En medio de la expectativa de sus simpatizantes por la oferta electoral del “Vivir Bien”, el presidente electo de Bolivia, el economista Luis Arce, tendrá la misión de buscar la fórmula para conjugar tiempos de crisis con “una sociedad justa sin pobreza”, “solidaria y respetuosa”.
En su plan de gobierno 2020-2025, el ganador de los comicios del 18 de octubre con un contundente 55,1 por ciento de los votos según los datos finales del órgano electoral, suministrados el sábado 23, prometió un ciclo de “disfrute y felicidad”.
Pero tras su triunfo, se le hizo una de las preguntas que contrastan con el optimismo y recuerdan que la economía de Bolivia está actualmente en estado de alerta y que sacarla de su actual bache será clave para que este profesional de clase media de 57 años pueda cumplir sus promesas sociales.
¿Habrá devaluación? “En la medida de las posibilidades, por supuesto que no, pero para estar seguro tiene que haber crecimiento económico y medidas de sustitución de importaciones y otras medidas que hemos propuesto con el fin de que no se devalúe”, argumentó el exministro de Economía de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).
En la jornada electoral, 7,3 millones de ciudadanos del país habitado por 11 millones de personas, acudieron a las urnas, un año después que las elecciones generales de 2019 quedaron truncas por denuncias de fraude a favor de Morales.
Tras protestas ciudadanas en Santa Cruz, Cochabamba La Paz y otras ciudades, Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 y vive refugiado en Argentina. Sus simpatizantes califican como un golpe de Estado el retiro de apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas a Morales, que lo forzó a salir del país.
El actual ministro de finanzas, Branko Marinkovic, recomendó a su sucesor una devaluación controlada por el ascenso de las importaciones que dejan en desventaja a los exportadores. El 2 de noviembre se cumplirá el noveno año en que el dólar mantiene una equivalencia a 6,96 bolivianos para la venta al público.
La llegada de Arce, quien asumirá el mandato presidencial de cinco años el 8 de noviembre, sucede en un momento en que este país enclavado en Suramérica espera recuperar la gobernabilidad, con el apoyo en una memoria de los electores que mostraron en las urnas que prefieren atravesar el ciclo que se anticipa difícil, sin sobresaltos.
Quizás por eso las declaraciones poselectorales del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sigue presidiendo Morales desde el exterior, han estado imbuidas más de pragmatismo que de retórica, y llamando a mirar al futuro y dejar las turbulencias del último año en el pasado.
En un análisis del momento, el economista Gary Rodríguez atribuye el “severo impacto sobre el sector productivo, comercial y de servicios, y la sociedad misma” a la cuarentena iniciada en marzo para contener la pandemia de covid-19.
Entre sus apuntes anota el dato del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) que certifica una caída de la economía en 11,11 % durante el primer semestre del ao, la baja más notoria desde los tiempos de hiperinflación, a mitad de la década de los 80.
La actividad de la construcción cayó hasta -50,95%, de acuerdo al INE. “Las obras públicas y privadas se paralizaron totalmente en el mes de abril y, parcialmente, en los meses de mayo y junio”, expresa el informe oficial.
“Los trabajadores y los sectores sociales pobres” pagan el costo de la pandemia y de la crisis, “en resguardo del capitalismo y de las ganancias de los empresarios”, concluye un análisis del investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla), Bruno Rojas.
El Cedla advierte que “una fracción importante” del 73% de la fuerza laboral urbana de Bolivia, sujeta a contratos temporales de trabajo, corre el riesgo de perder su empleo por el cierre masivo de empresas.
El informe del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que entre febrero y agosto de 2020, se perdieron 438 981 empleos y una encuesta de hogares de la institución multilateral explica que, al octavo mes del año, solo 3,2 millones de personas tienen un empleo permanente.
La tasa de desempleo al mes de julio, según el INE, era de 11,8%, con un incremento de 7,9% atribuible a la cuarentena, durante la que 434 000 trabajadores quedaron sin empleo y de ese total, 289 000 quedaron afectados directamente por la suspensión de actividades debido a la emergencia sanitaria.
Del total de 5,8 millones de personas en edad de trabajar, 2,1 millones se encuentran entre la población económicamente inactiva (PEI), vale decir: desocupados, al mes de julio, expresa el INE.
Al nuevo presidente “le tocará responder de forma rápida a aquellas apuestas que ha puesto sobre la mesa en la campaña electoral”, comentó a IPS el analista político Marcelo Arequipa.
Una respuesta inmediata debe estar orientada a generar un millón de nuevos empleos hasta 2025, con una inversión de 13 000 millones de dólares en el sector agrícola, pecuario y agroindustrial, estima Rodríguez en diálogo con IPS.
El especialista recuerda al nuevo gobierno que un programa ambicioso de inversiones requiere condiciones como el uso pleno de la biotecnología en el sector agrario, la libre exportación de excedentes, la apertura de mercados externos y seguridad jurídica ante el avasallamiento de tierras productivas.
Con esa fórmula, Rodríguez estima que es posible incrementar la producción de alimentos de 20 a 45 millones de toneladas.
A diferencia del año 2006, cuando el contexto nacional e internacional estuvo marcado por un crecimiento y expansión económica, en 2020 las condiciones son de una profunda crisis, riesgo e incertidumbre.
“Ganar elecciones en estas condiciones puede entusiasmar electoralmente, pero no políticamente”, describió a IPS el sociólogo Joaquín Saravia.
Anticipa que Arce recibirá una “fuerte presión subjetiva” por la imagen de gestor de un “milagro económico” de quien se espera resultados satisfactorios en salud, empleo y educación.
La forma de manejo de un triángulo del poder que comprende el plan de gobierno, la alta expectativa social y la condición económica de crisis “influirá en la duración y calidad de la gestión del nuevo gobierno”, dictaminó Saravia.
ED: EG
