Con nueve militares, casi todos generales retirados, dentro de un gabinete de 22 ministros, ¿prepara el presidente Jair Bolsonaro un gobierno autocrático o busca asegurarse un poder decadente con guardaespaldas calificados?
La primera hipótesis ganó más fuerza luego de que Bolsonaro alentó, el miércoles 26, las manifestaciones en su apoyo, convocadas por movimientos de derecha para el 15 de marzo.
Las movilizaciones adquirieron un carácter de rechazo al legislativo Congreso Nacional, porque una semana antes el ministro de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, había acusado de “chantaje” a los legisladores por pretender gestionar unos 7000 millones de dólares del presupuesto nacional, para financiar proyectos específicos.
Los “reclamos insaciables” de algunos parlamentarios contrarían el sistema presidencialista brasileño, reduciendo los recursos que maneja el Poder Ejecutivo, explicó luego el general, sin retractarse de la acusación. Trascendió que propuso convocar “al pueblo” a las calles para presionar al Congreso bicameral.
Con ese contexto, las protestas del 15 de marzo agravan la tensión entre los poderes y Ejecutivo y Legislativo, que es permanente desde que comenzó a andar el actual gobierno de extrema derecha, el 1 de enero de 2019.
Esa tensión degenera en conflicto abierto cuando es el mismo presidente quien estimula la movilización y también sataniza al Supremo Tribunal Federal (STF), con atribuciones de garante de la Constitución, como otro obstáculo a la buena marcha del gobierno, opinaron figuras importantes de Brasil.
“Estamos en una crisis institucional de consecuencias gravísimas. Callar es aceptar. Mejor gritar mientras se tiene voz”, reaccionó el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), ante el apoyo de Bolsonaro a la manifestación de sus adeptos.
“Si es confirmado”, con su llamado a los actos contra el parlamento y al tribunal supremo, el presidente “demuestra una visión indigna de quien no está a la altura del altísimo cargo que ejerce” y que “desconoce el valor del orden constitucional”, señaló Celso de Mello, el decano de los magistrados del STF.
“El golpe de Estado de Bolsonaro está en marcha”, advirtió la periodista Eliane Brum en su columna semanal en el diario español El País. Apunta como evidencias la militarización del gobierno, reforzada este mes, y la sublevación de las policías militares (PM) en algunos de los 27 estados brasileños.
El motín de grupos de la PM en el nororiental estado de Ceará, donde ocupan cuarteles, sabotean vehículos de policías civiles y obligan el cierre del comercio con agentes encapuchados, desde el 18 de febrero, desnudaría que gran parte de esos cuerpos armados ya no responden a los gobernadores de los estados, sino al liderazgo de Bolsonaro.
Militarista y defensor de dictadura
La acción de los amotinados sigue el ejemplo de Bolsonaro, que como capitán del Ejército, en los años 80, se alzó contra la disciplina castrense e intentó la explosión de bombas dentro de los cuarteles para reclamar mejores sueldos para los militares, recordó la columnista Brum.
Como político, en sus 28 años de diputado y ahora como presidente, siempre cultivó su electorado entre los efectivos de los cuerpos policiales, defendiendo sus integrantes, incluso cuando cometen delitos o protagonizan exceso de violencia.
Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, comprometidas por la presencia masiva de militares en su gobierno, y de las policías en los estados, Bolsonaro tendría condiciones de fuerza para asumir un poder autoritario.
Pero el poder político no es una cuestión de armas. Sin apuntar soluciones factibles para un conjunto de desafíos nacionales es difícil sostenerse en el gobierno. Es la gran debilidad del llamado bolsonarismo.
En la actual disputa, provocada por el llamado a protestas contra el Congreso y el STF, muchos juristas y políticos identificaron una violación de las normas constitucionales que podrían justificar la inhabilitación del presidente.
Bolsonaro trató entonces de relativizar su papel. Dijo haber compartido el video de la convocatoria con un grupo limitado de amigos en la aplicación de WhatsApp, y no por redes como Twitter y Facebook, que alcanzan millones de seguidores.
