En cifras, no hay dudas del éxito. La soja, casi desconocida hace cinco décadas en Brasil, se convirtió en su principal producto de exportación. Pero su cultivo enfrenta un desafío crucial, su dependencia de agroquímicos bajo sospecha de provocar cáncer.
Sin el glifosato, un herbicida de Monsanto, el gigante estadounidense de la biotecnología y líder mundial en semillas transgénicas, no habrá siembra de soja, admitió el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, cuya familia está entre los mayores productores de la oleaginosa del mundo.
La amenaza se debió a una decisión judicial del 3 de agosto que suspendió permisos para el uso de agroquímicos con glifosato, ante la demora de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en realizar evaluaciones toxicológicas en esos insumos agrícolas.[pullquote]3[/pullquote]
La incertidumbre se despejó un mes después, cuando el tribunal de apelación de Brasilia revocó la suspensión. El glifosato es el herbicida más usado, se aplica en más de 95 por ciento de las siembras de soja, maíz y algodón en Brasil, según el ministro.
Pero los riesgos son mundiales. La Monsanto fue condenada el 10 de agosto por un tribunal de California, en Estados Unidos, a pagar una indemnización de 289 millones de dólares a Dewaine Johnson, un jardinero escolar de San Francisco, que tiene cáncer atribuido al uso de herbicida con glifosato.
“Es una batalla similar a la del tabaco, que duró décadas reduciendo el consumo. Las empresas usan su poder económico para comprar científicos, presionar el gobierno, órganos reguladores y los medios de comunicación”, resumió a IPS el biólogo Fernando Carneiro, coautor del dossier sobre agroquímicos de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco).
Fue importante que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, en inglés), de la Organización Mundial de Salud, considerar el glifosato como “probablemente carcinogénico para seres humanos” y con “suficiente evidencia” de ese daño en animales, en evaluación de 2015 sobre cinco agroquímicos, acotó.
El fallo judicial en Estados Unidos “abre nuevas perspectivas” en el avance de la lucha contra los agroquímicos en defensa de la salud pública, reconoció Carneiro.
“El glifosato es seguro, se usa en todo el mundo, hay muchos estudios y ninguno comprobó que provoca cáncer”, sostuvo Mauricio Buffon, presidente de la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja) en el estado central de Tocantins, una de las áreas de actual expansión del cultivo en el país.
“Además las alternativas son mucho peores, exigen cantidades mayores y son menos eficientes. No se vislumbran sustitutos más seguros en los próximos diez años”, arguyó, sospechando del “sesgo ideológico” de las denuncias y juicios contra el herbicida de Monsanto.
Dos litros de glifosato por hectárea son suficientes para proteger las siembras, mientras otros herbicidas exigen cuatro o cinco litros en cada hectárea, precisó.
En el caso estadounidense, ganó el juicio “un jardinero, no agricultor”, su área de cuidados se mide en metros cuadrados, no en hectáreas, y “posiblemente fue víctima de alta sobredosis”, matizó.
De todos modos, la polémica no se limita a Johnson, hay miles de procesos judiciales contra Monsanto en Estados Unidos.
Además los posibles efectos de los productos agroquímicos no se limitan a la salud, comprenden también “daños a ecosistemas, al suelo y la biodiversidad, promueven la concentración de la propiedad de la tierra, acaparan investigaciones científicas”, amplió Carneiro.
Están vinculados a un modelo de agricultura que enfrenta variadas resistencias, por cuestiones de salud, ambiente, seguridad alimentaria, desigualdades sociales e incluso de política, al concentrar poder en manos de los grandes agricultores, representados en el legislativo Congreso brasileño por la “bancada ruralista”, con más de 200 diputados de un total de 513.
Ese poder amenaza la legislación “que es insuficiente pero tiene puntos positivos para contener abusos” en el uso de venenos agrícolas. Eso “puede empeorar” si se aprueba una propuesta del ministro Maggi de una nueva ley ablandando normas, advirtió a IPS la agrónoma Flavia Londres, dirigente de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA).
