Tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro aplica en Venezuela un severo recorte del gasto público que impacta, entre otros ámbitos, el funcionamiento de las universidades autónomas que en gran medida dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar proyectos de investigación y realizar labores de extensión.
La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el pasado el sistema en que la renta petrolera permitía operar a las universidades sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un gran número de jubilados, obreros y empleados.
Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de cinco universidades autónomas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, La Universidad de Los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad del Zulia.
Si bien los años de crecimiento constante en la asignación de recursos y aumento de la calidad, vividos durante 1958-1983, dieron paso a períodos de menos brillo e inestabilidad, los universitarios venezolanos, por muy ancianos que sean, no han presenciado una crisis como la actual.
La debacle de la producción petrolera, que retrocedió hasta niveles de 1935 y el declive de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en recesión, evaporaron los ingresos. La consecuencia es un ajuste feroz: Macroconsultores calcula que en términos reales, el gasto del gobierno en servicios de educación, salud, seguridad y defensa cayó 60 % entre 2014-2020.
Vivir con menos
El recorte deja a las universidades en el aire: el salario de los profesores es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura, desaparece la investigación y la emigración del personal es constante. Al mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad.
En febrero los profesores a dedicación exclusiva, el máximo escalafón, obtuvieron un pago equivalente a 10,46 dólares: 2,97 dólares por salario y 7,49 dólares a través del bono Simón Rodríguez que repartió el gobierno.
El 8 de marzo Fapuv afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas”.
La Universidad de Los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus 4583 profesores, entre jubilados y activos, reciben 19 meses de salario al año al incluir pagos extra como aguinaldo y vacaciones.
Para elevarles el salario hasta 300 dólares mensuales -menos que el salario mínimo en Ecuador, otro país petrolero sudamericano- requieren 26 millones de dólares al año y el presupuesto asignado para 2021 equivale a 950 000 dólares.
En el transcurso del año es usual que el gobierno aporte recursos extra, pero en una magnitud que solo alcanza para un ínfimo incremento de salario. El presupuesto para investigación o mantener la infraestructura prácticamente es inexistente.
Mundos paralelos
Con el objetivo de que la revolución bolivariana ocupara todos los espacios de la sociedad, el expresidente Hugo Chávez impulsó un sistema paralelo creando la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Misión Sucre y convirtiendo en universidades a institutos universitarios y tecnológicos.
Este sistema controlado políticamente, alineado ideológicamente y de menos calidad, también sirvió para darle entrada a la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos que, por recibir una formación deficiente en liceos públicos, no eran capaces de superar las pruebas de admisión para ingresar a las universidades autónomas.
Bernardo Méndez, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela entre 2008-2020, explica que “a partir de 2015 se nos obligó a excluir de nuestra solicitud de presupuesto áreas como proyectos de investigación, formación de personal, infraestructura física, laboratorios y equipamiento de bibliotecas”.
A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre 2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa 2,2%.
En otros casos el presupuesto dejó de existir. Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, explica que “seguimos haciendo nuestro proyecto de presupuesto pero el gobierno no lo pide, simplemente nos asigna una cantidad”.
Fallas de gerencia
En las cuentas de las universidades sobresale el elevado número de obreros, personal en funciones de administración y jubilados. En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, laboran 2.021 profesores, 2460 empleados y 2157 obreros; es decir, la cantidad de empleados y obreros supera en 128 % a los profesores.
“Nosotros autoadministramos todos los servicios, vigilancia, comedor, aseo, mantenimiento, jardinería; en una universidad norteamericana o europea estos servicios son licitados y los realizan empresas privadas”, dice Mario Bonucci.
El personal jubilado en la Universidad de Los Andes, que aparte de los profesores incluye a empleados administrativos y obreros, suma 7009 personas y supera en 371 personas al personal activo.
Bernardo Méndez indica que “en la Universidad Central de Venezuela más de 60 % es personal jubilado que permanece en la nómina, eso le da estabilidad al personal jubilado pero el pago de personal absorbe alrededor de 80 % del presupuesto”.
Si empresas privadas se encargaran de las labores administrativas y de mantenimiento, las universidades no asumirían los pasivos laborales de obreros y empleados.
Leonardo Carvajal, investigador y doctor en educación, considera que en las universidades hay fallas graves de gerencia: “no se evalúa adecuadamente a los profesores que reciben la mitad del salario por investigar. Además, la jubilación debería ser después de 35 años de servicio y no tras 25 años, es un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años”.
“Muchas carreras podrían cursarse en cuatro años en vez de cinco. Para acabar con la duplicación de esfuerzos y recursos las universidades deberían funcionar integradas en redes regionales y muchas universidades solo trabajan 32 de las 52 semanas del año”, dice Leonardo Carvajal.
