Aunque su contribución al calentamiento global es insignificante, las naciones del Caribe se están llevando la peor parte de su impacto. Los fenómenos climáticos son tan devastadores que los países comienzan a prepararse ya no tanto para adaptarse a la nueva realidad, sino para recuperar sus economías periódicamente.
“Convivimos cada año con la expectativa que deberemos reconstruir nuestras comunidades y nuestra infraestructura”, dijo a IPS en la capital argentina Molwyn Joseph, ministro de Salud, Bienestar y Ambiente de Antigua y Barbuda.
“Tratamos de adaptarnos al cambio climático con la construcción de infraestructura más resiliente, pero no es la adaptación el foco principal que tenemos en nuestras mentes, sino la recuperación después de los desastres”, agregó el responsable ambiental del pequeño Estado insular de unos 100.000 habitantes, situado entre el mar Caribe y el océano Atlántico.[pullquote]3[/pullquote]
Joseph fue uno de los participantes en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se desarrolló entre el martes 9 y el viernes 12 en Buenos Aires, con la participación de autoridades de los 33 países de la región, organizado por ONU Medio Ambiente.
El ministro antiguano dio como ejemplo de la violencia de los actuales fenómenos climáticos los huracanes Irma y María, que en septiembre de 2017 provocaron que la población de la isla de Barbuda tuviera que ser completamente evacuada a Antigua y que también afectó gravemente a la vecina isla de Dominica.
A su juicio, son las naciones industrializadas, por ser las principales responsables del calentamiento global, las que deberían asumir el costo económico de la recuperación de países como el suyo, luego de fenómenos climáticos extremos.
“Estamos complacidos de tener acceso a fondos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Pero, ¿qué sucede con la asistencia para reconstruir el país luego de los desastres? No tenemos recursos para afrontar algo así cada año”, se quejó Joseph.
En la Declaración de Buenos Aires, suscrita al concluir el encuentro, se hizo referencia a la Resolución 71/225 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptada por la Asamblea General en febrero de 2017, que reconoció que los pequeños Estados insulares en desarrollo padecen vulnerabilidades únicas y particulares.
Los ministros reunidos en la capital argentina señalaron, en ese sentido, que la comunidad internacional debe revisar los avances logrados para abordar las prioridades fijadas para las naciones del Caribe, reconocidas por su fragilidad ambiental, su aislamiento económico y geográfico y sus recursos limitados.
“La pregunta es si podemos hacer algo para adaptarnos al cambio climático”, afirmó Lorna Innis, coordinadora de la Convención de Cartagena, adoptada en 1983 para proteger el ambiente marino en el Caribe.
Innis, una bióloga nacida en Barbados y con su oficina en Kingston, explicó: “En una isla como Barbados, que tiene 14 millas de ancho y 21 de largo en sus puntos máximos, ¿cuánta adaptación puedes hacer?”
“Puedes retirar las casas, hoteles y restaurantes de la costa, pero tu espacio en la tierra es limitado. Tenemos 1.100 habitantes por milla cuadrada (2,59 kilómetros cuadrados) en Barbados, que es una de las islas más densamente pobladas del mundo. ¿Adónde va a ir la gente?”, se preguntó en diálogo con IPS.
Innis aseguró que los vientos extremos que hoy son frecuentes provocan que las playas caribeñas, célebres en el mundo, pierdan toneladas de arena en una noche.
“Puedes tener una playa de 100 pies de largo (328 metros) y, cuando te despiertas a la mañana siguiente, tiene 10 pies. Y esto es un impacto mayor, porque algunas islas realizan agricultura o extraen petróleo y gas, pero ninguna de esas actividades tiene la importancia económica del turismo para nuestros países”, agregó.
Innis concluyó que las naciones del Caribe necesitan “mucha más ayuda y apoyo del que reciben. Por su tamaño, la capacidad técnica para afrontar el desafío en los niveles nacionales es limitada”.
En ese punto coincidieron todos los ministros de esa área durante el foro regional.
Sin embargo, el director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mexicano Luis López-Calva, alertó sobre un problema para esa asistencia financiera que reclaman.
Como en su mayor parte son considerados de renta media, los países del Caribe quedan fuera del acceso a ciertos fondos de cooperación, explicó a IPS.
Eso pese a que “hay una destrucción sistemática de riqueza en el Caribe debido a los grandes choques climáticos”, dijo.
“Todavía tenemos bastante que trabajar para que haya una respuesta internacional inmediata, debido a que la naciones caribeñas tienen una gran parte de su PIB (producto interno bruto) en riesgo por las catástrofes climáticas”, agregó.
El ministro de Resilencia Climática, Ambiente, Bosques, Pesca, Gestión de Desastres e Información de Granada, Simon Stiell, afirmó a IPS que “estamos en la primera línea de la batalla contra el cambio climático y la ironía es que la nuestra es la menor contribución al calentamiento global. Somos lo que pagamos el precio y el precio es muy alto”.
Stiell señaló que el turismo en Granada –un estado insular de 110.000 habitantes al sudeste del mar Caribe- es su principal actividad económica y que las playas, que son el principal activo, están bajo amenaza por los fenómenos climáticos.
Pero ese no es el único motivo por el cual, según Stiell, el cambio climático está poniendo en peligro el sustento de los habitantes de las islas del Caribe.
“Nuestra capacidad para alimentar a nuestra población siempre fue altamente vulnerable y hoy, cuando miramos a nuestro sector agrícola, lo que vemos son más inundaciones y más sequías que están poniendo la situación extremadamente difícil”, agregó Stiell.
Pero no solo los estados insulares del Caribe se ven fuertemente afectados por el cambio climático, sino también los países continentales de América Central con costas a la cuenca.
Según Alfonso Alonzo, ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, su país es uno de los más vulnerables del mundo.
Entre los más vulnerables del mundo también se encuentran Haití, Guyana, Honduras, Nicaragua, Belice, Venezuela y Cuba, por ese orden, de aquellos que tienen costas al Caribe, según cifras de un estudio global divulgadas en septiembre.
Alonzo se quejó de que los fondos de cooperación internacional no llegan en los montos y con la rapidez que deberían.
“Nos piden que prestemos atención al nuevo estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que sostiene que los cambios para limitar el calentamiento global deben ser urgentes, pero también es urgente que lleguen fondos”, dijo Alonzo a IPS.
El ministro guatemalteco reclamó que haya una descentralización de los organismos que manejan el dinero de cooperación internacional.
Cuestionó, puntualmente, que el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para ayudar a países en desarrollo en sus planes de adaptación y mitigación, tenga su única sede en la República de Corea.
“Nuestros proyectos van a Corea (del Sur, sede del FVC) y tardan dos o tres años en ser aprobados. Es necesario que se abran oficinas regionales del Fondo, con poder de decisión. Los fondos tiene que llegar rápidamente, porque en América Latina y el Caribe hay cambios de gobierno y los procesos se cortan”, agregó.
Alonzo afirmó que el FVC está manejado por gente “que ni siquiera conoce nuestra región. Necesitamos una oficina acá y en nuestro idioma”.
Edición: Estrella Gutiérrez
