Los manifestantes en Myanmar piden ayuda a la comunidad internacional mientras las fuerzas de seguridad leales a los militares tratan de barrer con una represión implacable la campaña de desobediencia civil que semiparaliza el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Mientras, analistas y diplomáticos ven casi inevitable un mayor derramamiento de sangre.
La situación se agravó en el país del sudeste asiático de 54 millones de personas tras la jornada más sangrienta de las protestas hasta ahora, el 28 de febrero, cuando la policía y las fuerzas de seguridad dispararon con munición real contra los manifestantes en las ciudades de Yangón, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), denunció en su sede en Ginebra que al menos 18 manifestantes murieron y otra treintena resultó herida, pero los activistas humanitarios locales creen que las cifras de muertos y heridos son mucho mayores.
Varios testigos presenciales dijeron a IPS que la policía está allanando viviendas, rompiendo puertas y ventanas para realizar registros y llevar a cabo detenciones indiscriminadas y sin orden judicial. Poco después del golpe del 1 de febrero, los líderes militares reformaron las leyes para permitir los registros y arrestos sin restricciones, así como las detenciones indefinidas.
“Es una zona de guerra total”, dijo Walter Khun, un ciudadano myanma y fundador de una firma de asesores financieros con su sede en Yangón, la antigua capital del país y su ciudad más poblada. “Nuestros socios en todo el país informan de lo mismo: las tropas de la Junta aterrorizando a los civiles”, se lamentó con IPS desde la ciudad myanma.
Una represión militar cada vez más contundente
En los últimos dos días se reciben en Bangkok, la capital de la vecina Tailandia y donde hay una amplia colonia birmana, decenas de reportes sobre el saqueo sistemático de tiendas y hogares por parte de la policía, el robo de alimentos en los mercados y la confiscación de bienes en los domicilios particulares.
El empresario Zaw Naing, también residente en Myanmar, corroboró que “están convirtiendo el país en un enorme campo de batalla”, en una afirmación que con parecidas palabras comparten fuentes que dialogaron con IPS desde la antigua Birmania.
“Se están desplegando más tropas y policías en todo Myanmar, y se están enviando convoyes de soldados del Ejército y miembros de la Marina como refuerzo a las ciudades estratégicas de Mandalay, Mawlamyine, Monywar, Taunggyi y Dawei”, detalló.
Se han filmado y publicado en Facebook despiadadas cargas policiales con rifles y otras armas largas de asalto, pese a lo cual algunos aguerridos manifestantes lograban hacer retroceder al avance de las fuerzas represivas, pertrechadas tras escudos antidisturbios y cañones de agua.
Este martes 2 de marzo, el sonido de disparos se ha repetido en forma intermitente en toda la ciudad de Yangón y testigos presenciales no pudieron distinguir para IPS si se trataba de munición real o de balas de goma.
Además, al menos en el barrio de Sanchuang, en el norte de la ciudad, efectivos de seguridad realizaban ejercicios de entrenamiento en algunas vías, con francotiradores apostados en el suelo y apuntando con sus rifles hacia manifestantes imaginarios. Las fuerzas de seguridad también han levantado barricadas y bloqueos en carreteras y vías estratégicas para impedir que los manifestantes huyan de una parte a otra de la ciudad.
Desde este martes 2, las autoridades también ordenaron el cierre indefinido de los principales centros comerciales de Yangón y muchos grandes supermercados también siguen cerrados.
Para observadores internos estos cierres forman parte de la estrategia de control y dispersión de las fuerzas de seguridad para evitar que los manifestantes se refugien en los complejos comerciales cuando la policía cargue contra ellos.
La condena no basta, se pide la intervención internacional
La condena internacional contra el golpe de Estado, la represión y la toma de todos los poderes por la Junta Militar ha sido rápida y contundente, con excepciones determinantes como China o Rusia. Pero los manifestantes demandan más, directamente una intervención internacional para que no se anule el proceso democrático abierto en 2016 en el país.
