Leyes antiaborto castigan sin clemencia a mujeres centroamericanas

Evelyn Hernández, de 21 años, en el centro con camisa rosada, es vitoreada a la salida del juzgado de la ciudad de Cojutepeque, luego de ser absuelta y quedar libre tras una condena a 30 años en 2017 por la interrupción involuntaria de su embarazo. Esa sentencia fue anulada después por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio. La joven pasó casi tres años en prisión y aún permanecen 16 mujeres presas en El Salvador por casos de aborto o complicaciones obstétricas. Crédito: Francisco Campos/IPS
Evelyn Hernández, de 21 años, en el centro con camisa rosada, es vitoreada a la salida del juzgado de la ciudad de Cojutepeque, luego de ser absuelta y quedar libre tras una condena a 30 años en 2017 por la interrupción involuntaria de su embarazo. Esa sentencia fue anulada después por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio. La joven pasó casi tres años en prisión y aún permanecen 16 mujeres presas en El Salvador por casos de aborto o complicaciones obstétricas. Crédito: Francisco Campos/IPS

En buena parte de América Central, una región donde prevalecen draconianas leyes contra el aborto, las posibilidades de cambios en esa legislación no solo son escasas sino que en algunas naciones la situación podría deteriorarse aún más.

La fuerte influencia de grupos políticos y económicos conservadores, conectados con el enorme peso que tiene la Iglesia católica y los credos evangélicos en las decisiones de Estado, junto con patrones culturales machistas, son algunas de las razones que explican que tres de los seis países centroamericanos tengan rigurosas leyes antiaborto, coincidieron activistas a favor de los derechos de las mujeres que consultó IPS.

“Las organizaciones de mujeres no tenemos esa fuerza, los recursos ni el poder político para poder enfrentar toda esta avanzada. Lo hacemos, y nos enfrentamos, pero es una avanzada muy fuerte”, explicó desde Tegucigalpa la hondureña Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres.

En Centroamérica, con 48 millones de habitantes, tres de sus seis países –El Salvador, Honduras y Nicaragua- poseen códigos penales que criminalizan con cárcel a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo o incluso las que sufren abortos espontáneos por emergencias obstétricas.

Eso implica que practicarse un aborto es ilegal aun en los casos de violaciones, incestos o cuando la madre corre riesgo de muerte, entre otras causas.

En tanto, Guatemala permite una excepción, la de preservar la salud de la mujer, aunque Fonseca advirtió que esa nación podría enfrentar un retroceso si sigue ganando terreno la arremetida de lo que consideró grupos ultraconservadores del país.

Esos grupos, añadió, estarían vinculados con el presidente electo, Alejandro Giammatei, el ganador de las elecciones del pasado 11 de agosto.

“Ojalá que Guatemala no caiga en la desgracia de retroceder”, subrayó.

Pero de todos los países del área, es El Salvador, particularmente, el que ha acaparado en los últimos años los titulares de la prensa internacional, y la atención de grupos de derechos humanos, porque la justicia salvadoreña no vacila en encarcelar hasta por 30 años a mujeres por casos de abortos.

Si bien Honduras y Nicaragua poseen también leyes igualmente estrictas, El Salvador es el único de los tres que ha encarcelado a mujeres por interrumpir el embarazo, incluso en casos en que no responde una decisión voluntaria.

“Por suerte no tenemos esas penas tan vergonzosas como las tiene El Salvador”, explicó Fonseca.

Agregó que si bien en Honduras 47 mujeres han sido procesadas judicialmente por abortos en los últimos tres años, ellas han recibido medidas sustitutivas de la cárcel, algo que permite la legislación cuando las penas son menores, seis años en el caso de abortos.

Esas medidas incluyen pagos de multas, trabajos comunitarios y presentarse al juzgado respectivo periódicamente para firmar un documento que de fe de que no se han ido del país.

Mientras en El Salvador, las mujeres, generalmente jóvenes, rurales, pobres, con poca educación, prácticamente ven truncadas sus vidas y sus aspiraciones, una vez enfrentan una situación como esa.

