Ejecuciones de arrestados dentro de un vehículo blindado de la policía o de sus viviendas, traslado de los muertos al hospital para borrar la escena de los asesinatos, torturas e invasión de domicilios componen la última matanza policial que pone en jaque a la democracia en Brasil.
La operación policial que provocó la muerte de 28 personas el 6 de mayo traumatizó en esta ocasión a la favela (barrio pobre y hacinado) de Jacarezinho, con cerca de 40 000 habitantes, en la ciudad de Río de Janeiro.
Repite las frecuentes masacres en comunidades pobres en el área metropolitana carioca, ocurridas en las tres últimas décadas, pero en un contexto inquietante, porque ahora cuenta con el estímulo, o cuanto menos la condescendencia, del Poder Ejecutivo nacional.[pullquote]3[/pullquote]
El presidente Jair Bolsonaro felicitó a la Policía Civil de Río de Janeiro, coherente con la consigna compartida con los escuadrones de la muerte, de que “bandido bueno es el bandido muerto”. Solo lamentó la única víctima policial entre los 28 muertos, de un tiro en la cabeza, al comienzo del operativo.
El vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, justificó la matanza diciendo que “eran todos bandidos», antes de que se supiera siquiera la identidad de los 27 muertos.
Más grave es que “la operación de alta letalidad se hace en franca confrontación con el Supremo Tribunal Federal (STF)”, según destaca Silvia Ramos, doctora en Violencia y Salud y quien coordina la Red de Observatorios de Seguridad, del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de Río de Janeiro.
El 5 de junio de 2020 un juez del STF, Edson Fachin, prohibió operaciones policiales en favelas durante la pandemia de covid-19, admitiéndolas únicamente en situaciones “absolutamente excepcionales”. Su falló atendió una demanda del Partido Socialista Brasileño y de organizaciones sociales.
Pero el gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio de Castro, de extrema derecha, asignó a la Policía Civil, que tiene como función la de apoyo al Poder Judicial, un papel más activo en la seguridad pública. Hasta entonces, las intervenciones en las favelas eran ejecutadas por la Policía Militar, que dispone de tropas especializadas y armas pesadas.
En Brasil, estos dos cuerpos policiales dependen de los gobernadores de los estados.
El nuevo secretario de la Policía Civil del estado, Allan Turnowski, alega que “Río de Janeiro es excepcional” y “parece en franca y explícita disposición de enfrentarse al STF”, apuntó Ramos a IPS.
Esa postura, señaló, ya se había revelado en octubre de 2020, por un ataque en Itaguaí, ciudad vecina al oeste de Río de Janeiro, que dejó 12 muertos. El blanco, según la policía, fue la “narcomilicia” local.
Además, la masacre en Jacarezinho ocurrió 17 días después de que Fachin promoviera una audiencia pública con “más de 60 familiares de víctimas y activistas de los movimientos negro y de favelas” sobre cómo reducir la letalidad policial. Representantes de la policía de Río de Janeiro declinaron participar.
El dictamen de Fachin, respaldado mayoritariamente por los otros jueces del STF, logró reducir las muertes por intervención policial en el estado de Río de Janeiro de 130 en mayo de 2020 hasta 34 en junio y 50 en los meses siguientes. Pero en octubre esa cifra volvió a subir, hasta alcanzar 149 en enero, 147 en febrero y 157 en marzo.
Son datos oficiales, del gubernamental Instituto de Seguridad Pública. En términos anuales, indican una reducción de 31,7 por ciento en la letalidad policial, que pasó de 1814 muertes en 2019 hasta 1239 muertes en 2020.
“Pero en este año crecerá de forma explosiva si nada se hace para contenerla”, advirtió la investigadora de Cesec.
De los 213 millones de habitantes de Brasil, el estado de Río de Janeiro congrega solo a 17 millones, de los que 12,7 residen en el área metropolitana de su capital de habitantes. Pero lo que sucede en la urbe y la región adquiere un valor especial porque la visibilidad emblemática de la ciudad carioca en Brasil y en el mundo.
