Cuando se avecina la temporada alta de la labor agrícola en Estados Unidos, miles de trabajadores temporales mexicanos se alistan para trasladarse a los campos del vecino del norte a cultivar alimentos que abastecerán sus mesas.
Pero la pandemia de SARS-Co-2 (covid-19), de la cual Estados Unidos se ha convertido en el mayor foco infeccioso mundial, amenaza con agravar las de por sí precarias condiciones en que esos campesinos labran la tierra, recogen la cosecha y procesan y trasladan frutas y verduras en ese país.
Expuestos a cobros ilícitos por gastos de visado, transporte y alojamiento; explotación laboral, falta de acceso a servicios básicos y vivienda insalubre, los temporeros mexicanos se enfrentan al riesgo de contagio, empujados por la pobreza en sus localidades de origen.
Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del no gubernamental Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señaló a IPS desde la ciudad de Monterrey que la covid-19 acrecienta la persistente violación de derechos de los migrantes temporeros.
“Los programas de visado temporal están llenos de abusos desde que los trabajadores son reclutados en sus comunidades. Sufren fraude, les ofrecen trabajos que ni siquiera existen en Estados Unidos. Es un diseño perverso, una manera en la que los reclutadores y empleadores tienen todo el control. Hay fallas sistémicas que ahora serán más evidentes”, dijo la activista.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros sin calificación y en la década de los 80 estableció las categorías H-2A para el campo y 2B para otras labores, como jardinería, construcción y personal hotelero.
En 2019, Washington, que ya los declaró “esenciales” para su economía, concedió 191 171 visas H-2A y 73557 H-2B a trabajadores mexicanos y en enero y febrero de este año había entregado 27 058 y 6238, respectivamente.
Confluencia de dos urgencias
Ahora, los dos países negocian el envío de miles de jornaleros agrícolas dentro o fuera del esquema H2, a partir de este mismo mes, para salvar las cosechas estadounidenses y para lo cual el gobierno mexicano ha sondeado a expertos para conocer la viabilidad del plan, según investigó IPS.
Los migrantes provendrían de Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y los estados fronterizos y con el plan el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador quedaría bien con su homólogo derechista, Donald Trump, generaría empleo para campesinos en medio de un huracán económico y favorecería el envío de remesas a las áreas rurales.
Por su parte, Trump, forzado por una mayor necesidad de brazos en el campo ante la pandemia y presionado por los empresarios agrícolas, se desdijo de su política antiinmigrantes y el 1 de abril hizo incluso un llamado para que lleguen los jornaleros mexicanos. “Queremos que vengan…Han estado ahí años y años, y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”, dijo.
Las autoridades estadounidenses pueden extender las visas H-2A hasta por un año y el periodo máximo de permanencia es de tres. Luego de ese lapso, el portador debe permanecer fuera del territorio estadounidense al menos tres meses para reingresar con ese mismo permiso.
El 15 de abril, Washington anunció que excepcionalmente permitirá que los jornaleros cambien de empleador, aunque el esquema prohíbe, y puedan quedarse más de tres años.
Los empleos más numerosos recaen en la cosecha de frutas, el trabajo agrícola general, como sembrar y cosechar, y también en las plantaciones de tabaco, según el estadounidense Departamento del Trabajo.
Los jornaleros tradicionalmente provienen de estados mexicanos agrícolas y fronterizos y sus principales destinos son territorios donde domina la actividad agropecuaria y con déficit temporal o permanente de personal.
Jeremy McLean, gerente de Política de la no gubernamental Justice in Motion (justicia en movimiento), con sede en Nueva York, mostró preocupación por las condiciones en las que laboran los migrantes.
Como funciona el esquema, «no va a ser nada fácil seguir recomendaciones de distanciamiento social. Van a llegar cientos de miles de personas y no pueden seguir esas recomendaciones y se van a poner en peligro, puede ser otro momento de infecciones y transmisiones”, alertó a IPS.
“Esa población no cuenta con servicios y seguro médico. Si se llega a contagiar en un lugar aislado, ¿que ayuda pueden recibir?”, planteó desde Nueva York.
El 26 de marzo la embajada estadounidense en México informó que procesaría sin entrevista personal las aplicaciones de los interesados cuyas visas caducaron en los dos años previos o que no la hubieran recibido en ese lapso, ante la presión de la agroindustria estadounidense.