Añade que “sin cambios profundos aun si hipotéticamente aumentara la producción petrolera y se disparara el precio del barril, no funcionaría el modelo porque es despilfarrador e irracional”.
Vida propia
Las universidades podrían disminuir la dependencia del gobierno si incrementan los ingresos por asesoría, producción de tecnología y servicios a empresas privadas; pero en medio de la depresión de la economía esta opción es limitada.
De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no contemplan invertir este año en investigación y desarrollo. En promedio, la industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal objetivo es sobrevivir a la recesión.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) contempla que las empresas con ingresos brutos anuales sobre 100 000 unidades tributarias deben pagar entre 0,5 % y 2 % de sus ganancias para financiar actividades de investigación.
Hasta 2010 las empresas eligieron los proyectos, pero ese año el gobierno cambió la ley y los recursos ingresaron al agujero negro de las finanzas públicas.
Giuseppe Giannetto, quien se desempeñó como rector de la Universidad Central de Venezuela entre 2000-2004, explica que a lo interno también hay limitaciones. “Tras años de poco presupuesto los equipos como los laboratorios de ciencia y tecnología se han deteriorado y sin esa infraestructura no se puede prestar mayor servicio al sector privado”, asegura.
Mario Bonucci indica que “en la Universidad de Los Andes tenemos ingresos propios, pero en conjunto cubren alrededor 5 % de los gastos de funcionamiento, sin incluir el pago del personal”.
“Nuestros laboratorios hacen trabajos que permiten reparar algún equipo o reponer algún reactivo. Tenemos dos fincas que producen leche, pero los ingresos alcanzan para el mantenimiento de la finca”, explica.
Las regulaciones burocráticas obstaculizan alternativas como dictar cursos o seminarios de manera virtual e impiden obtener ingresos en divisas.
“Podríamos crear un seminario sobre normas internacionales de contabilidad a egresados nuestros que están en Chile. Un profesor nuestro viaja a Chile e imparte cursos de manera presencial y el resto se hace vía online. El costo por estudiante podría ser de 200 dólares, que es bastante accesible”, dice Bonucci.
“Pero por las regulaciones el pasaje aéreo tendría que licitarse, algo que podría tardar tres meses. Además, el manejo de divisas por parte de las instituciones públicas es casi imposible; estas cosas tienen que cambiar”, agrega.
Cobrar al estudiante
El artículo 103 de la Constitución sostiene que la educación impartida en “las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario”, pero tras el quiebre del modelo de financiamiento este dogma y los métodos de enseñanza son temas a debatir.
Leonardo Carvajal indica que “no comparto la idea de que la universidad puede autofinanciarse por completo, no se autofinancia el ejército o un hospital, las cosas públicas las financia el Estado. Creo en un autofinanciamiento parcial y creciente hasta cierto nivel”.
Desde su punto de vista una alternativa es el cobro a la salida. “Mantener la gratuidad, pero una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo que pague un impuesto, podría ser de 1 % del salario, en función de las nuevas generaciones”,plantea.
Bonucci indica que “el concepto de educación gratuita debe cambiar a un modelo donde el que tiene dinero contribuye: ¿si pagas por tu hijo en un colegio privado por qué no puedes contribuir cuando llega a la universidad?”.
Giannetto señala que “la educación de calidad, el desarrollo de ciencia y tecnología implica una gran inversión por parte del Estado; podríamos estudiar esquemas como becas que el estudiante pague con plazos flexibles cuando termine su educación, pero con el desastre actual no lo veo factible”.
El control académico también está en discusión. Bonucci destaca que “el estudiante tiene que entender que se hace un gran esfuerzo en educarlo y debe haber una respuesta apropiada. En las universidades públicas hay estudiantes con diez o doce años dentro de la universidad, el que no rinde debe irse”.
Carvajal es partidario de “un tiempo para culminar la carrera, luego del cual el estudiante comienza a pagar. Por ejemplo, si la carrera es de cinco años, transcurridos siete años y medio si no has terminado pagas por el tiempo que falta”.
Bonucci indica que la manera de transmitir conocimientos debe modificarse. “El modelo de universidad tiene que cambiar. Desarrollar la educación a distancia, incluir métodos virtuales, mezclar metodologías. Al igual que formamos a un médico en un hospital podemos formar a un ingeniero civil en una constructora”, dice.
La medicina indica que cuando un miembro es amputado se sigue sintiendo durante un tiempo como si permaneciera en su sitio, es lo que se denomina sensación del miembro fantasma: el sistema en el que operó la universidad pública de calidad desapareció, pero los venezolanos aún no reconocen esta realidad.
Este artículo se publicó originalmente en Runrun.es, una plataforma informativa digital venezolana.