“Amotinar la república” seria el objetivo de sus críticos, según adujo. El presidente no atacó al parlamento ni otras instituciones, arguyeron sus ministros y el vicepresidente, también general retirado, Hamilton Mourão.
Pero Bolsonaro siempre defendió la dictadura militar de 1965-1984, sus torturas y asesinatos. En muchas declaraciones menospreció abiertamente la democracia.
Su éxito electoral parece basarse en la síntesis lograda por su discurso brutal, retrógrado y simplón, entre militares, policías, corrientes moralistas, confesiones religiosas ultraconservadoras, sectores del liberalismo económico y multitudes que se sienten marginadas por los avances del conocimiento y del desarrollo.
Las redes sociales le permitieron construir una conexión directa y un bloque con esa gente dispersa, sin posibilidad anterior de organizarse por categorías laborales, territoriales, lazos identitarios, como los de género o étnicos.
Su lenguaje simple, de frases cortas y vocabulario limitado, hace de esos medios de comunicación rápida la conexión ideal para la extrema derecha.
Bolsonaro logró ganar las elecciones sin disponer de espacio en los medios de comunicación tradicionales, no por una perspicacia especial en el uso de las redes sociales, sino por la adecuación del medio a su mensaje y a su audiencia.
No se puede esperar la misma eficacia para las ideas complejas, novedosas y transformadoras, de los sectores progresistas sociales y políticos, que a diferencia de las conservadoras no se fundamentan en presupuestos consolidados y dependen de la creatividad, la inteligencia, la elaboración y la estrategia de comunicación.
Resulta curiosa la cantidad y la devoción de personas que se sienten representadas por un líder como Bolsonaro, celebrado como un “mito” por sus seguidores.
Entre ellos se cultivan creencias irracionales, como la de que la Tierra es plana, el creacionismo y la negación del cambio climático o el homosexualismo como una condición natural. No son creencias de todos los bolsonaristas ni todos los adeptos de ellas son todos bolsonaristas.
Pero la rebelión contra algunos avances de la historia reciente y contra las élites intelectuales parece movilizar a los bolsonaristas como si fuera una misión revolucionaria, la de reponer verdades sepultadas por la ciencia y las costumbres contemporáneas.
El género que no se limita a los dos sexos, el cambio climático antropogénico, el marxismo cultural que domina las artes, las universidades y las organizaciones internacionales son algunos de los demonios a abolir.
El gran escollo es que con los conceptos anacrónicos y el desconocimiento de la complejidad de la sociedad moderna, es prácticamente imposible gobernar con resultados satisfactorios.
El gobierno de Bolsonaro ya acumula muchas frustraciones en sus 14 meses. Hay más de dos millones de personas a la espera de beneficios del sistema de previsión, por la insuficiencia de funcionarios en el órgano del sector.
En la gestión de la beca-familia, el mayor programa de asistencia a los pobres, hay una cola de 3,5 millones de posibles beneficiarios o 1,5 millones de familias, estimó el diario O Estado de São Paulo, basado en datos oficiales.
El programa Médicos por Brasil tiene un déficit de por lo menos un tercio de los 18000 médicos previstos para la atención primaria en el interior del país, desde que los profesionales cubanos abandonaron el programa por decisión de La Habana, ante la manifiesta hostilidad de Bolsonaro, a fines de 2018.
Crisis por luchas contra fantasmas ideológicos se acumulan en educación, ambiente y política exterior, mientras que las reformas económicas se retrasan por las peleas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Esa disputa se alimenta con el hecho de que Bolsonaro cuenta con una exigua bancada en el Congreso y se ha negado a formalizar una coalición legislativa, así que para cada iniciativa o ley requiere construir un apoyo de parlamentarios conservadores. Esa llamada “nueva política”, ha sometido a su gobierno a un récord de derrotas parlamentarias.
El deterioro es inevitable. Muchas acciones y declaraciones de Bolsonaro, como las dirigidas contra los indígenas y el parlamento, violan el decoro y la Constitución. Justificarían procesos de inhabilitación, pero de difícil concreción en el parlamento y ahuyentados por el respaldo de los cuarteles, su escolta militar.
Edición: Estrella Gutiérrez
