Nicolás Maduro inició este jueves su segundo mandato sexenal (2019-2025) en Venezuela, con el desconocimiento de la oposición y decenas de gobiernos de América y Europa, mientras la mayoría de sus compatriotas permanece sumida en una crisis marcada por el desplome de la economía y de los indicadores de la calidad de vida.
Al inicio del nuevo período “tendremos tres líneas de trabajo: consolidación de la paz, recuperación de la economía y lucha contra la indolencia, la burocracia y la corrupción”, proclamó el presidente en un discurso en el que dedicó largos tramos a criticar a los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y parte de América Latina y el Caribe.
Mientras Maduro juraba su cargo, un termómetro de la economía, la cotización del dólar en el mercado paralelo, se triplicaba con respecto a su valor el último día de diciembre, mientras los precios de los productos básicos han seguido un comportamiento similar, dislocando aún más la situación social y económica.[pullquote]3[/pullquote]
Fuera del país, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este mismo jueves, con 19 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, “no reconocer la legitimidad” del mandato de Maduro y llamó a que se celebren nuevos comicios, con observación internacional, “en una fecha cercana”.
En tanto, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaró desde Bruselas que “la UE lamenta que el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas” y advirtió que ese grupo de 28 naciones tomará “medidas adecuadas” si se deterioran las condiciones de la democracia y los derechos humanos.
El acto de investidura también mostró la situación política interna.
Maduro, en el poder desde 2013, juró ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que invariablemente ha respaldado su gobierno. Se trata de una previsión excepcional de la Constitución, que regularmente ordena juramentarse ante la legislativa Asamblea Nacional.
La razón es que el parlamento unicameral ya declaró al gobernante como “usurpador” de la presidencia.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora (112 de los 165 diputados electos en 2015) y principal ariete político de los adversarios de Maduro, está en “desacato” según dictaminó el TSJ hace dos años, y las demás instituciones del Estado, incluida la Fuerza Armada, hacen oídos sordos a sus decisiones.
«A partir de este 10 de enero, Venezuela pierde su GPS constitucional y entramos en un terreno de incertidumbre en el que se borran las reglas de la lucha política”, dijo a IPS el politólogo Luis Salamanca, utilizando un símil con el conocido sistema de posicionamiento global.
La mayoría de los gobiernos de América y Europa basan su desconocimiento a Maduro en que su elección habría sido fraudulenta, y en cambio reconocen como legítima a la Asamblea Nacional, cuyo mandato comenzó hace cuatro años.
El 20 de mayo de 2018, con una abstención oficial récord de 54 por ciento que la oposición y organismos independientes elevan a cotas superiores, las urnas entregaron a Maduro 6,1 millones de votos frente a 2,8 millones reunidos por dos adversarios.
Los principales partidos y líderes de la oposición estaban ilegalizados y los gobiernos críticos junto a la UE y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideraron que no hubo limpieza ni imparcialidad, en unos comicios bajo una autoridad electoral también cercana al gobierno.
Salamanca, docente de la pública Universidad Central de Venezuela, considera que el panorama que gobernará Maduro “es inédito y precario”.
“Se sostiene por la fuerza y sus opositores se han dividido, pero su gobierno presenta varias líneas de erosión: la crisis económica, la crisis fiscal del Estado, una población con graves necesidades y una búsqueda de vencer la resistencia a ceder que tiene este régimen”, analizó.
La crisis económica es descrita con indicadores esenciales: el producto interno bruto cayó 51 por ciento entre 2015 y 2018 según el Banco Mundial, al pasar de un estimado de 300.000 millones de dólares a comienzos de la década a bordear al cierre de 2018 los 100.000 millones.
Y en 2019 la previsión es que retroceda otro 10 por ciento, adelantó el 20 de diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El indicador más dramático es el de la hiperinflación, la más larga y profunda conocida en la historia de América, cifrada para 2018 en 1.698.488 por la Asamblea Nacional, a falta, desde 2015, de cifras del emisor Banco Central o del gobierno.
El Fondo Monetario Internacional ha dicho que en 2019 la inflación venezolana podría llegar a diez millones por ciento.
Ese panorama “ha dividido a los venezolanos en dos grupos: los que tienen algún ingreso en moneda extranjera y así pueden protegerse parcialmente de la hiperinflación, no más del 30 por ciento de la población, y los que solo obtienen ingresos en bolívares, que son la mayoría y su capacidad de defenderse de la crisis es muy limitada”, dijo a IPS el economista Asdrúbal Oliveros, de la firma de consultoría Ecoanalítica, una de las principales del país.
Las perspectivas son cada vez más sombrías: durante un siglo gran productor y exportador de petróleo, Venezuela extrae y vende cada vez menos crudo, algo más de un millón de barriles (de 159 litros) por día, versus tres millones de unidades hace seis años.
Los ingresos por petróleo, casi única fuente de divisas, dijo Oliveros, “fueron de unos 26.000 millones de dólares en 2018 y este año pueden caer a la mitad, resultar mínimos a partir de junio e incidir en el abastecimiento de combustible (que precisa de componentes importados) y de las CLAP”, como se conoce a las cajas con alimentos subsidiados que distribuye el gobierno.
La carestía disparada por la hiperinflación, sumada a la inseguridad (más de 20.000 homicidios por año en este país de 31,8 millones de habitantes) y el deterioro de servicios esenciales como electricidad, gas, agua potable y, sobre todo, de la salud, han impulsado un éxodo masivo de más de tres millones de habitantes, según agencias del sistema de Naciones Unidas.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que desde 2014 realizan tres de las principales universidades, ha mostrado que la pobreza en Venezuela alcanzaba en 2017-2018, el período en que se intensificó la migración, a 87 por ciento de la población, medida de acuerdo a sus niveles de ingreso, y 48 por ciento al ponderar las condiciones de vida de los hogares.
Según ese estudio 16 millones de personas reciben las cajas de alimentos a precios subsidiados, generalmente una vez al mes, pero la insuficiencia de alimentos se refleja por ejemplo en la deserción escolar, que en 2018 alcanzó a 30 por ciento de la matrícula.
Para los venezolanos de a pie, dijo Salamanca, la situación política y económica está “repleta de frustración e incertidumbre, sin salida a la vista”.
Mientras, a su juicio, el gobierno de Maduro “aún bajo la presión internacional puede continuar y que no cambie nada, pero también en el nuevo cuadro político marcado por esa incertidumbre puede ocurrir cualquier cosa”.
Edición: Estrella Gutiérrez
