La comunidad otomí de Huitzizilapan, en centro de México, demandó que les regresen su bosque, expropiado hace cinco años para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.
El plazo del constructor para terminar la obra venció el 29 de mayo sin que se haya concluido, aseguran representantes de la comunidad indígena de ese pueblo indígena que habita en forma dispersa por territorios del centro del país.
Hace cinco años el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a través de un decreto presidencial, expropió 6.938.7 hectáreas de la comunidad San Lorenzo Huitzizilapan, en el estado de México, para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.
Ahora la comunidad otomí que vive en el pueblo le exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la devolución de sus tierras, tras concluir los cinco años de plazo que se le otorgó a la empresa Constructora Teya –filial de Grupo Higa– para terminar de construir carretera.
“En los últimos recorridos que se han hecho; que son hace siete, ocho días; constatamos que en unas partes del trazo carretero no se ha empezado a construir, otras partes está al 20, al 40, al 50 por ciento, hay partes donde ya hay una plancha asfáltica, pero ya está en muy mal estado por las condiciones climatológicas”, narró Efrén Santana en una conferencia de prensa, este miércoles 18, en Huitzizilapan.
Debido al incumplimiento en los plazos asignados por el artículo 9 de la Ley de Expropiación, la comunidad indígena solicita la devolución de sus tierras. En el artículo noveno hay un apartado donde se puede hacer un proceso de reversión.
“Pero ese proceso de reversión es vía agraria, es lo más cercano que los pueblos indígenas tienen a la mano, pero está muy lejos de las necesidades de los pueblos indígenas”, advirtió el representante de la comunidad otomí.
Es por ello que los pobladores insisten en crear nuevos mecanismos que se vayan adaptando a cuestiones más allá de las agrarias y pase a los derechos humanos.
“Queremos recuperar las tierras y que el Estado y las empresas involucradas reparen el daño ocasionado y no nada más en cuestiones de la flora y la fauna o de los pasos ancestrales; sino también todo el daño psicológico que ha tenido la población porque hemos tenido represiones muy fuertes, la comunidad de Xochicuautla ha tenido presos políticos”, subrayó Santana.
El indígena otomí cuenta cómo el bosque sigue siendo una parte medular los pueblos; la gente sube por sus plantas medicinales, van por leña para combustibles, por hongos, ramas para hacer adornos.
La primera pista que los alertó de que algo estaba mal fue la tala indiscriminada de árboles que también afectaba sus veneros de agua; “cuando dejó de llegar el líquido a la comunidad fue cuando dijimos algo está mal”, contó Santana.
Añadió que el trazo carretero a ellos no les lleva progreso, más bien corta los siete cerros sagrados, rompiendo la espiritualidad y la conexión que tienen con ellos; los fisura como comunidades, y les quita identidad; todo esto lo cambia por algo muy popular en la ciudad: la contaminación.
El campesino otomí explicó el impacto de vivir alrededor de la carretera.
“Son los ruidos, las emisiones de gas, ya no vas a respirar el aire puro que respirabas; implica que ya no vas a poder comer tus hongos en temporada de lluvias”, afirmó.
Santana añadió que “no vamos a poder ni entrar a nuestros bosques, la única forma en que vamos a poder entrar es con una identificación en mano, pero para ser jardineros, para ser domésticas, para ser el chalán de ellos, cuando ese territorio es de los pueblos”.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
RV: EG