El último y resonante caso ha sido el de Evelyn Hernández, una joven de 21 años que permaneció en prisión por casi tres años, purgando una pena de 30 años, y que el 19 de agosto fue dejada en libertad por un tribunal de la ciudad de Cojutepeque, a 40 kilómetros al este de San Salvador, en el central departamento de Cuscatlán.

Hernández, cuyo embarazo fue fruto de una violación, fue condenada en 2017 por lo que ella siempre defendió que había sido una pérdida espontánea del feto.

Pero luego de que la  defensa interpusiera recursos de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, esa instancia anuló la sentencia y se ordenó realizar un nuevo juicio, gracias a la cual recuperó ahora su libertad.

Los acusadores “no pudieron probar que ella actuó con dolo, con intención de matar a la criatura, y uno de los principios es que ante la duda, prevalece el derecho de la persona imputada”, dijo a IPS Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

La legislación salvadoreña establece, desde 1999, que las personas son reconocidas como tales desde la concepción.

La recién liberada Hernández, se convirtió en el más reciente triunfo de colectivos feministas locales cuyas abogadas defienden casos de mujeres en prisión por abortos o complicaciones obstétricas.

Con ella, son 42 mujeres las que han sido liberadas en los últimos años.

Esas organizaciones pugnan también por modificaciones en el código penal para flexibilizar las leyes y permitir casos excepcionales, como violaciones, cuando corre peligro la vida de la mujer o en malformaciones fetales que le impedirán vivir fuera del útero.

Sin embargo, la lucha por esos cambios parece ir cuesta arriba, a juzgar por la desfavorable correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que desde el 2016 no ha analizado un proyecto de ley, promovido por colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, que plantean la despenalización del aborto en esas excepciones.

“En este momento la correlación política en la Asamblea apuntaría a que es muy difícil lograr consenso parlamentario que apruebe la reforma de la ley”, subrayó Herrera a IPS.

Sin embargo, añadió que no ve imposible de lograrlo a mediano plazo.

Aún quedan en las cárceles salvadoreñas unas 16 mujeres, 15 purgando penas de 30 años, y una, de 35, informó.

También el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés), pidió en 2017 al gobierno salvadoreño “agilizar la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto”.[related_articles]

Por casi dos décadas, agregó el organismo de las Naciones Unidas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos, imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y al personal médico.

En efecto, los médicos y enfermeras de los centros de salud y hospitales se ven presionados a denunciar a mujeres que llegan con casos de aborto, pues de lo contrario pueden ser considerados cómplices.

La prohibición absoluta, acotó, ha resultado en el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio, y condenadas hasta por 40 años de prisión.

Por su parte, Fonseca explicó que en su país, Honduras,  se perdió una oportunidad de oro de cambiar la legislación en 2017, cuando los diputados tuvieron la posibilidad de establecer algunas excepciones en la discusión de las reformas al código penal.

Sin embargo, y aunque la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo con los cambios planteados por la organizaciones de mujeres, al final votaron en contra, dijo.

De modo que, ahora esos tres países centroamericanos conforman la exigua lista mundial donde se prohíbe el aborto en todas sus formas, y que dentro de América Latina también incluye a República Dominicana.

Pero no siempre fue así.

El Salvador, para el caso, modificó su legislación en 1998 para que el aborto fuera penalizado en todas sus formas. Antes de eso se permitía la interrupción del embarazo por  algunas causas terapéuticas.

También en Nicaragua, el aborto terapéutico estuvo despenalizado desde 1893 y hasta 2006, cuando una alianza del desde un año después gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional con grupos de derecha estableció un pacto político-religioso con la cúpula católica para prohibir el aborto en forma absoluta.

En contracorriente de sus vecinos, Costa Rica y Panamá mantienen reducidas causales terapéuticas en que se permite el aborto voluntario, y en los dos países hay movimientos para ampliar esas excepciones.