El “paquete del veneno”, como lo llaman los activistas contrarios a su uso, avanza en la Cámara de Diputados con apoyo de los ruralistas y rechazo de órganos de control sanitario y ambiental, del Ministerio Público (fiscalía), organizaciones sociales y de salud pública.
Para contraponerse a esa ofensiva, ambientalistas, Abrasco, el movimiento campesino e investigadores se movilizaron y propusieron una Política Nacional de Reducción de Agroquímicos (PNaRA), un proyecto de iniciativa popular respaldado por más de 1,6 millones de firmas.
Se trata de fortalecer los órganos de control y las normas, eliminar los actuales subsidios al uso de productos fitosanitarios y gravarlos más duramente cuanto más tóxicos sean, reorientar el crédito y las investigaciones tecnológicas, fomentando la agroecología y la producción orgánica, explicó Londres.
La propuesta comprende “medidas integradas” para transformar un sistema que estimula el creciente consumo de agroquímicos, no solo glifosato, acotó. Pero traba una batalla parlamentaria desfavorable, contra la “bancada ruralista” que debe mantener su fuerza en las elecciones de octubre, presidenciales y parlamentarias.
“Las plantas transgénicas fueron el gran factor del reciente auge”, sostuvo. Brasil ya era gran productor de soja, antes de la introducción de sus semillas genéticamente modificadas, que tuvieron sus primeras siembras ilegales detectadas en 1998 en el sur del país.
Eran las semillas denominadas Roundup Ready, de Monsanto. Como resisten al glifosato, la aspersión de ese herbicida elimina matorrales, preservando la soja y abaratando la limpieza de la tierra.
La diseminación de los transgénicos legales e ilegales fue rápida, alcanzando casi toda la producción de soja, maíz y algodón. Los monocultivos quedaron dependientes tanto de las semillas como de los fitosanitarios vendidos por la Monsanto y otras transnacionales del sector.[related_articles]
De esa forma, la exitosa expansión del llamado agronegocio, de las grandes haciendas de monocultivo, puede convertirse en una trampa si estalla un escándalo, como la multiplicación de condenas al glifosato como causa de cáncer.
Las acciones judiciales contra la Monsanto pasaron de 5.200 a más de 8.000 en Estados Unidos, tras la sentencia favorable a Johnson, admitió la corporación transnacional Bayer, grupo químico alemán que adquirió la empresa estadounidense en 2016.
Brasil tiene especial interés en ese proceso, que amenaza su fulminante carrera de productor de soja que se apresta a ocupar el primer lugar mundial.
Su cosecha anual, marginal hasta 50 años atrás, decuplicó en la década de los 70, dobló en las siguientes y triplicó desde 2001, para alcanzar 116,8 millones de toneladas en este año, emparejándose con la producción de Estados Unidos.
Los 68 millones de toneladas exportadas en 2017 le rindieron 31.700 millones de dólares, según datos oficiales. China es su principal comprador.
Localmente, la soja se usa principalmente como insumo de alimentación animal y en pequeña parte al consumo humano. De su procesamiento se produce el salvado, básicamente para ganadería y avicultura, y el aceite que se convierte en biodiesel, representando 80 por ciento de su materia prima en Brasil.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó en julio que la producción brasileña de soja sería este año superior a la interna, de 116,4 millones de toneladas, aunque un mes después la elevó a 124,8 millones de toneladas, con lo que volvería a aventajar ligeramente a la de Brasil.
Para Londres el problema es con la soja “no se producen alimentos, sino principalmente materia prima para producir alimentación de ganadería”, no contribuye a la seguridad alimentaria de los brasileños.
Es un modelo de producción que se opone la agroecología y cuyo intenso uso de agroquímicos “afecta toda la población, particularmente a las mujeres en por el impacto de alimentos envenenados en la reproducción”, añadió.
Abortos espontáneos, mala formación fetal y la presencia de esos venenos en la leche materna en las regiones productoras fueron algunos problemas identificados.
Edición: Estrella Gutiérrez
