RÍO DE JANEIRO – Hoy por hoy, son visibles los factores que allanan el camino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hacia un triunfo en las elecciones de octubre de 2022 para gobernar Brasil nuevamente, pese a los escándalos de corrupción que lo llevaron a la cárcel en 2018.
La trágica gestión de la pandemia, ahora bajo examen de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal, habría sepultado prácticamente la reelección del presidente Jair Bolsonaro, ya afectada por el manejo también destructivo de otras áreas, como el ambiente, la política exterior, la educación y las instituciones democráticas.
La última encuesta del Instituto Datafolha, realizada el 11 y 12 de mayo, registró 51 por ciento de respuestas “malo o pésimo” para el modo como Bolsonaro gestiona la pandemia de covid-19, 21 por ciento de “bueno” y 27 por ciento de “regular”.
En la disputa electoral, en una probable segunda vuelta entre los dos, Lula derrotaría el presidente por 55-32 por ciento, después de un 41-23 en la primera vuelta con otros seis posibles candidatos.
Además, el ultraderechista Bolsonaro sufre el mayor índice de rechazo, 54 por ciento de los encuestados dijeron que no votarían por él en ninguna hipótesis, contra 36 por ciento de Lula.
La CPI del Senado, instalada el 27 de abril con un plazo de 90 días que se puede prorrogar hasta el fin del año, representa un daño adicional al actual gobierno, ya que su objetivo es aclarar las razones de las más de 435 000 muertes por covid registradas hasta el 16 de mayo, de la escasez de vacunas e insumos médicos.
No se descarta la posibilidad de que se establezcan condiciones para la inhabilitación del presidente, al avanzar las investigaciones. En realidad, más que investigar se trata de reunir y ordenar las acciones y declaraciones públicas de Bolsonaro, sus ministros y otras autoridades, registradas ante la opinión pública en su mayor parte.
Hay documentos, grabaciones y videos de las incontables veces en que Bolsonaro menospreció la pandemia, estimuló aglomeraciones, desacreditó las mascarillas, rechazó las vacunas y fomentó la diseminación de medicamentos nocivos como la cloroquina, con el incremento de su producción por una fábrica del Ejército.
El llamado “kit covid”, un conjunto de medicamentos comprobadamente ineficaces pero recetados por muchos médicos, alcaldes y otras autoridades bolsonaristas, ha agravado la pandemia en la medida que ofrece una falsa seguridad a sus usuarios y socava acciones como la distancia de seguridad, el aislamiento social y las mascarillas.
Pero también provoca muertes y secuelas que aparecen en denuncias e informaciones dispersas. La cloroquina y su derivada hidrocloroquina pueden provocar arritmia cardíaca e incluso la muerte. Ya se supo de varias muertes por su uso en nebulizaciones.
La ivermectina, un antihelmíntico, se hizo popular como prevención y tratamiento de la covid. Se tradujo en un aumento de cirrosis medicamentosa, con casos fatales o de necesidad de trasplante de hígado, según hepatólogos.
En relación a las vacunas, Bolsonaro intentó boicotear la compra de la Coronavac, por ser china y negociada por su “enemigo” político, el gobernador del estado de São Paulo, João Doria.
El presidente desautorizó en octubre a su entonces ministro de la Salud, general Eduardo Pazuello, la firma de un acuerdo para la adquisición de esa vacuna a nivel nacional, aunque finalmente se impuso y al menos hasta ahora aporta tres cuartas partes de las dosis aplicadas en Brasil, un país con 213 millones de personas.
Además el gobierno retardó la adquisición de la vacuna de la asociación estadounidense-germana Pfizer-BionTech. Fue necesario insistir seis veces, entre agosto y febrero, hasta que Brasil acordase la compra de cien millones de dosis, informó a la CPI el gerente de la Pfizer en América Latina, Carlos Murillo.
Brasil habría iniciado la vacunación en diciembre, y no el 17 de enero, y dispondría de más vacunas sin la omisión o rechazo de Bolsonaro, es lo que intentan comprobar integrantes de la CPI opositores al gobernante.
