El parlamento de Cuba publicó un amplio programa legislativo de 2020 a 2022, donde no específica cómo enfrentará la violencia de género, en contraste con pedidos ciudadanos y reiteradas declaraciones oficiales sobre la prioridad de este problema.
Luego de la publicación del cronograma en la Gaceta Oficial, el 13 de enero, medios estatales adelantaron también un posible calendario legislativo de 2023 a 2028 para la siguiente legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), con vistas a implementar de la Constitución vigente desde abril de 2019.
El plan de trabajo será ajustado cada año y contempla en ambos períodos 107 leyes, decretos leyes, resoluciones y decretos presidenciales, entre los que quedó fuera el pedido de ley integral contra la violencia de género y todavía se desconoce al menos una hoja de ruta sobre cómo enfrentará ese flagelo al interior de nuevas normas.
“También hoy es un tiempo urgente, sobre todo para aquellas mujeres que están siendo asesinadas, mutiladas, violadas, acosadas…”, dijo a IPS la profesora universitaria Teresa Díaz Canals, una de las cuatro ciudadanas que tuvieron un inusual encuentro al respecto con diputados cubanos.
“Seguras estamos que estos decisores, aún con las mejores intenciones, se encuentran distantes u olvidaron por completo ese dolor”, continuó la investigadora y una de las 40 ciudadanas que el 21 de noviembre de 2019 pidieron a cuatro diputados incluir en el cronograma una ley integral contra la violencia de género.
Con base en el artículo 61 de la nueva Constitución, que establece la obligatoriedad de funcionarios a responder demandas ciudadanas, las firmantes pidieron a cuatro diputados que promovieran la inclusión en el cronograma de una legislación específica para proteger a las mujeres y las niñas, además de educar a toda la sociedad.
Cuatro de ellas fueron citadas para una reunión, el 10 de enero, en la habanera Oficina de Atención a la Población del parlamento, con Arelys Santana, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer; José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; y Madalina Marrero, encargada de la oficina.
Lidia Romero, Liliana Ariosa, Rita María García y Teresa Díaz Canals dialogaron con Santana y Toledo, que fueron dos de los destinatarios de la solicitud, en una cita a puertas cerradas, de la que trascendió una relatoría con base en las notas de estas cuatro ciudadanas y disponible en la plataforma Yo sí te creo en Cuba.
Según la relatoría, los diputados dijeron que una ley integral contra violencia de género no estaría en el cronograma, pero podría incluirse a futuro. Indicaron que la manera de enfrentar jurídicamente el problema no estaba determinada, aunque se especificará en leyes a revisión como el Código Penal y Ley de Procedimiento Penal.
También revelaron que las autoridades perfeccionarán el andamiaje del Estado y fue reactivado el Grupo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, creado en 1997. Enumeraron el trabajo realizado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la única legal para la franja femenina.
Por su parte, las solicitantes hablaron sobre la situación de las mujeres víctimas y opinaron que justo por el trabajo realizado durante décadas por las instituciones estatales y la sociedad civil es el momento para lograr la ley específica o al menos plantearse llegar a ella en 2028.
Confirmaron a IPS que pidieron sin éxito un cronograma de cómo se protegerá de la violencia machista en las 107 normas previstas hasta 2028, entre ellas, el Código de las Familias, Código Penal, Código de la Niñez, Infancia y Juventud; Ley de Educación, Ley de Asociación, Código Civil, Ley de Seguridad Social y de Servicios Policiales.
“No quedó claro cómo van a incluir la mirada de género en las leyes ni dónde queda el resto de las condiciones necesarias para que se eliminen las violencias contra las mujeres, como un sistema de atención con casas de acogida y tratamiento psicológico también para la familia y el victimario”, dijo a IPS la abogada Lidia Romero.
La solicitud llevó por primera vez a la demanda ciudadana un antiguo reclamo del sector académico y varias oenegés en el país de gobierno socialista con un sistema estatalizado y centralizado, donde la mayoría se abstiene de hacer estas acciones por temor a represalias y descalificaciones por parte de las autoridades.
“No tenemos la posibilidad de avanzar con grandes pasos como el contexto social y político lo amerita. De ahí salimos sin la más mínima esperanza de tener otros contactos… todo es tan vertical que se dificulta lograr espacios de diálogo con la FMC, que tiene iniciativa legislativa y pudiera colocar una ley en el cronograma”, valoró.
Hasta el momento se desconoce la postura de la FMC al respecto pero trascendió en la reunión que fue ratificada su potestad para llevar proyectos legislativos al parlamento. Durante años, solo ha trascendido la posición de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba, que propone “transversalizar” en el cuerpo legal.
Medios de comunicación estatales indicaron que el cronograma se conformó con leyes para cumplir la disposición constitucional de elaborar normas para su implementación, el documento programático de las reformas económicas y sociales aprobado en 2016 por el único legal Partido Comunista de Cuba y otras realizadas por los órganos del Estado.
La tendencia en América Latina y el Caribe apunta a realizar leyes específicas de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, logradas hasta ahora en 13 países, aunque un segmento defiende la respuesta de forma transversal en el cuerpo legal vigente. Sin embargo, en todos persiste el reto de garantizar la protección efectiva.
Varios juristas alertaron sobre las pocas posibilidades de que la Solicitud de Ley Integral fuera promovida por diputados, debido a que el parlamento no ha aceptado ninguna propuesta ciudadana de ley, de 1976 hasta el presente, incluidas aquellas que lograron recoger las 10 000 firmas establecidas.[related_articles]
Otras visiones aportaron firmantes de la solicitud, que no asistieron a la reunión y esperan al menos una respuesta escrita en el plazo que se vence el 13 de febrero.
“Un encuentro entre algunas de las firmantes y personas de alto nivel de jerarquía política es, obviamente, un hecho relevante”, balanceó la psicóloga Ailynn Torres. “Muestra a una sociedad civil con capacidad de construir una agenda y ser interlocutora de actores político institucionales”, indicó.
La abogada Deyni Terry consideró que “transversalizar la ley es más fácil y lo que sucede en el común de las normas implementadas en el país”. Pero lamentó que en la reunión no hubo una respuesta escrita, soluciones concretas y quedaron preguntas sin responder.
Con acceso al aborto seguro y grandes avances en participación femenina, Cuba ha quedado a la saga en la respuesta legal a la violencia contra la mujer, aunque instituciones estatales, gubernamentales y oenegés realizan cada año desde 2007 una campaña nacional contra el maltrato hacia las mujeres y niñas.
Según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género-2016, 26,6 por ciento de las mujeres estudiadas ha sido víctima de violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos a la encuesta, mientras otro 39,6 por ciento adicional ha sufrido violencia en algún otro momento de su vida.
Y las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2016 fueron una por semana, en un país de 11,2 millones de personas.
Edición: Estrella Gutiérrez
