La fotografía de la última víctima conocida de feminicidio en México, Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja, según su propia confesión, en que este mutiló el cadáver de forma abominable. Es una fotografía en primer plano de lo que queda del cadáver. Y está en la portada de dos diarios.
Uno de ellos, el diario Pásala, publicó la fotografía de la Ingrid desollada con el título “La Culpa la Tuvo Cupido”, en alusión al himno feminista de Las Tesis. En la misma portada se exhibe una mujer en bikini.
Imágenes abiertas a todo público -niños incluidos– desde los puestos de periódico, las redes sociales o Google.
“Muchas veces las filtraciones vienen del propio personal de la Procuraduría (fiscalía)”, explica Sayuri Herrera, abogada especialista en feminicidios.
“A veces, son los encargados de la carpeta, a veces los peritos que tuvieron acceso al expediente o los policías de investigación que pueden acceder a ellas. En ocasiones, se filtra la información a partir de contactos e incluso se vende”, añade.
¿Pueden los medios de comunicación ser acusados por esta decisión editorial?
“Por lo menos, si ameritaría una demanda por daño moral”, advierte Sayuri Herrera. “Podría proceder por hacer este tipo de filtraciones contra la dignidad de Ingrid tanto como víctima, como con la familia”, añade.
Eso por lo que hace a medios de comunicación, “pero además las responsabilidades administrativas e incluso penales en que incurrieron los servidores públicos, tanto fiscalía como policía”, precisa Sayuri Herrera.
¿Qué ganan al publicar sangre?
En el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se capturó al presunto feminicida, la abogada Verónica Bérber menciona el único fin de publicar tanto las fotografías como el video de la declaración es alimentar el morbo.
La filtración de esas imágenes, que eran absolutamente innecesarias y morbosas, de ninguna manera aportan al esclarecimiento de los hechos. Es únicamente morbo, alimentar el morbo de la sociedad. La filtración del video del supuesto feminicida no tiene ninguna validez legal para el proceso. Ni fue asesorado por un defensor ni estuvo presente su defensor, por ende, no tiene ningún valor probatorio. Fue para alimentar el morbo social, solamente para eso”, subraya la abogada.
La filtración de «las confesiones»
A pesar del que el crimen sucedió el 9 de febrero por la noche, en las redes sociales se pudo percibir la indignación por el feminicidio después de las publicaciones. Al mismo tiempo se difundió un video donde un policía de la Ciudad de México interroga al detenido dentro de una patrulla y antes de llegar al Ministerio Público, hecho que podría armar a la defensa del acusado.
Práctica antigua, administración nueva
Desde administraciones anteriores, un rasgo característico de la fiscalía capitalina ha sido la filtración a la prensa.
Por ejemplo, un de los casos más conocidos fue el del multihomicidio de la Narvarte. En julio de 2015, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril fueron asesinados.
En ese entonces, muchos medios publicaron fotos y versiones de la escena del multihumicidio. Incluso el diario Metro (perteneciente a Grupo Reforma) difundió el nombre de un testigo clave de la investigación.
El diario La Razón publicó diversas versiones de los hechos, todas falsas. Entre ellas, que los asesinatos sucedieron mientras había una fiesta y que los perpetradores y las víctimas se conocían. Acusando así a las víctimas de su propio asesinato.
Organizaciones como Artículo 19 señalaron que las la fiscalía capitalina pretendía desviar la atención con información con las filtraciones a la prensa. En 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación al respecto.
Ese mismo año, Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven de 22 años, fue asesinada por su novio en Ciudad Universitaria. De nuevo, hubo filtraciones, revictimización. Y por supuesto, hubo protestas.
CDHDF recomendó castigar filtraciones
La comisión recomendó que “se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información”.
La fiscalía aceptó la recomendación, pero sigue sin controlar la filtración de fotografías y de información a la prensa de crímenes cometidos en la capital mexicana.
Se acumulan escándalos… y recomendaciones
Uno de los casos más alarmantes es el señalado en la recomendación 09/2019 donde se señala a la Secretaría de Seguridad Pública y a la fiscalía capitalina como responsables de violar los derechos de 57 mujeres víctimas de la violencia entre los años 2016 y 2019 por parte de las autoridades. En al menos 20 de esos casos hubo filtraciones a la prensa.
De las 23 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante 2019, 18 tienen como destinataria a la policía de la Ciudad de México y a la fiscalía local. En varios de los casos el organismo señala la “falta de diligencia y aplicación de perspectiva de genero”, además del “enfoque diferenciado en los casos de crímenes contra mujeres”, “hostigamiento laboral” y “filtración de información en casos de feminicidio”.
Impunidad es garantía de continuidad
Bérber, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explica que mientras no haya sanciones las filtraciones seguirán.
“Este tipo de casos no deben quedar impunes. Debe mandarse un mensaje a estas autoridades que incurren en este tipo de acciones de que son totalmente sancionables y reprochables”.
La defensora añade que la capacitación a los funcionarios públicos es esencial, tanto al primer respondiente como al propio Ministerio Público encargado de la investigación. La capacitación debe llegar a todo el aparato de justicia.
En 2019, la fiscalía otra vez
Durante agosto del 2019 una serie de manifestaciones estallaron en la Ciudad de México. En distintos casos, dos adolescentes denunciaron violación por parte de policías. Las autoridades, de nuevo, filtraron sus datos a la prensa. Una de las demandas tras este caso fue parar las filtraciones por parte de funcionarios públicos a medios. En esas fechas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se comprometió a sancionarlas.