Edición: Estrella Gutierrez

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

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Electrificación: los desafíos y la ‘letra chica’ de la propuesta estrella de la COP31 ANTALYA, Turquía – A un día del cierre oficial de la COP31, las discusiones siguen estancadas en temas claves, como el financiamiento, el mecanismo de transición justa y la meta de aumentar la participación de la electricidad en la demanda final de energía, de poco más de 23 % actual a 35 % para 2035, una iniciativa emblemática de la presidencia de la cumbre climática, como parte de la Agenda de Acción. Si bien la denominada meta “35 al 35” no forma parte de las negociaciones formales, la presidencia de Turquía y Australia han apostado por impulsar este compromiso y buscar que sea incluido en la “decisión de portada” (cover decision), un documento político general de la cumbre que recoge los principales mensajes, prioridades y acuerdos alcanzados. 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Hasta el cierre de esta edición, la meta 35×35 sumaría 75 adhesiones, según la agencia nacional de noticias de Turquía, aunque aún no existe una lista oficial de adherentes Entre los países que han expresado su respaldo figuran Etiopía, Kenia, Uganda, Togo y Zambia, además de los 27 miembros de la Unión Europea. De América Latina figuran países como Chile y Uruguay. Desde Antalya, la ministra del Medio Ambiente de Chile, Francisca Toledo, confirmó el respaldo del país sudamericano a este compromiso global: “Es una señal relevante y consistente con los avances que ha desarrollado Chile en esta materia en los últimos años. Por eso, como país, hemos decidido suscribir este compromiso global”.  Chile planteó a la Presidencia de la COP31 una serie de aspectos que considera fundamentales, como avanzar en la descarbonización de la matriz energética, reconocer las circunstancias nacionales, y los beneficios climáticos y económicos de electrificar “los distintos sectores de la economía cuando este proceso avanza en paralelo con una generación eléctrica cada vez más limpia, basada en energías renovables”. Cabe destacar que la meta de alcanzar una electrificación del 35% para 2035, junto con los objetivos ya existentes de duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables, son consideradas como claves para una transición alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global al 1,5 °C. Esto ya que la electrificación puede reemplazar el uso de combustibles fósiles, mientras las energías renovables proporcionan electricidad limpia y la eficiencia reduce la cantidad de electricidad necesaria.  “La electrificación es un tercer pilar de la transición energética, junto con las energías renovables y la eficiencia energética. Los objetivos de la COP28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar el ritmo mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030 ayudan a crear las condiciones para una electrificación limpia”, explica Judit Hecke, codirectora de Responsabilidad Global en el NewClimate Institute y miembro del equipo de Climate Action Tracker, especializada en la transición energética con énfasis en la electrificación. La electrificación también se vincula con la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles (TAFF), presentada por la presidencia brasileña de la COP30, que aborda cómo la aceleración de la electrificación, junto con la electricidad renovable, combustibles sostenibles y otras soluciones energéticas, sienta las bases para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Si estos esfuerzos se llevan adelante por separado, la capacidad renovable puede expandirse mientras el uso de petróleo en el transporte continúa aumentando, o la creciente demanda de electricidad puede prolongar el funcionamiento de las centrales de carbón y gas fósil”, asegura Pablo Blasco Ladrero, analista de políticas climáticas y energéticas en el NewClimate Institute y miembro del equipo del Climate Action Tracker, especializado en indicadores sectoriales alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En su reciente informe, Climate Action Tracker describe la meta 35 al 35 como un hito importante, pero no como el destino final. Blasco Ladrero detalla que “en las trayectorias alineadas con 1,5 °C que evaluamos, la electrificación directa alcanza entre el 34% y el 41% en 2035. Esto sugiere que la meta 35 para 2035 es la adecuada, pero debería considerarse más como un piso de ambición que como un techo”. Según Climate Action Tracker, alcanzar la meta requeriría que la participación de la electricidad aumentara casi cuatro veces más rápido que su ritmo