Una matanza con características especiales
La matanza en Jacarezinho fue la segunda de la historia en cuanto a cantidad de muertos en la región de Río de Janeiro. En 2005 un grupo parapolicial mató 29 personas en dos municipios vecinos de la capital, Nova Iguaçu y Queimados.
Sin embargo, las matanzas, definidas como episodios donde mueren por lo menos tres personas, ocurren por decenas cada mes.
Se dividen en tres tipos, enseña Ramos. Uno cuando involucra bandas criminales, en otro los ejecutores son parapoliciales, que hoy son la mayor fuerza criminal en Río de Janeiro y tienen influencia política, y el tercero se debe a efectivos policiales “con uniformes, armas y vehículos oficiales”.
“Anómalo es que en una operación legal, como la de Jacarezinho, mueran 28 personas. Todo indica que la acción planificada, contra criminales conocidos, fue una operación de alta letalidad que se transformó en descontrolada, de venganza, en medio de una ejecución, al morir un policía”, consideró la científica social.
Usualmente, cuando hay una baja entre los policías, los efectivos se retiran y vuelven otro día para la venganza, explicó ella. En este caso, la reacción fue inmediata y estaría detrás de la cantidad inusual de muertos.
Además justificaría la furia y los atropellos que, al parecer, facilitarán la comprobación de las ejecuciones y otros delitos cometidos por los policías. Muchos testigos aseguran haber presenciado los asesinatos de víctimas indefensas o que ya se habían rendido o incluso estaban detenidos, hay fotos y videos como pruebas.
Por lo menos cuatro de los arrestados presentaron evidentes señales de torturas y pudieron observar las acciones policiales. Fueron incluso obligados a transportar los cadáveres hasta los vehículos.
Los cuerpos y apresados solo fueron presentados el día siguiente y sus identidades solo dos días después, una indicación de que por lo menos una parte no era conocida en los organismos policiales.
También representa un descrédito para la Policía Civil, por el desarrollo de una operación preparada “durante 10 meses de investigación”, como aseguraron las autoridades, según las cuales se trató de cumplir órdenes de prisión contra 21 presuntos criminales dedicaos al narcotráfico.
La condena a la operación unió las organizaciones de derechos humanos, movimientos comunitarios, especialmente los relacionados con favelas y los negros, la Orden de los Abogados de Brasil, políticos opositores y el mundo académico.
“El sistema de Justicia criminal, que involucra policía, poderes ejecutivos, Ministerio Público (fiscalía) y tribunales es articulado para estimular la violencia, la idea de que la policía puede matar si dice que la víctima es un criminal”, acusó Ramos.
“Se intenta legitimar la barbarie, con una lógica brutal, injusta, racista y anticivilizatoria que es ineficiente, porque fortalece el narcotráfico y las milicias, grupos criminales enraizados en el territorio de Río de Janeiro”, sentenció, coincidiendo con otros investigadores de la violencia.
Reclaman un cambio en la política de seguridad pública basada en la confrontación, en la guerra al narcotráfico que sacrifica la población pobre y solo acumuló fracasos en muchas décadas.
Un estudio del Cesec, titulado como “El color de la violencia policial”, con datos de 2019, coordinada por Silvia Ramos, constató que 86 por ciento de las víctimas fatales son negros, cuando en la población del estado de Río de Janeiro representan 51,7 por ciento del total.
Pero con el actual gobierno brasileño la tendencia es de recrudecimiento de las escaramuzas armadas, como se observa en Río de Janeiro.
El gobierno de extrema derecha, presidido por el excapitán Jair Bolsonaro y con el núcleo del poder ocupado por generales, gana políticamente en dos vertientes, al alentar esa política de masacres.
Por un lado, conquista la lealtad de los efectivos policiales al apoyarlos cuando se extralimitan en sus acciones represivas y oponerse a los intentos de someterlos a la Justicia y a la legislación que protege los derechos humanos. Bolsonaro aparentemente cultiva con más obsesión el apoyo de las armas que de los votos.
Por otro lado, el combate aparentemente radical a la criminalidad, aunque a costa de actuaciones ilegales, seduce a una buena parte de la población brasileña angustiada ante la expansión de la criminalidad y de su violencia.
ED: EG
