SAN SALVADOR – La agonía que María Estela Guevara siente por la desaparición de su sobrina Wendy Martínez, permanece tan intensa como hace cuatro años, cuando supo que la joven, por entonces de 31 años, se esfumó sin dejar rastro, en el este de El Salvador.
“Todavía siento el mismo dolor, yo quiero saber que ha pasado con ella”, dijo a IPS entre sollozos Guevara, de 64 años, quien siempre ha considerado a Wendy como su hija, porque la crio desde muy pequeña, tras quedarse huérfana.
El drama que vive Guevara es el mismo por el que pasan cientos de familias en El Salvador que han perdido a parientes que, de la noche a la mañana, ya no volvieron a su casa y dejaron de comunicarse.
Al menos 2383 denuncias de personas desaparecidas fueron reportadas en 2019, contra 2457 en el 2018, según el informe Desaparición de personas en El Salvador, publicado en abril por la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El documento cubrió el periodo 2014-2019.
El fenómeno también se ha venido dando, por años, en un contexto político altamente polarizado en el que los gobiernos de turno han querido minimizar el fenómeno para mostrar que están combatiendo eficientemente al crimen, y la oposición política ha buscado resaltarlo.
Un duelo que nunca acaba
Wendy desapareció el 30 de septiembre de 2017, en San Miguel, la capital del oriental departamento homónimo. Estaba aprendiendo cosmetología y ese día salió a las 7:00 de la mañana a peinar a unas personas.
“Dijo que iba a regresar a las 11:00 de la mañana, a darle de comer a su hija, de nueve años, pero ya no volvió”, contó Guevara. “Le estuve llamando hasta las 12 de la noche, y no me contestó”, recordó.
Desapariciones que vienen de lejos
El fenómeno de las personas desaparecidas no es nuevo en este país centroamericano que vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992, y que dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos.
Tras el fin del conflicto, El Salvador ha vivido una vorágine de violencia que, en su mayor parte, ha sido protagonizada por los grupos de pandillas que con el tiempo fueron mutando a verdaderas organizaciones criminales que controlan trozos importantes de territorio en un país de 6,7 millones de habitantes y marcado por la pobreza.
Las pandillas han estado históricamente detrás de muchos de los casos de personas desaparecidas, en un intento por no dejar evidencias de sus crímenes, estimaron analistas consultados por IPS, pero sin descartar la participación de otros actores en años recientes.
“Ciertamente hay una alta probabilidad de que este patrón (de pandillas) se mantenga”, afirmó a IPS la abogada Zaida Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad, de Cristosal, una oenegé que trabaja en la defensa de los derechos humanos en América Central.
Y agregó: “Pero las desapariciones son también resultado de ejecuciones por feminicidios o en caso de feminicidios, y ejecuciones por crimen organizado que no necesariamente son pandillas, y también por rencillas personales”.
Uno de esos últimos feminicidios es el sonado caso de la joven María Flor García, de 33 años, que se mantenía desaparecida desde el 16 de marzo.
Su esposo, Joel Valle, reportó ese día a las autoridades la desaparición de Flor María, quien, según él, había salido temprano de casa, en Cojutepeque, municipio del central departamento de Cuscatlán, hacia la capital del país, San Salvador.
Según la versión de Valle, un odontólogo, María Flor había ido en busca de materiales para la clínica odontológica en la que ambos trabajaban, ella como asistente de su pareja.
Pero en un giro del caso, las autoridades detuvieron a Valle el 25 de junio, al considerarlo el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, y lo acusaron del delito de desaparición de personas.
“Siempre dudamos de él, nosotros como familia de Flor, sabíamos que ella sufría de violencia sicológica y económica en su hogar”, dijo a IPS el hermano de ella, Jorge García, días después de la captura.
Añadió: “Nos causó extrañeza que el día que ella desapareció, él, Joel, solo nos envió un mensaje por WhatsApp, como a las 7:00 de la noche, preguntando si ella no estaba con nosotros, en Sonsonate”, ciudad donde la mujer era originaria, en el oeste de El Salvador, y donde aún viven los familiares.
Las autoridades encontraron el 29 de junio los restos de Flor María en un predio baldío a la orilla de la carretera en las cercanías de Cojutepeque, debajo de toneladas de tierra y ripio.
El delito va a ser cambiado de desaparición de personas a feminicidio, dijeron las autoridades.
“Tuve que haberle advertido a mi hermana, haberle exigido, que lo abandonara cuando se dieron esos casos de violencia sicológica y económica”, e incluso física, añadió García.
La familia de Flor María, y sin que ello sea un consuelo, podrá sepultarla según su tradición religiosa, y comenzar el proceso de duelo.
Pero muchas otras familias no pueden cerrar ese ciclo, mientras sus parientes sigan en calidad de desaparecidos.
El baile de los números
Dada la crispada relación que mantienen el gobierno de Nayib Bukele y sus opositores políticos, el tema de las personas desaparecidas nuevamente ha adquirido relevancia nacional, con el presidente defendiendo su programa de seguridad Plan de Control Territorial, como artífice del abatimiento del crimen.
Sin embargo, los opositores remarcan que, si bien ese es un hecho, los casos de personas desaparecidas, por el contrario, van en aumento.
Según cifras del gobierno, los homicidios han tenido una reducción significativa desde que Bukele asumió el Poder Ejecutivo, en junio de 2019 y puso a andar ese plan.
Para entonces, al llegar al gobierno, en el país había 50 asesinatos por cada 100 000 habitantes pero han bajado a 19 por cada 100 000, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en marzo en una entrevista televisiva.
Establecer cuántas son las personas desaparecidas en el país, y si van en alza, a la baja o se mantienen similares al comparar periodos de tiempo, no es una tarea fácil, dijeron analistas consultados por IPS.
Sobre todo porque no hay un censo oficial de casos, sino que hay tres instituciones que manejan cifras a veces similares, a veces muy dispares: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, y cada una maneja sus propios datos a partir de las denuncias recibidas.
“Yo creo que la respuesta más honesta, no sé si la más rigurosa, es que las cifras oficiales permiten concluir que tenemos una realidad parcial, históricamente”, aseguró a IPS el abogado Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Aclaró que no solo se refiere a la administración actual de Bukele, sino que esa ha sido una deficiencia que ha persistido por décadas.
Un reporte de la agencia Efe, en base a cifras oficiales, señaló a finales de mayo que en los primeros cuatro meses del 2021 las denuncias de personas desaparecidas habían aumentado en 112 % en relación al mismo periodo del 2020, al pasar de 196 a 415.
“Es muy complicado poder establecer si a mayor denuncias es que hay mayores casos, porque nos pueden decir el contraargumento: es que ahora la gente está denunciando más porque ven que hay una actuación de las autoridades”, añadió Baulenas.
No obstante señaló: “Ese aumento tan notorio nos permite de una forma indiciaria presumir que efectivamente han aumentado las desapariciones”.
Bukele, por su parte, dijo el 26 de marzo que en la medida que los homicidios se han reducido, los investigadores tienen más capacidad de indagar más y mejor los otros delitos.
“No es lo mismo investigar 40 que tres homicidios diarios”, ha dicho en referencia a la baja en el promedio diario de asesinatos.
Mientras tanto, María Estela Guevara no pierde la esperanza de saber algún día qué le sucedió a Wendy, aquel día de septiembre de 2017.
“La niña de ella ya tiene 13 años, y aún tiene esperanzas de que su mamá regrese a casa, me dice que no quite cosas del cuarto de Wendy, por si regresa”, dijo Guevara con una voz empañada por la tristeza.
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