En sus primeros siete meses y medio de gobierno, se acumulan las acciones del presidente Jair Bolsonaro, adoptadas como retaliación a personas o instituciones que le molestan, componiendo lo muchos en Brasil definen como “gobernar por el odio”.
Pero encararlas como “actos personales reduce la complejidad del proceso” e ignora que “producen un sentido social y político para legitimar sus propias propuestas, fortalecer determinados grupos de apoyo y deslegitimar a los que piensan distinto”, advirtió a IPS Frederico Costa, presidente de la Asociación Brasileña de Psicología Política.
“Son síntomas de una visión del mundo” que incluyen el “rechazo al diálogo, a lazos” con otras personas y países, la “descalificación y ‘eliminación’ de los que no me gustan, del ‘otro’ que no me interesa”, acotó Margareth Arilha, psicoanalista lacaniana e investigadora del Núcleo de Estudios de Población de la Universidad de Campinas.
“No distraerse en situaciones menudas, para no perder todo el paisaje, los rumbos de la cultura política”, recomendó ante esos manejos del presidente de extrema derecha.
Especialistas en comunicación digital y guerras culturales sostienen que hay un método detrás de las diatribas casi cotidianas con que Bolsonaro desvía la atención y se asegura la fidelidad de sus adeptos, en particular los más sectarios.
Pero si ese es el caso, el mandatario parece por lo menos exagerar en venganzas personales que amenazan con reducir demasiado su popularidad y meterlo en líos judiciales.
José Augusto Morelli tuvo la mala suerte de aplicarle una multa por pesca ilegal al entonces diputado Jair Bolsonaro, el 25 de enero de 2012 en Angra dos Reis, a unos 160 kilómetros al oeste de Rio de Janeiro.
Cumplió su deber de funcionario del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la autoridad del sector, pero eso le costó, parece, su destitución como jefe del Centro de Operaciones Aéreas de Protección Ambiental, el 28 de marzo de 2019, antes de cumplir Bolsonaro tres meses en el poder.
La multa fue de 10.000 reales (algo más de 5.000 dólares al cambio de entonces), por pesca de anzuelo en la Estación Ecológica de Tamoios, en la bahía de Angra dos Reis.
Bolsonaro recurrió hasta al Supremo Tribunal Federal para anular la acusación de delito ambiental y amenaza convertir esa área de conservación, creada en 1990 para proteger la biodiversidad alrededor de las dos centrales nucleares allí instaladas, en una “nueva Cancún”, el famoso polo turístico mexicano.
Las multas, sean ambientales o de tránsito, son un blanco general del presidente que prometió abolir la “industria de multas”, pese a la opinión mayoritaria más preocupada por preservar el ambiente y reducir los accidentes viales, que en 2017 provocaron la muerte de más de 34.000 personas e hirieron centenares de miles, según el Ministerio de Salud.
Una retaliación presidencial más inmediata y cruel sufrió Felipe Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB, en portugués) e hijo de un desaparecido político, víctima en 1974 de la dictadura militar (1964-1985).
Bolsonaro dijo públicamente el 29 de julio que podría contarle a Santa Cruz como “desapareció” su padre. Luego sostuvo que él murio “ajusticiado” por sus propios compañeros de la Acción Popular, grupo clandestino de origen católico que luchó contra esa dictadura.
Esa es una versión usual de la represión política en un intento de encubrir asesinatos bajo tortura en aquel período. Pero en este caso está desmentida por documentos oficiales, incluso de las Fuerzas Armadas que demuestran que Fernando Santa Cruz fue detenido por militares en febrero de 1974.
Entonces su hijo Felipe tenía dos años y Bolsonaro iniciaba el curso para hacerse oficial del Ejército, que dejó como capitán en 1988 para meterse en la política.
Remover esas heridas fue la forma del excapitán de acentuar su queja contra la OAB, que en su opinión obstaculizó la investigación policial que podría condenar por intento de homicidio a Adélio Bispo, quien lo acuchilló el 6 de septiembre de 2018, durante un mitin electoral en Juiz de Fora, 164 kilómetros al norte de Rio de Janeiro.[related_articles]
La OAB impidió a la policía romper el secreto de las comunicaciones telefónicas de los abogados de Bispo, una medida que podría, según Bolsonaro, desvelar la conspiración para asesinarlo, posiblemente involucrando a grupos de izquierda.
Hubo una retaliación adicional contra Santa Cruz. Su bufete vio cancelado de inmediato contrato con la empresa petrolera estatal Petrobras, en un acto neto de “persecución política”, según el abogado, ya que no hubo justificación y no se podría alegar ineficiencia.
El año pasado los abogados de su bufete triunfaron en un proceso judicial que ahorró cerca de 5.000 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares) a Petrobras en pagos laborales.
Como una “retribución” a las críticas de la prensa, justificó Bolsonaro el decreto presidencial que desde el 6 de agosto exime a las empresas de capital abierto de publicar sus balances en medios impresos.
No hay otra explicación, ya que en abril se aprobó una ley con el mismo fin, pero fijando un plazo hasta fin de 2021 para la adaptación de los diarios a la nueva realidad.
El golpe será más duro para Valor Económico, el principal diario económico brasileño donde escriben algunos de los mejores analistas políticos y, por lo tanto, críticos con el gobierno. Pero alcanza indirectamente al mayor grupo de comunicación del país, Globo, propietario del diario.
Bolsonaro demostró desde cuando era diputado (de 1990 a 2018) que “identifica como enemigo a destruir quienes no piensan como él”, su “discurso autoritario” suma tres dimensiones, señaló Costa.
Primero, no reconoce derechos de las minorías, como indígenas, “quilombolas (miembros de comunidades afrodescendientes)” y homosexuales.
Además defiende una revisión de la historia, con negación de la dictadura militar y legitimación de la tortura, como “necesaria ante la amenaza comunista”, y por último rechaza datos científicos que “fundamentan políticas públicas”, sin oponerles argumentos válidos, detalló el presidente de la Asociación Brasileña de Psicología Política.
El ejemplo más reciente fue alzarse contra el gubernamental Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), un ente estatal respetado en todo el mundo, que apuntó un aumento de 88 por ciento en la deforestación amazónica durante junio, en comparación con junio de 2018.
Son datos “mentirosos”, acusó Bolsonaro, provocando la reacción del entonces director del INPE, Ricardo Galvão, que calificó de “cobarde y pusilámine” la actitud presidencial de difamar públicamente a científicos de prestigio, y fue destituido algunos días después.
“Lo más preocupante”, según la psicoanalista Arilha, es la interrupción e reversión del “proceso de ampliación de las libertades, de inclusión social y de búsqueda de la ética y ciudadanía” que Brasil vivió desde los años 90.
“Ahora se trata de restringir libertades, movimientos de autonomía, diálogos, alternancias y contrapuntos”, lamentó a IPS.
Edición: Estrella Gutiérrez
