La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, expresó este viernes 5 su preocupación por que persiste la desaparición de una niña tras una operación del Ejército contra guerrillas en el norte de Paraguay, en la que además fueron asesinadas otras dos pequeñas.
Bachelet “está profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años, Lilian Villalba y María Carmen Villalba”, indicó una declaración de la Acnudh.
La operación de la Fuerza de Tarea Conjunta militar-policial contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se reivindica de ideología marxista-leninista, se produjo el 2 de septiembre de 2020 en el área de Yby Yaú, a unos 370 kilómetros al norte de Asunción.
La oficina de Bachelet expuso que, de acuerdo con la información disponible, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de la operación, durante la cual fueron asesinadas las otras dos niñas, de nacionalidad argentina.
“Se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida”, indicó el texto de la Acnudh.
Agregó que “esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo, que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta”.
Según la Acnudh, evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas, por varios disparos de armas de fuego, fueron destruidas.
El gobierno paraguayo responsabilizó de las muertes al EPP y lo acusó de la “práctica deleznable de utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, con el agravante de que estos menores son incluso parte del núcleo familiar de los cabecillas de la citada organización criminal”.
Carmen Elizabeth es hija de los líderes guerrilleros Carmen Villalba y Alcides Oviedo, actualmente detenidos, dos de los cuatro fundadores a finales del siglo pasado del partido Patria Libre, que dio origen al EPP, una formación que tendría un centenar de combatientes según medios de prensa paraguayos.
Su desaparición fue conocida recientemente, cuando la denunció su tía, Laura Villalba Ayala, detenida el 23 de diciembre de 2020 en una instalación militar, e imputada por varios delitos.
La alta comisionada urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de Carmen Elizabeth, y a “efectuar una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean las muertes de las otras dos niñas”.
Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial, y por qué fue destruida evidencia importante.
También pidió información sobre la situación de Laura Villalba Ayala, y asegurar la garantía de todos sus derechos de acuerdo con el derecho internacional.
Bachelet “toma nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”, y además “observa que ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta”.
Recientemente el gobierno discrepó de a Acnudh pues “el autodenominado EPP no es un grupo armado no estatal, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República”.
En su declaración de este viernes, la alta comisionada “reconoce que el EPP representa una real preocupación de seguridad y que ha cometido delitos graves, como secuestros, – el más reciente del ex vicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020- que condena”.
“Sin embargo, reitera que, al abordar los problemas de seguridad y actividades criminarles, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó la declaración de la Acnudh.
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