“El tema es la falta de cumplimiento en los compromisos. Ese es el meollo. No es que no se haya planteado la problemática, más bien es la falta de cumplimiento por parte de las autoridades”, responde la abogada Bérber, especialista en derechos humanos.
Tenemos que hablar de la prensa
Ante el tratamiento mediático que se da, Bérber cree importante que se visibilice este fenómeno. Que sí, es necesario señalar que los feminicidios se cometen con una saña mucho mayor a la que podría cometerse cualquier privación de la vida de un hombre. Pero que las filtraciones son absolutamente innecesarias y denigrantes por lo que pueden emprenderse acciones legales en contra de quienes vulneraron así a la asesinada Escamilla y a su familia.
“La prensa debe tener esa ética profesional de saber qué no publicar y cuándo no publicarlo y lo saben perfectamente. No es algo que estemos cayendo en una novedad, muy por el contrario, lo hacen con todo el dolo del mundo porque no ha habido consecuencias”, afirma.
Lo que viene, explica, es que se haga una investigación seria para proceder a la sanción. Y resalta la importancia de esta consecuencia:
“La sanción manda un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que estas conductas no van a ser toleradas. Al final la fiscalía está mandando un mensaje totalmente contrario a lo que se busca, es decir vamos a privilegiar el mensaje político que es: verdad y justicia», añade.
No más MachiNews
En un comunicado, la colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar, lo más pronto posible, cómo se permitieron las filtraciones de Escamilla.
Además condenaron la publicación de fotografías en los medios ¡Pásala! y La Prensa del feminicidio de Ingrid Escamilla:
“Colegas, ¡ya basta! dejen de usar nuestros cuerpos desnudos, sexualizados y/o mutilados para sus contenidos.”
El mensaje no es inocente
Para las PUM la manera en la que los medios abordan la violencia de género es relevante porque contribuye al entendimiento y al posicionamiento de la sociedad respecto del problema, y también a la creación de respuestas y soluciones:
“Si, por ejemplo, los medios fallan en nombrar correctamente el fenómeno, es decir, usan los términos “crimen pasional” o “problema doméstico” en lugar de feminicidio, entonces contribuyen a la errónea percepción de que un feminicidio es un problema individual en lugar de social, y a la creencia de que la violencia contra la mujer no es un delito grave y que las mujeres son culpables o parcialmente responsables de lo que les pase, por eso es tan importante la perspectiva de género”, afirma el colectivo.
PUM ve en los medios de comunicación actores principales para la creación de una realidad a través de la producción de noticias. Estas noticias tienen un peso en la percepción social del crimen y la violencia, en los actores involucrados en dichos delitos (víctimas y victimarios) y en las posibles soluciones a los problemas, ya sea el presionar o no por una respuesta o solución.
“En el caso de la violencia contra la mujer y el feminicidio, los medios de comunicación ayuda a perpetuar la violencia de género porque genera discursos misóginos o (son) una plataforma para difundir esos discursos. El poder de los medios es tal que no sólo influye en la opinión pública, sino que decide qué problemas sociales existen y cuáles no”, asegura.
En cuanto a la perspectiva de género, PUM menciona que en la mayoría de los medios no existe y por ende legitimizan las prácticas discriminatorias en contra de la mujer al adoptar una visión exclusivamente masculina:
“Para los medios, los hombres que son agresivos, dominantes y abusan de sus parejas hacen simplemente lo que se espera de ellos. Mientras que las mujeres que no encajan en el estereotipo de mujer buena y sumisa son consideradas responsables de su propio abuso. Esto, a pesar de que la llamada violencia de pareja es un problema de salud reconocido, y a pesar de que el feminicidio es una causa persistente de muerte para las mujeres”, denuncia PUM.
-¿Por qué siguen existiendo estas prácticas de vender la violencia y reírse de ella?
“La mayoría de los periódicos que informan sobre casos de feminicidios lo hacen en sus secciones policiales. En dichas secciones, los productos que se publican son los llamados artículos de nota roja. Los artículos de nota roja se centran en eventos en los que hay violencia implícita, pero que son inusuales o rompen con el código moral de la sociedad o las leyes.
Por tanto, esta sección está llena de artículos de eventos como siniestros, accidentes, crímenes como robos, violaciones y asesinatos. La nota roja es problemática porque su objetivo es impresionar y entretener, no informar.
No es el género periodístico correcto para cubrir feminicidios, y nunca tendrá cabida para la perspectiva de género. La razón por la que la nota roja “funciona” para los medios es porque la información es vista como mercancía en lugar de como un bien público, y explotar la crueldad es particularmente rentable, responden.
Conavim y el Inmujeres también reaccionan
Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó un comunicado en contra de las publicaciones de las filtraciones en los medios.
El Instituto Nacional de las Mujeres hizo un llamado a “generar contenidos y coberturas informativas éticas y responsables” y exhortó a la prensa a trabajar con rigor y profesionalismo.
En su comunicado, el Instituto recordó a los medios de comunicación que deben aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación (firmado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión). Así como el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.
Por último, convocaron a construir una estrategia para analizar y reformular sanciones a los medios.
“Cuando en el ejercicio mediático atente contra los derechos, la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas”, dijo el Instituto.
También se recalcó que estas medidas no atentan contra la libertad de expresión. Por el contrario, son acciones que “pretenden garantizar la protección jurídica de las víctimas y sus derechos humanos”, sentenció.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página.
RV: EG
