El tránsito a la etapa poscovid además de deseada y necesaria, supone desafíos para el sector privado en Cuba con reservas agotadas tras meses de inactividad, dificultades en el acceso a insumos y disposiciones legales que aún limitan su pleno desarrollo.
Complejizan el contexto la falta de liquidez de una economía nacional con bajo crecimiento durante casi tres décadas, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un fortalecido embargo que aplica desde 1962 el gobierno de Estados Unidos, el cual obstaculiza las importaciones y el acceso a créditos internacionales.
“Han sido meses muy duros, pagando la seguridad social, pero sin ingresos ante la falta de clientes y la suspensión de los negocios”, resumió a IPS Harold Llas, dueño del restaurante La Colonial, ubicado en La Lisa, uno de los 15 municipios que conforman La Habana.
La situación fue menos traumática para Yusef García, líder de Muebles Atlantis, un emprendimiento que desde 2013 produce y comercializa mobiliario moderno minimalista, con sede en el capitalino municipio de Playa.
“Teníamos un presupuesto ante desastres naturales y el pago de salarios de empleados durante seis meses. Hablamos con todos para ver sus necesidades y poder protegerlos en esa etapa de confinamiento”, indicó García a IPS.
Agregó que al detenerse las fabricaciones y disponer de reservas de productos “optamos por el comercio electrónico y las comprar en línea, con descuentos de 40 y 50 por ciento, a fin de incentivar la demanda”.
A inicios de 2020, más de 600 000 cubanas y cubanos estaban registrados como trabajadores por cuenta propia (autónomos), aproximadamente 13 por ciento de la fuerza de trabajo de este país insular caribeño.
Alrededor de 40 por ciento de ellos se vio obligado a suspendedor temporalmente sus licencias ante el cierre de actividades económicas para contener la covid-19, de acuerdo con datos oficiales.
Desde el 12 de octubre, 12 de las 15 provincias junto al municipio especial Isla de la Juventud, la segunda mayor del archipiélago cubano, entraron en la nueva normalidad con un plan económico para la recuperación tras la pandemia.
La Habana, donde viven 2,2 millones de los 11,2 millones de habitantes del país, se alista para en un breve plazo iniciar dicha etapa, luego de un rebrote de la enfermedad que obligó a las autoridades capitalinas a decretar en septiembre severas medidas para tratar de disminuir los contagios, incluidas la cuarentena y el toque de queda.
Alrededor de 6000 personas han padecido la enfermedad y 123 fallecieron desde que el 1l de marzo se reportaron en Cuba los primeros casos de covid.
El presidente Miguel Díaz-Canel explicó el 8 de octubre, durante una comparecencia televisiva, que el país debía reanimar su actividad económica y social y transitar “a esa nueva normalidad en la cual es posible convivir con la enfermedad con un mínimo de riesgo”.
Se refirió a la “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid-19”, aprobada el 16 de julio por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en el país.
“La estrategia es innovadora, porque implica que lo que aprobamos en los Congresos del PCC (2011 y 2016, respectivamente) lo llevamos a la práctica ajustado al contexto actual, en las condiciones de Cuba, y que rinda beneficios a nuestra economía y, por ende, a nuestra población”, valoró el 12 de octubre Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, en una intervención por televisión.
Economistas y académicos cubanos han considerado demasiado lenta la implementación de los Lineamientos, el programa de reformas económicas aprobado en 2011 en el VI Congreso del PCC y actualizados cinco años después, tras su discusión previa en debates públicos con la ciudadanía.
Las autoridades reconocieron en 2016 que solo se había cumplido el 21 por ciento de los 313 lineamientos y que el resto se encontraba en fase de ejecución.
El también viceprimer ministro Gil destacó que la estrategia económica poscovid incluye, entre varios temas, el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que acoge al emprendimiento privado.
Adelantó como un cambio significativo la futura conformación de un prontuario de actividades prohibidas para el ejercicio de dichas labores, el cual sustituirá la actual lista de 127 autorizadas y que, a juicio de expertos, limita la creatividad, potencialidades y resiliencia de las y los trabajadores autónomos.
El ministro de Economía refirió que la política contempla el fortalecimiento de los mercados mayoristas para el sector cooperativo y privado.
“Todavía resulta insuficiente esa opción. Para el restaurante nos venden un saco de arroz cada dos meses, pero en muchas ocasiones no hay frijoles, azúcar, café u otros insumos para mantener una oferta de comida estable. Muchos productos hay que adquirirlos en las tiendas donde compra la población, con ventas limitadas por el actual desabastecimiento”, lamentó Llas.
El 23 de julio abrió Mercabal, el primer mercado mayorista de alimentos en pesos cubanos (equivalentes a 24 unidades por dólar) para las formas no estatales de gestión, ubicado en el habanero municipio de Plaza de la Revolución.
La experiencia debe extenderse paulatinamente a otros territorios capitalinos y al resto de las provincias, según las autoridades.
Para septiembre estaba prevista la apertura en todas las provincias de una nueva red mayorista para la venta en divisas de alimentos, productos de aseo e higiene, así como otros insumos y materias primas, destinada a las empresas con 100 por ciento de capital extranjero y mixtas, así como a cooperativas y trabajadores privados.
La estrategia poscovid prevé, asimismo, incentivar las importaciones y exportaciones de cooperativas y negocios privados a través de una treintena de empresas estatales autorizadas, así como avanzar en la readecuación del sistema tributario y facilitar trámites para obtener determinados permisos.[related_articles]
En un informe publicado el 6 de octubre con recomendaciones para incentivar las economías en la era poscovid-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sugirió fortalecer la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, así como un aumento de la recaudación tributaria, que como promedio es baja en la región.
Pero este no es el caso de Cuba, con una presión tributaria de 42,3 por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB), muy superior a la media regional, y donde más de la mitad responden a tributos indirectos, aquellos aplicados a transacciones jurídicas, por ejemplo.
Ello, según especialistas, constituye una pesada carga que ralentiza el despegue y creación de riqueza a partir del trabajo autónomo en la isla.
La Cepal pronosticó para Cuba una caída de ocho por ciento del PIB este año, como consecuencia del impacto de la covid, entre otros factores.
“Esperamos con ansias la ley de las pymes (pequeñas y medianas empresas), pues mucho hemos estudiado al respecto y creo que estamos en condiciones de asumir ese reto empresarial”, manifestó García.
El cronograma legislativo cubano prevé la discusión de una Ley de Empresas en abril de 2022, con probables regulaciones, impuestos y garantías para el funcionamiento de entidades estatales y privadas.
La estrategia pospandemia adelanta el camino al definir entre sus principios la complementariedad de actores económicos como las empresas estatales, la inversión extranjera, el sector cooperativo y todas las formas del sector privado, incluidos los trabajadores autónomos y las futuras pymes.
ED: EG
