La batalla contra el crónico y multimillonario robo de gasolina que comenzó el nuevo gobierno, ha ocasionado escasez de carburante en al menos nueve estados del México y representa la primera gran prueba de fuerza para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta nación latinoamericana de 128 millones de habitantes, adicta a los hidrocarburos y sin estrategias claras de transición hacia la movilidad sostenible, estalló una crisis de suministro el 5 de enero, cuando las estaciones de servicio comenzaron a quedarse sin gasolina, especialmente en Ciudad de México y los estados de Jalisco y Michoacán, en el centro-occidente del país.
José Luís de la Cruz, director del no gubernamental Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), apreció aristas positivas y negativas en la campaña emprendido por el izquierdista López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO.
“Busca combatir frontalmente la corrupción que se ha gestado en el sector energético mexicano. Gran parte del problema es que durante décadas ha sido fuente de corrupción que ha llevado a cuestiones de ilegalidad y de crimen organizado”, dijo a IPS.
Para el experto, con la eliminación de la fuga de combustibles, el gobierno izquierdista que inició su sexenio el 1 de diciembre también “busca generar una situación financiera más favorable” para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante la magnitud de una mafia que creció exponencialmente en los últimos seis años y que genera réditos para untar las manos de funcionarios de Pemex, del aparato de seguridad estatal, empresarios gasolineros y delincuentes, López Obrador lanzó el 27 de diciembre un frontal plan contra el robo de combustible.
El programa incluyó el abrupto cierre de las válvulas de los ductos que distribuyen los combustibles por el país, que pasaron a ser transportados en forma terrestre, mediante camiones cisterna.
Con esta medida, más cara e ineficiente que la de oleoductos, el gobierno no previó el caos en su distribución y la respuesta casi apocalíptica de los consumidores que saturaron con sus vehículos las estaciones de servicio para colmar sus tanques.
Gasolineras cerradas, filas de kilómetros para abastecerse y sed de gasolina han sido las estampas de esta versión mexicana de la película futurista estadounidense Mad Max (1979), sobre la lucha por el muy escaso combustible en Australia.
El servicio dio signos de normalizarse desde el lunes 14, aunque queda por ver si la crisis está en vías de solución permanente.
En años recientes, los pinchazos clandestinos a oleoductos de Pemex se dispararon, con cuantiosos daños a las finanzas de la empresa, al Estado y a los consumidores.
En 2016, los “chupaductos”, como localmente se conocen las fugas fraudulentas, totalizaron 6.873 y al año siguiente saltaron a 10.363, para pasar el año pasado a 12.581. La gasolina robada se vendía a consumidores de localidades apartadas y a las mismas gasolineras.
Se incrementó así exponencialmente el “huachicoleo”, como se le conoce popularmente en México al robo, un término derivado del vocablo maya waach (foráneo) y que se castellanizó para utilizarlo de forma despectiva.
Caída productiva y apertura del sector
Pese a ser un país petrolero, México depende cada vez más de la importación de combustibles del vecino Estados Unidos, por la caída productiva de las seis refinerías de Pemex, que en 2018 extrajo solo 1,84 millones de barriles (de 159 litros) diarios de crudo y 84.844 millones de pies cúbicos de gas.
Mientras, desde 2014 el sector energético se abrió al capital privado local e internacional, lo que se tradujo en que desde entonces la estatal Comisión Reguladora de Energía ha emitido 1.734 permisos para el transporte privado de combustibles y 12.200 licencias de funcionamiento de gasolineras.
La capacidad refinadora de Pemex también es menguante. Mientras destiló 325.300 barriles diarios de gasolina en 2016, la cifra cayó 257.000 barriles diarios al año siguiente y 210.300 al concluir el año pasado, según cifras de la compañía.
El diésel registró una caída similar, pues en promedio refinó 216.200 barriles diarios en 2016, 153.600 en 2017 y 118.400 el año pasado.
En contrapartida, la importación de combustibles se expandió de 505.100 barriles diarios de gasolina en 2016 a 594.300 a finales de 2018. La importación de diésel también creció, de 187.800 barriles en 2016 a 238.300 en diciembre último.
Así, las adquisiciones al extranjero satisfacen la mayoría de los 800.000 barriles diarios de gasolina del consumo interno, según datos de Pemex.
Más de 5.000 policías y militares resguardan unos 6.000 kilómetros de ductos, de un total de 60.000 kilómetros, y 58 instalaciones estratégicas de Pemex, incluyendo las seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y 12 estaciones de bombeo.
Fraude multimillonario
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha identificado lavado de dinero por al menos 2.360 millones de dólares en 2018, vía el expendio de gasolina hurtada e investiga a tres exfuncionarios de Pemex, tres políticos y 194 empresarios.
Autoridades de la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público informaron el lunes 14 que han detectado cuentas y movimientos por más de 684 millones de dólares presuntamente asociadas al robo de combustible en 32 casos identificados.
Pemex reconoce que las medidas adoptadas les permitirían solventar 100.000 barriles diarios de su déficit.
“Dos de cada tres pipas (camiones cisterna) cargan combustible ilegal. El mayor volumen del robo ocurre en las instalaciones de Pemex, con la participación de empleados corruptos. Además, ellos avisan a los delincuentes del momento para pinchar los ductos”, reveló a IPS una fuente policial, quien solicitó el anonimato por su seguridad personal.
Para Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, falta movilización popular para sostener la embestida gubernamental.
“El ingrediente fundamental para que esta campaña salga adelante es el apoyo popular. Pero no veo que la población esté participando en la defensa de la industria petrolera. Eso tiene que ver con que hay zonas del país que desde hace décadas fueron sustraídas del control del Estado”, declaró a IPS.
El estudio de 2017 “Robo de combustible aguas abajo. Modalidades globales, tendencias y soluciones”, elaborado por el estadounidense Consejo del Atlántico, señala que ese delito implica “bajo riesgo, poco esfuerzo y jugosa recompensa” e indica que intervenir un oleoducto mexicano durante siete minutos deja ganancias por 90.000 dólares.
“El delito, especialmente cuando involucra a redes criminales arraigadas y altamente adaptables en colusión con funcionarios corruptos, puede parecer un problema irresoluble que funciona como un círculo vicioso”, cita el documento de la organización no gubernamental con sede en Washington.
La actual crisis de suministro de gasolina ha ocasionado en sus primeros 10 días pérdidas millonarias en los estados perjudicados, según las cámaras empresariales.
De la Cruz, del IDIC, enumeró costos sociales negativos e incertidumbre sobre la duración del problema.
“La corrección no es fácil y ha implicado un costo para una parte de la sociedad. Entre más tempo dure la medida, va a generar un rezago que puede implicar que el desabastecimiento vaya más allá de los combustibles. La solución tiene que ser de fondo y estructural, de mediano y largo plazo”, sostuvo.
Por su parte, Barbosa planteó la construcción y rehabilitación de pequeñas vías férreas. “Esa debe ser la medida inmediata para trasladar combustibles en las zonas afectadas. Es viable y abatiría costos” dentro de un plan integral a largo plazo, sugirió.
La población respalda las medidas de López Obrador, pero espera la pronta normalización del abastecimiento, el desmantelamiento de la mafia detrás del robo del combustible y el castigo de los funcionarios y exfuncionarios, empresarios y políticos involucrados.
Edición: Estrella Gutiérrez
