La transformación digital en la región puede ser un instrumento eficaz para el desarrollo solo si es universal e inclusiva, planteó el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020 difundido este jueves 24 por cuatro organismos internacionales.
Ellos son la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), dedicando el informe de este año a la relación entre tecnologías digitales y desafíos económicos en la región.
La digitalización puede ser “una oportunidad para superar las trampas del desarrollo a las que se enfrenta la región, las cuales se han visto acentuadas durante la pandemia covid-19”, asentó el estudio.
“Las tecnologías digitales han permitido que parte de la población y de las empresas siguiese trabajando o estudiando mientras cumplía las medidas de distanciamiento social”, destacó el informe.
Sin embargo, “pese al progreso registrado en la última década, persisten las brechas digitales entre hogares, trabajadores y empresas, de modo que los segmentos más vulnerables se quedan especialmente atrás”, agregó.
Se plantea que la digitalización universal e inclusiva, es decir, “el uso generalizado de estas tecnologías, puede contribuir a impulsar la productividad, promover la inclusión social y la descarbonización de la economía, apoyando así la respuesta de las instituciones públicas a las crecientes exigencias de los ciudadanos”.
En la región predominan las micro y pequeñas empresas, con escasa productividad, a menudo desconectadas de sus mercados y sin capacidad para absorber el choque generado por la pandemia, y el cual puede llevar al cierre de 2,7 millones de esas empresas, con pérdida de 8,5 millones de empleos.
Por ello, existe el riesgo de que la economía digital origine una mayor concentración del mercado, un aumento de las desigualdades, la pérdida de puestos de trabajo y problemas de privacidad y seguridad.
La primera recomendación del informe es desarrollar ámbitos o “ecosistemas” digitales integrados, con infraestructuras adecuadas para desarrollar la actividad económica.
Junto a ello, atender las brechas digitales, para que los beneficios de esa transformación lleguen a todos, pues por ejemplo en la región 68 por ciento de sus habitantes son usuarios de internet, estando excluido un tercio de la población.
Hay además fuertes diferencias entre los países, pues si Chile roza el promedio de usuarios de la OCDE (37 economías industrializadas y emergentes), de 84 por ciento, en Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua menos de la mitad de la población tenía acceso a internet según datos de 2018 en el informe.
Se recomienda asociar la digitalización al fomento de la productividad, tras reconocer que dos de cada 10 puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización en varios países de América Latina, mientras que otros cuatro podrían experimentar cambios importantes en las tareas que comportan.
En el caso de los trabajadores de las industrias en declive, son fundamentales las políticas de apoyo en la transición hacia nuevas oportunidades de trabajo, pues “todos los segmentos de la población, y especialmente las mujeres, deben adquirir competencias digitales a una edad temprana y a lo largo de toda la vida”.
Entre los trabajadores con menores competencias, según el estudio, la proporción de mujeres sin experiencia informática es mayor que la de hombres.
El informe destina un capítulo a resaltar que las nuevas tecnologías digitales pueden transformar las instituciones públicas y conseguir que “sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras”.
Los redactores consideran que así “se puede contribuir a restablecer la confianza en los gobiernos”, simplificando los complejos sistemas burocráticos y prestando servicios públicos más inclusivos, como los de salud a través de internet o el aprendizaje por medios electrónicos.
Citan una encuesta Latinobarómetro según la cual en la región un trámite demora en promedio 5,4 horas, con variaciones entre los países, ya que un trámite equivalente consume algo menos de tres horas en Chile y 11 horas o más en Bolivia.
Finalmente, el informe considera fundamental que los países de la región coordinen sus políticas digitales y promuevan alianzas internacionales para intercambiar experiencias que garanticen competencias digitales para todos. “La cooperación multilateral jamás había sido tan importante”, concluyó.
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