El 31 de diciembre, para cerrar con una buena noticia este año tan duro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se anuncia que “a más tardar en el primer semestre del año 2023” el gobierno federal promoverá las reformas legales relevantes “para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado en México”.
Esto supone una enorme victoria para el movimiento campesino y ambientalista mexicano, y debe ser un llamado a redoblar los esfuerzos y las luchas por transformar de fondo el campo nacional.
La publicación del decreto es el triunfo de cientos de organizaciones, grupos y actores políticos y económicos a todos los niveles, dentro y fuera del gobierno federal, que se enfrentaron al enorme aparato político que han construido las grandes empresas agroindustriales nacionales y transnacionales.
Versiones anteriores del proyecto de decreto aparecidas a lo largo de 2020 mostraron que entre sus adversarios estaban también muchos actores del gobierno federal, en forma muy notable el entonces jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y sus aliados en el gabinete. Por suerte, ellos perdieron y ganó el país.
Si el triunfo no fue suyo fue por la labor incansable de organizaciones campesinas y de la sociedad civil, desde Greenpeace hasta la ANEC, pasando por las organizaciones del colectivo Ma OGM y otro sinfín de grupos, para no quitar el dedo del renglón y exigir a López Obrador que cumpliera su palabra.
Las organizaciones y actores en defensa de los modos de vida campesinos y del medio ambiente hicieron una tarea minuciosa de no dejar pasar día sin revisar decretos publicados, de difusión de información, de convencer a actores de todos los tamaños y sectores, sin la que no se hubiera logrado este enorme avance.
Con todo y lo enorme de este triunfo, no se trata sino de un primer paso.
El glifosato no es el enemigo a vencer, sino una de sus herramientas. El enemigo a vencer es esta agricultura industrial que nos domina hoy y que genera ciudadanos obesos y mal nutridos, agricultores pobres y transnacionales ricas.
Para vencer a ese enemigo debemos luchar ya no solo por prohibir lo que hace daño, sino por avanzar hacia una política agropecuaria restaurativa, que genere economías rurales y alimentarias incluyentes y diversas, que ofrezcan una salida de la pobreza y redistribuyan la riqueza y que abran la puerta a una nueva relación del país con sus campos, bosques, selvas y desiertos.
La victoria contra el glifosato no es la única que se ha registrado en estas administración, aunque muchos avances son tan tímidos que dejan un sabor a nada.
Por ejemplo, el programa Sembrando Vida tenía un enorme potencial, y hay testimonios anecdóticos en muchos lugares que permiten ser moderadamente optimistas.
Otros testimonios, sin embargo, llevan a diluir ese optimismo y afirman que se parece mucho a los “pagos por hacer poco o nada” de sexenios anteriores y que ha contribuido a que se deshilache el tejido organizativo en vastas regiones del país. La falta de transparencia en México hace que no sepamos a cabalidad qué está ocurriendo con el programa.
En cualquier caso, el nuevo decreto plantea compromisos que pueden servir de ancla y referencia para las siguientes batallas en esa lucha en defensa del campo, del planeta y de los campesinos y demás habitantes del mundo, y en contra de quienes quieren arrebatarnos los recursos naturales y enriquecerse a costa nuestra.
Es significativo que el objeto del decreto sea sustituir el glifosato por “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
En esa frase está un compromiso que no se hará realidad solo: habrá que exigir que se cumpla todos los días.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la plataforma mexicana de Periodistas de A Pie.
RV: EG