Brasil logró vacunar solo 18,3 por ciento de su población hasta el 16 de mayo, mientras hay países, como Chile y Estados Unidos, que se acercan de la mitad y otros, como Israel y el Reino Unido, que ya superaron 50 por ciento.
Todo eso y la situación de paria internacional a que se relegó Brasil favorecen a Lula, el líder opositor más evidente, incluso porque en las elecciones de octubre de 2018 Bolsonaro se presentó como su neto antagonista.
Ello aunque el expresidente Lula (2003-2010), encarcelado por corrupción entonces, no pudo ser el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores y fue reemplazado por Fernando Haddad.
La demolición de los avances brasileñas en las últimas décadas por parte de Bolsonaro incluye el desmonte de la gestión ambiental, reflejado en el aumento de la deforestación y los incendios amazónicos, una política exterior groseramente anticomunista, el menoscabo de las universidades, así como retrocesos en la educación y políticas sociales.
Las provocaciones a China, protagonizadas por Bolsonaro y su exministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, estarían retrasando la entrega del insumo farmacéutico indispensable a la producción de vacunas en Brasil, es otro elemento que buscan confirmar los senadores opositores de la CPI.
El Instituto Butantan, dependiente de la gobernación de São Paulo y fabricante de la Coronavac, y la también pública Fundación Oswaldo Cruz (FioCruz), responsable de la vacuna de AstraZeneca en Río de Janeiro, se han visto forzados a paralizar su producción por falta del ingrediente farmacéutico activo (IFA). Butantan lo hizo ya el viernes 14 y FioCruz se apresta a hacerlo esta tercera semana de mayo.
Hasta ahora, las dos prestigiosas instituciones manufacturan las vacunas con los IFA provistos por los laboratorios matrices, y solo al final del año pasarán a producirlas integralmente en el país, una demora que obedece en buena parte a la mala gestión del gobierno.
El retraso en la vacunación significa más muertes y posterga la recuperación económica. Van a la cuenta del gobierno actual y aportan votos a la oposición.
Un misterio para muchos es la aprobación popular de Bolsonaro, aún en 24 por ciento según la encuesta de Datafolha, en medio del descalabro sanitario y político. Además 30 por ciento consideró “regular” su gobierno y solo 45 por ciento opinó negativamente.
El presidente tiene el apoyo incondicional de la extrema derecha que en Brasil se constituye principalmente de los adeptos de un gobierno militar dictatorial, que algunos investigadores estiman que representa en torno a 15 por ciento del electorado.
El rechazo de Bolsonaro a las medidas preventivas, que restringen la circulación de personas para contener el contagio del coronavirus, cuenta con el apoyo de los que tienen intereses económicos afectados, aunque no sean bolsonaristas.
Es así que la mayor aprobación a su gobierno proviene de los empresarios. Entre ellos 48 por ciento consideró “bueno o excelente” el gobierno, el doble del promedio en la encuesta Datafolha.
Entre todos los entrevistados, 58 por ciento opinó que Bolsonaro no tiene capacidad para gobernar el país y para 38 por ciento sí tiene. Los empresarios fueron el único grupo en que una mayoría, 62 por ciento, lo reconoce capaz.
Las actitudes bolsonaristas generan indignación en la mayoría y en el exterior, pero conquistan la fidelidad de una minoría suficiente y agresiva para evitar la inhabilitación. También le asegura una votación suficiente para ir a la segunda vuelta electoral, pero no el triunfo final.
Especialmente si el adversario es Lula, quien terminó su gobierno en 2010 con 83 por ciento de aprobación popular, según Datafolha, y 87 por ciento según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope).
El legado de su gobierno, de crecimiento económico con reducción de la pobreza y la desigualdad, por medio de masivas políticas sociales, le permite sobrevivir a los escándalos de corrupción y los 19 meses que tuvo que expiar en la cárcel, manteniendo buena parte de su popularidad.
Por otra parte, también Bolsonaro y sus hijos se involucraron en escándalos de incautación de dinero público por medio de falsas contrataciones de funcionarios en sus gabinetes parlamentarios para embolsar la mayor parte de sus sueldos.
De esa manera, la corrupción dejó de ser un arma unilateral en los próximos comicios presidenciales.
ED: EG