histórico. Las políticas actuales la situarían en torno al 28% en 2035, siete puntos porcentuales por debajo del objetivo. Para 2050, se proyecta una participación de entre el 54% y el 68%, lo que exigiría seguir transformando el transporte, los edificios y la industria, junto con descarbonizar el suministro eléctrico. “La prueba práctica para la ambición de la COP31 es si los gobiernos la traducen en planes nacionales que vinculen las metas sectoriales de electrificación con el despliegue de generación renovable, las medidas de eficiencia, la inversión en redes eléctricas y los hitos claros para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Esos planes también deben abordar la asequibilidad y apoyar a los trabajadores y las comunidades afectados por la transición”, agrega Hecke. Electricidad para un mundo en llamas Una de las claves para mitigar la crisis climática es la transición energética, es decir, pasar de un sistema dependiente de los combustibles fósiles a uno basado en energías renovables. Esto no solo implica generar electricidad limpia, sino también reemplazar el uso directo de petróleo, gas y carbón por electricidad de bajas emisiones en sectores como el transporte, la calefacción y la industria. Este proceso, conocido como electrificación, es fundamental para reducir las emisiones en un mundo que está a punto de superar el umbral crítico de 1,5 °C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales. “La electrificación significa reemplazar el uso directo de combustibles fósiles por electricidad para proporcionar servicios como movilidad, cocción de alimentos y calefacción. En los hogares, esto podría significar cambiar las cocinas a gas por cocinas eléctricas, o las calderas a gas por bombas de calor. En el transporte, podría implicar reemplazar los vehículos con motores de combustión interna, que funcionan con gasolina y diésel, por vehículos eléctricos de batería. En la industria, una bomba de calor industrial puede proporcionar calor para procesos que, de otro modo, dependerían de una caldera alimentada con combustibles fósiles”, explica Blasco Ladrero. Línea de transmisión eléctrica – Foto Andrey Metelev / Unsplash.jpg Aunque la electrificación tiene varios beneficios, la investigadora en POLEN Transiciones Justas, Jessica Arias, los resume en dos: “Primero, es la forma más eficiente de consumir energía y necesitamos que el mundo sea cada vez más eficiente para poder aplanar la demanda total y poder empezar a bajar los fósiles. La segunda es que es la única forma de reducir la demanda de combustibles fósiles en el mundo. Es la única, sobre todo en los países en vía de desarrollo”. De esa manera, no solo se reducirían las emisiones que tienen al planeta en jaque. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la electrificación con energías renovables y los cambios en el transporte pueden mejorar la salud, el empleo y la equidad. Por otro lado, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la segunda gran crisis de suministro energético de esta década, lo que pone de relieve, una vez más, el riesgo de la dependencia de combustibles importados. Hecke puntualiza que “cuando la electricidad se genera a partir de recursos renovables nacionales, la electrificación también puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, la exposición a la volatilidad de sus precios y la contaminación atmosférica”. Electrificar en la práctica: transporte, edificios e industria Una de las principales formas de reducir las emisiones que sofocan al planeta es reemplazar la quema de combustibles fósiles en el transporte, los edificios y la industria con electricidad proveniente de fuentes renovables. De acuerdo con la IEA, el mayor potencial se encuentra en el sector del transporte, impulsado por la reducción del 90% en los precios de las baterías de iones de litio desde 2010. Para hacerse una idea, los autos, motocicletas, camiones y autobuses eléctricos, en conjunto, evitan una demanda de petróleo de alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Esta cifra supera la cantidad que evitó el Estrecho de Ormuz a través del oleoducto Habshan-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2026, lo que constituyó un salvavidas para los mercados petroleros. Por su parte, los edificios ofrecen un gran potencial para electrificar la calefacción y el calentamiento de agua. El sector ya está bastante electrificado debido al rápido crecimiento de los usos finales que solo funcionan con electricidad, como la refrigeración, los electrodomésticos, los centros de datos y los equipos de tecnología de la información. Pese a lo anterior, las tasas de electrificación son mucho más bajas para la calefacción, que puede satisfacerse con múltiples combustibles contaminantes.  