Unas 60 organizaciones no gubernamentales de Colombia y Venezuela pidieron este miércoles 31 al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que designe un enviado especial para la frontera entre ambos países, donde fuerzas militares venezolanas combaten a grupos irregulares.
“Consideramos urgente que el secretario general de las Naciones Unidas designe un enviado especial para la crisis fronteriza, a la vez que solicitamos a los gobiernos de ambos países (que) permitan su actuación en el terreno”, dice la declaración de las ONG, en su mayoría dedicadas a la protección de los derechos humanos.
La declaración fue auspiciada por los grupos Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, de Venezuela, y Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, del país vecino.
Para esas organizaciones “es urgente la activación de una instancia entre ambos países que dé respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad”, agravados por enfrentamientos armados desde hace 10 días.
El 21 de marzo se produjo un choque entre militares venezolanos y grupos irregulares, disidentes de las guerrillas colombianas según medios locales, en las vecindades de La Victoria, población a 600 kilómetros al suroeste de Caracas, con saldo de al menos tres personas muertas y un número no precisado de heridos.
Dos de los muertos eran oficiales de rango medio del ejército venezolano, víctimas de minas antipersonales sembradas por grupos irregulares para proteger sus campamentos, según informes concordantes de medios oficiales y de prensa.
La región, estado de Apure, está separada por el río Arauca del departamento colombiano de Arauca, donde por años han operado columnas del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las fuerzas militares y policiales de Venezuela detuvieron a decenas de sospechosos de colaborar con los irregulares mientras se producían otros enfrentamientos con saldo, hasta ahora, de al menos seis fallecidos, de los cuales cinco integrantes de una misma familia según medios de prensa colombianos.
Los informes también registran que, para huir de los enfrentamientos y por temor a represalias, varios miles de personas se han desplazado desde Venezuela a la población colombiana de Arauquita, a 400 kilómetros al noreste de Bogotá.
Familias enteras han cruzado el Arauca en botes, pues las fronteras a través de carreteras y puentes permanecen cerradas desde hace cuatro años.
El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, acusó al gobierno colombiano de instigar las acciones violentas contra su país, y agregó que, en defensa de la soberanía, la Fuerza Armada venezolana combatirá a cualquier grupo armado irregular, sin mencionar específicamente a cuál enfrentó en La Victoria.
En Colombia el gobierno decretó “estado de calamidad pública” en Arauca, ante la masiva llegada de venezolanos, y su ministro de Defensa, Diego Milano, acusó a Caracas de impartir “´órdenes de combate selectivo contra uno de los grupos narcocriminales”, lo que objetivamente favorecería a otros.
Ambos Estados despacharon refuerzos militares a la zona fronteriza, de extensas llanuras bañadas por ríos que van al Orinoco y donde por años han prosperado actividades de economía ilegal, tales como contrabando, tráfico de drogas, de minerales, abigeato, extorsiones, secuestros y trata de personas.
En ese clima, las ONG señalan “el peligro que puede representar el escalamiento de tensiones entre Colombia y Venezuela, países que llevan más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y dos años sin relaciones diplomáticas ni consulares”.
Por eso, piden a las Naciones Unidas que se designe un enviado especial para la frontera, y a los gobiernos que permitan su actuación para, en primer lugar, “coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia”.
El enviado también debería “establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera”, y apoyar la atención a las necesidades económicas y sociales, en particular de seguridad y salud de las poblaciones en esa región, según propone el texto.
Igualmente, facilitar diálogos entre autoridades de ambos países para “la reapertura inmediata de los pasos fronterizos formales” y regularizar el tránsito de personas, bienes y servicios entre las regiones de la extensa frontera, pobladas por unos cinco millones de habitantes, incluidos pueblos indígenas al norte y sur de ella.
Las ONG concluyen que sin cooperación “la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos Estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del marco del derecho internacional”.
A-E/HM