“Se está disparando a los manifestantes. Estamos muy enfadados, estamos muy disgustados”, dijo a IPS el joven de 30 años Ma Myint, licenciado en Comunicación Social y residente en el norte de Yangón. “¿Cuántos cadáveres necesita la ONU para actuar?”, se preguntó al analizar las muertes del domingo 28.
Este martes 2, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantuvo conversaciones con los militares, instándoles a liberar a la líder civil Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), que gobernaba el país desde 2016, cuando se abrió un proceso democrático con sus claroscuros y tutela militar, pero que supuso un gran cambio para la población, que solo conocía los rígidos regímenes militares.
“La ONU está observando, Estados Unidos está observando, el mundo entero está observando, pero ¿cuándo van a actuar? Necesitamos una intervención internacional basada en el derecho a la protección”, inquirió en diálogo con IPS otro joven profesional, Thiri Kyaw Nyo, también desde Yangón. “Deben actuar, de lo contrario habrá más derramamiento de sangre en las próximas semanas», aseguró.
Sa Sa, enviado especial de Myanmar ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de los diputados electos en los comicios legislativos de noviembre, pidió a la comunidad internacional que lleve a las autoridades ante la justicia por crímenes contra la humanidad.
En las elecciones de noviembre, la LND tuvo una arrolladora victoria, que le garantizaba sostener el poder cinco años más, pero la apertura de la nueva legislatura el 1 de febrero quedó abortada por el golpe militar.
“Es hora de que la comunidad internacional actúe para proteger a nuestra gente inocente e indefensa que se atreve a enfrentarse a estos matones que ahora controlan nuestro país, dijo Sa Sa en una entrevista.
Hacia una mayor mortandad represiva
Analistas, comentaristas y diplomáticos, tanto dentro como fuera de Myanmar, temen que sea casi inevitable un mayor derramamiento de sangre.
Según fuentes militares internas, las órdenes permanentes de las fuerzas de seguridad a sus efectivos es que respondan si se les ataca, con el permiso de la fuerza letal. Los analistas militares de la región del Sudeste Asiático creen que las fuerzas de seguridad han sido relativamente moderadas en comparación con sus prácticas pasadas, incluido el aplastamiento del levantamiento democrático de 1988.
El temor es que cuanto más se acerque el 27 de marzo, Día de las Fuerzas Armadas, una gran celebración del estamento castrense myanmo, menos tolerarán los militares que continúen la campaña de desobediencia civil y las protestas en las calles. Varios especialistas esperan que el ejército despliegue todo su poderío militar contra las protestas antes de esa fecha.
De hecho, los militares han ido intensificando progresivamente su respuesta represiva, que hasta ahora tuvo su punto culminante en trágicos acontecimientos del domingo 28.
Protestas continuarán
Sa Sa prometió que las protestas continuarían a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad. “Debemos seguir recordando al ejército que no nos rendimos, que no nos vamos a ir, y que seguiremos frustrando sus esfuerzos por dirigir el país en todo momento”, dijo.
El movimiento de protesta está teniendo un efecto nefasto en la capacidad de la Junta Militar para gobernar. Los bancos están cerrados, las oficinas gubernamentales vacías y el suministro de combustible se reduce peligrosamente. Los hospitales, las universidades y las escuelas están cerrados en su mayoría, al igual que las fábricas y otras instalaciones productivas.
Myanmar está prácticamente paralizado desde el golpe, coinciden observadores.
El enviado especial de los diputados electos en noviembre insistió en que es fundamental que las protestas sigan siendo no violentas. “Somos un movimiento no violento, nuestras armas son nuestra voz, nuestros teléfonos móviles y las redes sociales”, dijo Sa Sa.
“Es el ejército el que está cometiendo crímenes”, subrayó. “Son ellos los que se enfrentan a verdaderos cargos criminales y a la justicia internacional en La Haya (en la Corte Internacional de Justicia), son ellos los que deberían estar en la cárcel, no nuestros líderes, ellos deben rendir cuentas por sus crímenes», detalló.