En cuanto a la industria, los sectores clave con potencial de electrificación a corto plazo incluyen al textil, el procesamiento de alimentos, la pulpa y el papel, y parte de la producción de productos químicos. El análisis de la IEA indica que alrededor del 40% del consumo de energía en la industria – ya sea en aplicaciones de baja y media temperatura- puede electrificarse de manera rentable. Esto tiene especial relevancia en América Latina y el Caribe, una región que generó el 65% de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2025, muy por encima del promedio mundial, pero que avanza más lento en la descarbonización de los usos finales. Así lo explica Alfonso Blanco, director del Programa de Energía y Clima del Inter American Dialogue y director de Operaciones de Fundación Ivy: “La región ha avanzado más en incorporar generación renovable que en sustituir combustibles en usos finales. Más de la mitad de la electricidad proviene de fuentes renovables, pero representa apenas alrededor de una quinta parte de la energía final utilizada. El transporte sigue dependiendo principalmente del petróleo y persiste el uso directo de combustibles en edificios e industria”. Blanco sostiene que la movilidad eléctrica está creciendo, mientras que las bombas de calor y la electrificación de procesos industriales tienen un desarrollo limitado. “Las principales barreras son la inversión inicial, el acceso al financiamiento, las tarifas subsidiadas de combustibles y las restricciones de las redes”, añade el exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Respecto a la meta 35×35 y los distintos niveles de electrificación en América Latina, Arias sostiene que “cada país y cada región tendría que tener submetas a ritmos distintos”. Para alcanzar el 35% global, explica, los países del Norte global tendrían que superar esa cifra, ya que “a los del Sur global no nos va a dar”. Por ello, espera que la decisión final de la COP31 reconozca que cada país debe establecer objetivos acordes con su punto de partida, sin que todos tengan que alcanzar necesariamente el 35%. En definitiva, se requiere de una serie de factores para potenciar la electrificación, de acuerdo con las realidades de cada país y región del mundo. Pero, como advierte Climate Action Tracker en su reciente análisis, el aumento del consumo de electricidad no significa necesariamente que los combustibles fósiles estén siendo desplazados. “La electrificación será renovable o no será” Una de las principales discusiones en torno al “35 al 35” es el origen de esa electricidad y en qué medida permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Recordemos que el petróleo, carbón y gas también se usan para la generación eléctrica. Ese dilema tampoco lo resuelve el segundo borrador de la decisión de portada, publicado por las presidencias de la COP31 este 19 de noviembre. En su párrafo 36, el texto llama a los países a aumentar la participación de la electricidad en el consumo final total de energía hasta el 35% a nivel mundial para 2035, como complemento de los esfuerzos por triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa media anual en la eficiencia energética para 2030, pero no hace referencia a que sea una electrificación basada en renovables.  La misma hoja de ruta de la presidencia de la COP30 indica que la eficiencia de las tecnologías eléctricas de uso final también se mantiene cuando la electricidad se genera en gran medida a partir de combustibles fósiles. Según el documento, esto “sugiere que la electrificación no tiene por qué esperar a la descarbonización del sector eléctrico, y que ambas pueden avanzar en paralelo según las circunstancias nacionales”. Pero, tal como indica un reporte de Climate Analytics, si bien la electrificación puede reducir las emisiones desde ya, incluso con la matriz eléctrica actual, solo logra reducciones de emisiones al ritmo y a la escala necesarios cuando se alimenta con electricidad renovable. De hecho, alcanzar la meta del “35 al 35” sin que toda la electricidad adicional sea renovable agregaría al menos 0,1 °C al calentamiento global a mediados de siglo, lo que aumentaría los impactos climáticos y el riesgo de cruzar los puntos de inflexión. En esa línea, Blasco Ladrero ejemplifica: “Un automóvil eléctrico utiliza mucha menos energía por kilómetro que un automóvil convencional, por lo que el cambio puede reducir las emisiones incluso si la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un argumento a favor de electrificar sin descarbonizar la generación eléctrica: ambos