Las nuevas medidas económicas adoptadas en Cuba parecen dirigidas a romper con la inercia en cuanto a la expansión del sector privado, fomentar el empleo y reactivar el mercado laboral, muy afectado por la pandemia de covid.
Solicitado desde hace años por economistas y emprendedores, el Consejo de Ministros anunció el día 6 la eliminación del listado de 127 actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia (TCP), como se denomina en este país al trabajo y el emprendimiento autónomo y que también engloba al sector privado de capital local.
Ese grupo favorecía hasta ahora empleos en su mayoría artesanales y sin exigencias de elevada calificación, concentrados en cuatro áreas fundamentales: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros, arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, así como trabajadores contratados para esas actividades.
Desde ahora el sector privado solo tendrá prohibidas total o parcialmente 124 actividades, mientras le quedarán como posibles unas 2100 cuyo alcance lo determinará el proyecto que presente la o el emprendedor, ajustado al documento conocido como Clasificador Nacional de Actividades Económicas.
En ese listado de exenciones a la actividad privada, según se divulgó este miércoles 10, se incluyen, entre otras, la extracción de minerales, la impresión de libros, periódicos, revistas o tabloides, así como las telecomunicaciones inalámbricas, fondos de pensiones o de agencias de viajes y operadores turísticos.
Ello supone abrir las compuertas a la iniciativa autónoma de más calificación y especialización, posibilidades de encadenamientos productivos y mayor valor agregado para los productos y servicios, refieren especialistas consultados por IPS.
Se trata, subrayan, de un cambio de paradigma encaminado a desatar los nudos que constriñen las fuerzas productivas y avanzar en la actualización del modelo económico y social de orientación socialista aprobada en 2011.
Pudiera asimismo resultar la antesala para dar luz verde a las también reclamadas pequeñas y medianas empresas (pymes), además de fortalecer las cooperativas no agropecuarias.
“Me parece un anuncio positivo para quienes deseamos prosperar de forma autónoma y contribuir a la sociedad”, dijo a IPS el arquitecto Sergio López, quien sueña con montar en La Habana su propia empresa de diseño, construcción y reparación de inmuebles.
Por su parte, el jurista Raúl Pedraza consideró deseables medidas que viabilicen y no entorpezcan la compra de materias primas e insumos para la gama de negocios que pudieran surgir, y otras relacionadas con financiamiento y créditos, acceso expedito a mercados y tasas impositivas estimulantes.
“Sin un marco regulatorio claro y justo y la permanencia de trámites en exceso burocráticos, el sector privado seguirá sin desplegar todas sus potencialidades en la economía y generar riquezas”, argumentó Pedraza a IPS.
Durante una comparecencia televisiva el martes 9 el vice primer ministro y ministro de Economía, Alejando Gil, reconoció que esas transformaciones son deseables, pero chocan por el momento con mercados mayoristas desabastecidos o la imposibilidad de cumplir con todas las demandas de las y los trabajadores por cuenta propia para sus servicios y producciones.
Las nuevas medidas llegan tras iniciarse en Cuba el primero de enero el proceso de reordenamiento monetario, incluida la unificación del peso, con un impacto transversal y complejo en las empresas estatales, las cooperativas, el sector privado y la ciudadanía de este país insular caribeño con 11,2 millones de habitantes.
Ocurre tras registrarse en 2020 una caída del 11 por ciento del producto interno bruto, asociado a los impactos del coronavirus, así como al ahondamiento del embargo que mantiene el gobierno de Estados Unidos desde 1962.
A ello se suma una economía altamente centralizada que desde hace tres décadas mantiene problemas estructurales, magros crecimientos, descapitalización, insuficiente inversión extranjera y bajos niveles de eficiencia, entre otros lastres.
En julio, el gobierno anunció una política de recuperación económica para el periodo poscovid que contempla potenciar a la empresa estatal socialista, catalogada como el sujeto principal de la economía, así como a los sectores cooperativo y privado.
Más de 600 000 cubanas y cubanos, equivalente al 13 por ciento de la fuerza laboral del país, se cuentan como trabajadores autónomos.
Según cifras oficiales, alrededor de 250 000 de ellos debieron suspender de manera temporal sus licencias, ante la interrupción de cadenas de suministros y caídas en las ventas, debido al coronavirus.
Autoridades calculan que más de 400 empresas cubanas deben resultar insolventes tras el primer año del reordenamiento monetario por lo que unos 300 000 empleados del sector estatal, que agrupa a más de 3 000 000 de personas, estarían en riesgo de perder sus puestos.
Economistas consultados por IPS refieren que la decisión de ampliar los límites para el trabajo autónomo pudiera responder, además, a la urgencia de que este sector absorba la mayor cantidad posible de trabajadores sin empleo en meses venideros.
No obstante, datos del Anuario Estadístico correspondiente a 2019 revelan que por cada 100 personas en edad laboral, solo 65 estaban ocupadas o buscando empleo, en un país con 7,1 millones de ciudadanos aptos para trabajar.
De acuerdo con el vice primer ministro Gil, en enero más de 80 000 cubanos acudieron a instituciones en busca de trabajo y alrededor de 40 000 optaron por ofertas en el sector estatal.
Para el economista Pedro Monreal, las autoridades cubanas deben avanzar en el establecimiento de las pymes privadas, que a su juicio, ofrecen un mayor techo de productividad para la fuerza de trabajo, en comparación con las menores posibilidades del TCP.
Según el cronograma legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento unicameral, debe aprobar una Ley de Empresas en julio de 2022.[related_articles]
Monreal, quien estima que el sector privado en la isla pudiera generar unos 100 000 empleos en un año si se legalizaran las pymes, ha explicado que la agricultura y la industria de alimentos deberían resultar sectores priorizados para la constitución de estas estructuras.
Pese a ser una nación eminentemente agrícola, Cuba importa 80 por ciento de sus alimentos con un desembolso superior a los 2 000 millones de dólares.
“Sería prudente estimular y orientar la inversión extranjera y las remesas hacia la agricultura y la producción de alimentos, para buscar nuevos incentivos y recursos”, explicó a IPS el investigador Ángel Marcelo Rodríguez, quien asesora emprendedores en la capital cubana.
De acuerdo con Rodríguez, los servicios de la construcción, los gastronómicos, los de alojamientos y los tecnológicos orientados a la exportación, resultarían otras áreas claves que debieran incentivarse en el escenario económico por venir.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que pronostica una lenta reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe poscovid, recomienda reconstruir las economías y sociedades con igualdad y sostenibilidad.
La entidad ha invitado a los gobiernos a universalizar el acceso a Internet de banda ancha para ampliar las potencialidades de las tecnologías, estimular las pymes, promover un sistema de cuidados “integral, público y desfeminizado” y aupar las actividades de la economía social y solidaria.
En el caso cubano, la investigadora Ailynn Torres recomienda crear incentivos para que encuentren empleo grupos sociales con desventajas para acceder al trabajo asalariado formal, muy especialmente las mujeres.
En las universidades cubanas 60 por ciento de las personas graduadas son mujeres, pero pese a ello el Anuario Estadístico de 2019 contrasta que solo 53 por ciento de la población femenina económicamente activa se desempeña en una actividad remunerada.
La división sexual impuesta por la cultura machista hace recaer sobre las mujeres las labores de trabajo doméstico y cuidado de menores, ancianos o personas enfermas, lo cual anula en muchas ocasiones sus posibilidades de acceso a trabajos remunerados.
ED: EG