Atrapados y sin salida
La odisea de los trabajadores comienza en México, donde son reclutados por contratistas individuales –trabajadores o antiguos trabajadores de un patrón estadunidense, colegas, parientes o amigos, en sus comunidades de origen- o por agencias privadas estadounidenses.
Si bien el artículo 28 de la mexicana Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970 y reformada en 2019, regula la prestación de servicios de trabajadores contratados dentro de México para labores en el extranjero, no se cumple.
Esa norma obliga al registro de los contratos ante las autoridades laborales, el depósito de una fianza para garantizar su cumplimiento, la responsabilidad del contratista extranjero de asumir gastos de transporte, repatriación, alimentación del trabajador y de inmigración, así como pago del salario íntegro, indemnización por riesgos laborales y acceso a vivienda adecuada.
Además, el trabajador mexicano tendrá derecho a las prestaciones de seguridad social para extranjeros en el país donde esté ofrezca sus servicios.
Si bien el gobierno mexicano podría recurrir a la aplicación del artículo 28 de la ley para resguardar los derechos de los migrantes circulares (que entran y salen de Estados Unidos dentro del programa de visas), se ha negado a aplicarlo.
En su reporte reciente “Tiempo de reforma: abuso de las y los trabajadores agrícolas en el programa de visa H-2A”, la organización CDM, que trabaja binacionalmente, revela que los jornaleros sufren coerción económica, cobros indebidos, fraude, condiciones inseguras, discriminación y acoso, en un esquema de trata de personas.
Reclutamiento sin control
Para Mayela Blanco, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, el problema es la falta de inspección sobre reclutadores y agencias.
“En México sigue habiendo muchos vacíos en los mecanismos de vigilancia e inspección del reclutamiento. Sigue habiendo fraudes. ¿Cada cuánto tiempo inspeccionan? ¿Cómo garantizan que funcionan bien?”, cuestionó a IPS.
En el país están registradas 433 agencias de colocación, distribuidas en diferentes estados, según datos del Servicio Nacional de Empleo. Para traslado de mano de obra al extranjero, funcionan nueve, cifra pequeña al considerar las miles de visas emitidas en 2019.
Por su parte, el Departamento de Trabajo estadounidense reporta 239 reclutadores autorizados en esa nación y que trabajan para un puñado de empresas estadounidenses.
Datos obtenidos por IPS indican que la Secretaría del Trabajo solo efectuó 91 inspecciones en nueve estados durante 2009 y 2019 e impuso 12 multas por unos 153 000 dólares. A algún estado con alto nivel de jornaleros migrantes no hubo visitas.
Además, los registros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no contienen demandas laborales por quebranto al citado artículo 28.
México forma parte del Convenio 96 sobre las Agencias Retribuidas de Colocación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que violaría por los incumplimientos con los trabajadores temporales.
Peña subrayó que persiste un vacío entre Estados Unidos y México en protección laboral y los trabajadores quedan desamparados por esa brecha.[related_articles]
“Países como México ven los visados temporales como una solución a la migración laboral y permiten la explotación de sus ciudadanos. El programa H2 es de migración laboral y a los gobiernos se les olvida que necesitan soluciones bilaterales”, planteó.
Ante la pandemia y sus riesgos, 37 organizaciones pidieron el 25 de marzo al gobierno estadounidense vivienda adecuada con instalaciones para cuarentenas, transporte seguro, pruebas para los trabajadores antes de arribar a Estados Unidos, distanciamiento físico en las granjas y tratamiento pagado para los infectados.
Blanco enfatizó en la falta de mecanismos de justicia y reparación del daño. “Entre más visas haya, más necesidad de vigilancia. México se percibe como país de retorno o de tránsito de migrantes, pero debe reconocerse como lugar de origen de trabajo temporal. Y por eso debe cumplir las leyes de trabajo internacional”, señaló.
McLean planteó la necesidad de una nueva ley estadounidense que garantice los derechos de los jornaleros, sostén vital de su economía, como reafirma la demanda reforzada por el impacto de la covid-19.
“Impulsamos una ley para todos los programas de visas temporales para que haya más información, para evitar fraudes, robo de sueldo. Pero el compromiso de diálogo migratorio es hoy muy difícil en Estados Unidos”, sostuvo.
Pero el viacrucis de los jornaleros no acabará con su trabajo en los campos estadounidenses, pues en octubre tendrán que volver a sus comunidades de origen depauperadas, por las consecuencias de la crisis sanitaria y probablemente con el coronavirus aún al acecho.
Ed: EG
