Agosto fue un mes en que, semanalmente, hubo masacres en Colombia. Treinta y un días de declaraciones confusas. Treinta y un días que marcarán a agosto de 2020 como el mes en el que regresó el terror al país y el gobierno no hizo nada.
Las cifras de asesinatos colectivos del mes de agosto en Colombia son aterradoras, con un total de 47.
El 2 de agosto, en zona rural de la Gabarra, Norte de Santander, masacraron a seis campesinos. El 12 de agosto, en Llano Verde, Cali, masacraron a cinco niños. El 13 de agosto, en Corinto, Cauca, masacraron a dos indígenas. El 15 de agosto, en Samaniego, Nariño, masacraron a ocho estudiantes.
El 18 de agosto, en el resguardo indígena Pialapí, en Pueblo Viejo, masacraron a tres indígenas. El 21 de agosto, en el Tambo, Cauca, masacraron a seis campesinos. El 21 de agosto, en Arauca, masacraron a cinco campesinos. El 22 de agosto, en zona rural de la Guacamaya en Llorente, Tumaco, masacraron a seis campesinos. El 26 de agosto, en la vía que comunica los municipios de Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, masacraron a tres jóvenes. El 28 de agosto, en los Andes, Antioquia, masacraron a tres jóvenes.
Esa es la lista de agosto. Resulta increíble para muchos, pero la realidad, como siempre, supera la ficción.
En lo corrido de 2020, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 185 personas han sido asesinadas en 46 masacres. El siguiente mapa muestra las masacres por departamento y el número de personas que murieron en cada una.
¿Qué está pasando?
En primer lugar, hay, definitivamente, un deterioro en la seguridad del país que se refleja en ataques a la fuerza pública, masacres y combates entre organizaciones criminales. A eso se suma que este año se hizo más evidente la puja entre organizaciones criminales y grupos armados ilegales.
En 2006 se desmovilizaron – al menos en papel – las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, más conocidas como paramilitares. Después de ese desarme, se desencadenó una guerra entre varias organizaciones por el control de los territorios. Luego, en 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz, esos enfrentamientos se recrudecieron hasta llegar al punto de hoy en el que las víctimas son las comunidades.
Pero el gobierno de turno sigue buscando culpables: Santos, la paz, las guerrillas, pero nadie en el Estado busca una solución. La incertidumbre sobre quién está detrás de las masacres solo contribuye a empeorar el panorama.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Iván Duque sigue achacando la violencia a los de siempre.
Como muestra, esta declaración del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en entrevista con El Tiempo: «los masacradores de hoy son los mismos de ayer y por las mismas razones. ExFARC, Ejército de Liberación Nacional, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres”. Pero las cifras indican otra historia.
Según el Centro de Memoria Histórica, aunque todos los grupos han usado las masacres como métodos de control y terror, de las 1982 ocurridas entre 1985 y 2012, el 58% fueron perpetradas por paramilitares (esos mismos que se habían «desmovilizado» en el 2006).
A lo anterior se suma que el conflicto en Colombia y, por lo tanto, sus autores, mutaron. Según Christoph Harnisch, el último jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en entrevista con El País de España, hay, al menos, cinco conflictos armados internos en Colombia.
Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado la última guerrilla del país, que se ha venido fortaleciendo hasta convertirse en el grupo más activo; con la estructura del Clan del Golfo, surgido de los remanentes de los grupos paramilitares; con el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se fortaleció desde 2017; con las disidencias de las FARC, es decir aquellos que se apartaron del Proceso de Paz; y el último entre el ELN y el EPL, que se enfrentan en algunas zonas del país.
Como si todo esto fuera poco, la organización humanitaria reveló que desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 466 casos de desapariciones en el sur del país.
“Homicidios” u “homicidios múltiples”
La cantidad desmedida de masacres en agosto hizo que el mundo volteara la mirada hacia Colombia, incluso en medio de la pandemia de la Covid-19. Eso es solo un síntoma de lo evidente: alguien tiene que actuar.
Obligatoriamente, es al Estado al que le corresponde asumir ese rol. Sin embargo, la reacción gubernamental ha sido, como menos, desalentadora. Aunque las cifras no mienten, el sábado 22 de agosto, cuando el presidente Duque llegó a Chachagüí, Nariño, lugar al que viajó para hablarle a la comunidad del suroeste del país después de la masacre de 8 estudiantes en Samaniego, se refirió a estos hechos como “homicidios”, término que ese mismo día fue refrendado por el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, quien los calificó de “homicidios múltiples.”
A esto se sumó la indignación frente a las declaraciones en Twitter del presidente Duque por el siguiente trino, en el que se concentra en cuántos muertos hubo por violencia entre 2010 y 2018, los años del mandato Santos, en comparación con los muertos entre 2019 y 2020.
Solo con un análisis a simple vista de los datos en la gráfica que mostró el presidente en redes, se puede concluir lo siguiente: al sacar el promedio de víctimas y de casos por año en cada uno de los grupos de la gráfica, es evidente que en el período entre 2010 y 2018 el país tuvo un promedio de 23,6 masacres por año, y un promedio de 109,6 víctimas.
Al hacer el mismo ejercicio para los años 2019 y 2020, es claro que hubo un promedio de 17 masacres por año y de 86,5 víctimas. A bote pronto esto refrenda la afirmación del mandatario. Sin embargo, esta gráfica no cuenta las víctimas del mes de agosto, y el año no termina hasta dentro de cuatro meses. Esto sin siquiera contar la falta de respeto con las víctimas que el trino representa; como si el presidente quisiera lavarse las manos utilizando una gráfica que, estadísticamente, es dudosa.
Si volvemos a las cifras de Indepaz, este es otro caso de confusión en los números del presidente, ya que, en contraste, el centro de investigaciones reporta 46 masacres, no 17, y 185 muertos, no 85, por lo que es de esperar que solo las cifras de 2020 superen con creces las de cualquier año del mandato de Juan Manuel Santos.
Por su parte, en 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas; en 2018, 29 y el año pasado fueron 36. Lo que muestra, de nuevo, el desfase de las cifras presidenciales.
Más allá de las frías cifras, que parece que es a lo que terminan reducidas las víctimas, lo importante es recalcar que las masacres generan terror en las comunidades y son la causa de otro tipo de violencias, como el desplazamiento forzado.
Solo por nombrar dos casos: este año en El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde ha habido cinco masacres, 2600 personas huyeron de sus campos. Asimismo, ayer, 3 de septiembre, hubo un nuevo desplazamiento en Cáceres, Antioquia, como muestran las imágenes a continuación:
Lo cierto es que el gobierno Duque sigue afirmando que la escalada de la violencia es incomprensible, algo que escapa naturalmente a su control. Mientras tanto, los “homicidios” siguen, nadie da una solución y el miedo se apodera de los territorios que son vistos como lugares lejanos, de “realismo mágico”, donde los hechos rebasan cualquier explicación.
La responsabilidad del gobierno es actuar con celeridad y eficacia para esclarecer lo que está sucediendo y llevar a los responsables ante la justicia. La evidente dejación de esta responsabilidad alimenta la impunidad y lo hace corresponsable de este intolerable incremento de las masacres en Colombia, un país que merece otro futuro, otros gobernantes.
Este artículo fue publicado originalmente por democraciaAbierta.
RV: EG