procesos deben ocurrir para lograr las rápidas reducciones de emisiones que se necesitan”. En paralelo, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA),  asegura que la discusión en torno al 35×35 ha dejado cosas por fuera, por ejemplo, “cómo se van a trazar rutas de cooperación para ampliar la electrificación a nivel regional. Además, deja por fuera la responsabilidad histórica, de cómo la transición justa o el financiamiento completo para la transición justa no puede salir de quienes han contaminado menos”. Restrepo alerta sobre otro debate que no aparece con frecuencia en las negociaciones o en la Agenda de Acción de la COP: el aumento del consumo de energía. “La gente está consumiendo más, el sector industrial está consumiendo más, los centros de datos están consumiendo más (…). Entonces, cuando hablamos de la electrificación sin hablar de una reducción de la dependencia fósil o de la demanda, lo único que estamos haciendo es añadir energía al sistema y aumentar las renovables, pero porque los fósiles tampoco dan abasto para aumentar tanto la demanda. Si no se reduce la demanda, no vamos a estar transitando. Lo que estamos haciendo es adicionando, pero no transitando”, asegura. Civil society actions throughout the day Photo © UN Climate Change – Kiara Worth.jpg El futuro en la “Era de la electricidad” Según el Foro Económico Mundial, la demanda mundial de electricidad crecería unos 1.100 teravatios-hora anuales hasta 2030, un 50% más rápido que el promedio de la década anterior. Sin embargo, la infraestructura no avanza al mismo ritmo: más de 2.500 gigavatios de proyectos renovables, de almacenamiento y de grandes consumidores siguen a la espera de conectarse a las redes eléctricas. Por ello, existen una serie de condiciones para habilitar la denominada “Era de la electricidad”. “Se necesita planificación que coordine los nuevos consumos y aumento de la demanda con las inversiones en generación, transmisión y distribución. Se deben establecer reglas adaptadas a una nueva era eléctrica no fósil, facilitar esquemas de financiamiento y revisar los incentivos y subsidios que favorecen a los combustibles fósiles frente a tecnologías eléctricas más eficientes. Los permisos de los proyectos de infraestructura habilitante para una mayor electrificación son parte también del camino crítico”, asevera Blanco. Para ello, es fundamental traducir la ambición global del 35×35 en metas sectoriales y nacionales concretas para respaldar el desarrollo y la implementación de políticas domésticas. Para Hecke, “la cifra del 35% es un hito colectivo a escala mundial. Los gobiernos deberían establecer metas nacionales y sectoriales que reflejen su estructura económica y sectorial, la demanda energética prevista y sus prioridades en materia de acceso y asequibilidad de la energía”.  Por ello, desde Climate Action Tracker proponen que los gobiernos evalúen los avances hacia la meta 35×35 a través de cuatro niveles complementarios de seguimiento: primero, medir la participación de la electricidad en el consumo final de energía a escala nacional; segundo, observar cómo evoluciona esa proporción en sectores específicos, como el transporte, los edificios y la industria; tercero, monitorear la incorporación de tecnologías que permiten sustituir el uso directo de combustibles fósiles, como los vehículos eléctricos, las bombas de calor y las cocinas eléctricas; y, finalmente, evaluar si se están expandiendo al ritmo necesario las condiciones que hacen posible esta transición, como la generación renovable, las redes eléctricas, el almacenamiento y la flexibilidad del sistema. Members of civil society demonstrate in the corridors Photo © UN Climate Change – Kubilay Ciftci.jpg De esa forma, una mayor electrificación basada en energías renovables podría reducir costos operativos, emisiones y contaminación, mejorar la competitividad y disminuir la dependencia de combustibles importados. Sin embargo, también requiere una transición justa que considere los impactos socioambientales de la transición y de la extracción de minerales para estas tecnologías. En ese sentido, Blanco subraya que esos beneficios no se distribuyen automáticamente. “Se deben priorizar servicios de alcance colectivo, facilitar financiamiento para hogares de menores ingresos y pequeñas empresas, y asegurar que los ahorros se reflejen en tarifas y costos de los servicios. El acceso a equipos eficientes y a un suministro confiable debe formar parte de la política de electrificación. Todo lo anterior refiere a la necesidad de políticas públicas activas orientadas a la electrificación”, sentencia.

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