tierras indígenas y el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural por la Unesco, así como por las principales fuentes de agua y potencial hidroeléctrico del país, responsable de 85 % de su electricidad.
“Al norte del Orinoco, siempre ha habido muchísima más [deforestación], porque allí se ubica casi el 60% de la población. Allí, casi todos los bosques han desaparecido. Cuando se reportaban estos datos a FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Venezuela siempre estaba en el top 10 del mundo”, describe Oliveira, cuya ONG Wataniba, junto con Provita, son los socios venezolanos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
RAISG y la iniciativa comunicacional InfoAmazonia han publicado anualmente mapas, estudios y reportajes para brindar detalles sobre la deforestación, la minería ilegal y el estado de los ecosistemas en los nueve países que conforman la llamada Panamazonia.
En el caso de Venezuela, sus estadísticas e informes sustituyen el silencio oficial. Entre los datos, se destaca que el país posee más de 2000 puntos mineros, con presencia en varios parques nacionales, áreas protegidas y tierras indígenas. “En el sur, no se nota tanto el ritmo de deforestación porque hay mucho bosque. Pero, la tasa está subiendo rápidamente”, detalla.
Megadiversidad
Venezuela es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Y sus bosques son de altísima importancia biológica. No solo porque es la cabecera norte de la Panamazonia, conectando la cuenca hidrográfica con el mar Caribe en la desembocadura del delta del Orinoco. También, porque es el quinto país con más especies de árboles del mundo: cuenta con 4879, de acuerdo al informe Estado de los Bosques del Mundo 2020, de FAO.
Desestimar la importancia del equilibrio ecológico y los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas parece arriesgado. Una sequía extrema durante los primeros cinco meses de 2020, que extendió la temporada de incendios forestales que inician a mediados de enero, convirtió a este en el año que registró la mayor cantidad de alertas de incendio satelitales VIIRS desde 2012. Voraces fuegos arrasaron con miles de hectáreas en áreas protegidas por todo el país.
En definitiva, los venezolanos están perdiendo sus bosques, en el marco de una aguda crisis económica, política, social y ambiental, en una lucha por sobrevivir.
Ante la necesidad, algunos talaron para sembrar alimentos, luego para buscar oro y ahora para una actividad aún más básica: cocinar. El incumplimiento de las normas, en medio de la desesperación, no encuentra referentes éticos.
Desde el gobierno central no solo se promueve o ignora la tala indiscriminada, sino que oficialmente se emprende una feroz y descontrolada explotación de las áreas naturales en medio de la opacidad y el encubrimiento.
Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que IPS forma parte.
RV: EG
