El combate a la pobreza y el hambre que se incrementan en América Latina y el Caribe con la pandemia covid-19 requiere del empoderamiento económico de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, destacó este jueves 15 un llamado de la FAO y otras 27 instituciones vinculadas a la agricultura y la alimentación.
Ese empoderamiento debe concretarse en regulaciones, políticas y programas que permitan a las mujeres rurales acceder de manera equitativa a recursos productivos, a la protección social, a la capacitación y a la toma de decisiones, indicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El actual contexto requiere de una reacción que responda con urgencia a la covid y a la vez avance hacia el ejercicio igualitario de los derechos de hombres y mujeres, postuló la declaración de la FAO y 27 entidades públicas, privadas y multilaterales de la región con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
La declaración recordó que, durante la pandemia, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes que trabajan en el mundo rural continuaron sus labores para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, en las comunidades rurales y en sus propias familias.
Sin embargo, “realizan sus actividades productivas enfrentando desigualdades como el trabajo informal, la sobrecarga de labores domésticas no remuneradas, y la dificultad para acceder a recursos productivos como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros y capacitación”.
También enfrentan barreras para comercializar sus productos en los mercados, además del incremento de la violencia de género que se ha visto durante la pandemia, recordó el documento divulgado en esta capital.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la pobreza extrema en las zonas rurales podría alcanzar este año la cifra inédita de 42 por ciento, al quedar en esa situación 96 millones de personas en vez de los 68 millones que había en 2019.
De los 10 millones de habitantes rurales cuyos ingresos no alcanzarían siquiera para cubrir necesidades alimentarias básicas, seis millones serán mujeres, según la Cepal.
Ya hace dos años, 8,4 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe experimentaban inseguridad alimentaria severa, en comparación con 6,9 por ciento de los hombres.
En la región 37 países y territorios cerraron sus escuelas, por lo que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en sus casas, necesitados de 24 horas diarias de atención, y 85 millones dejaron de recibir alimentos en esos centros , entre ellos 10 millones que tenían esa comida como la principal de cada día.
Las tareas de cuidado de niños y niñas tradicionalmente recaen en las mujeres, quienes tienen a su cargo 76 por ciento de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, más de tres veces de las que son responsables los hombres, con fuerte incidencia en este caso en el desempeño económico de las mujeres rurales.
Por añadidura, las tensiones dentro del hogar asociadas a la obligación de quedarse en casa están aumentando el riesgo de violencia de género para mujeres y niñas, recordó el documento.
Las 28 organizaciones, que impulsan la campaña #Mujeres rurales, mujeres con derechos, plantearon a los Estados e instituciones propuestas de políticas y tareas, la primera de las cuales es incluir el enfoque de género en la respuesta a la pandemia.
Luego, garantizar diagnósticos desagregados por sexo, edad, grupo étnico, ubicación geográfica y modalidad de empleo, que permitan estimar en mayor medida la vulnerabilidad de las poblaciones rurales.
Pidieron potenciar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, para atender las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables, e impulsar la articulación de programas productivos, de protección social y de fortalecimiento de capacidades orientados a la agricultura de pequeña escala.
También, activar circuitos locales de abastecimiento y comercialización de alimentos y promover la inclusión de las mujeres productoras, promoviendo acciones conjuntas con el sector privado para garantizar acceso a empleo decente y protección social.
Finalmente, en la región se debe considerar como un pilar prioritario de la reactivación económica a la instalación de sistemas de cuidado, educación, alimentación escolar y reducción de la violencia de género, y se debe invertir en el liderazgo de las mujeres e involucrarlas en las estrategias de respuesta a las crisis.
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