Suu Kyi, quien gobernaba el país de facto como presidenta del Consejo de Estado, compareció ante el tribunal el 16 de febrero, acusada de violar las restricciones a la importación de equipos electrónicos, al hallarse varios walkie-talkies y otros aparatos en el recinto de su residencia.
Ella y otros altos dirigentes del gobierno y de la LND, así como activistas de derechos humanos, están bajo arresto domiciliario desde el golpe de Estado.
Manifestantes quieren más que la liberación de Suu Kyi
Algo muy distintivo de las protestas ciudadanas es que la mayoría de sus líderes y de los manifestantes tienen menos de 30 años.
Pero el movimiento de desobediencia civil abarca más que los activistas en las calles.
El movimiento exige la liberación de Suu Kyi y que los militares respeten los resultados de las elecciones de noviembre, pero la campaña de desobediencia va mucho más allá.
Los funcionarios de Myanmar, los médicos, las enfermeras y los trabajadores sanitarios que iniciaron esa campaña hace cuatro semanas, siguen en huelga a pesar de las amenazas y la intimidación de la Junta, según un joven médico muy implicado en el movimiento en la ciudad de Mandalay, y que habló con IPS bajo el pedido de mantener su anonimato.
En el movimiento “se toman muy en serio la protección de la democracia y su compromiso es no detenerse hasta que el comandante golpista sea derrotado y la cultura golpista entre los militares se erradice para siempre”, aseguró.
Myo Win, director ejecutivo de la Fundación de Educación y Desarrollo Smile, corroboró a IPS que la campaña “tiene objetivos mucho más amplios. Se trata de completar la transición a la democracia”.
Para ello, puntualizó, hay que “romper con la Constitución de 2008, sustituirla por otra que cree un Estado democrático y federal, y acabar con las dictaduras militares para siempre”.
La Constitución de 2008 permite que el comandante en jefe militar tome el poder en casos extremos y ha facultado la tutela militar sobre el gobierno surgido en las elecciones de 2015. Además tiene artículos específicos para vetar la presidencia de Suu Kyi, como la prohibición de que ejerza el cargo quien tenga hijos nacidos en el extranjero, como es su caso.
Represores y manifestantes juegan al gato y el ratón
Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para una campaña de movilizaciones larga y con creciente represión contra ellas.
Los equipos de vigilancia vecinal de las comunidades locales han acordonado zonas en los barrios de Yangón, por ejemplo, han construido sus propias barreras improvisadas y han montado guardia las 24 horas del día, para evitar que la policía se adentre en sus municipios e impida sus avances cuando toman las calles.
“Es un juego del gato y el ratón entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes”, dijo uno de los veteranos de las protestas de 1988 que participa en la organización de la logística comunicándose por walkie talkies con los manifestantes.
En las esquinas de Yangón, los manifestantes vigilan y avisan a los demás cuando la policía entra en las calles cercanas. Al ser alertados, muchos se refugian para esperar a que la policía pase antes de volver a salir, cantando canciones y entonando gritos de protesta.
“Se organizan en pequeños grupos de manifestantes por toda la ciudad y mantienen viva la llama revolucionaria”, dijo a IPS un veterano activista, Nyein Chan Aun, que subrayó que los organizadores de las actividades contra los militares están dispuestos a proseguir la campaña, aunque la represión aumente.
“Se trata de nuestro futuro”, dijo Ma Myint. “Nos están arrebatando nuestro futuro y así lo sentimos: no queremos volver a la oscuridad. Esperábamos un futuro más brillante, ahora de repente se ha vuelto oscuro”, subrayó.
“Estoy muy triste, y llena de dolor por los que ya han muerto en la lucha”, dijo a IPS Sakura Ra, una joven profesional de la publicidad que ha dejado su trabajo para unirse a las protestas diarias.
“Pero estamos luchando por la libertad y la democracia, estamos luchando por nuestro futuro, estamos luchando por el futuro de nuestros hijos: lucharemos hasta el final, nunca nos rendiremos”, insistió.
T: MF / ED: EG
