Una red alternativa en Brasil promueve la participación femenina en cargos de elección con apoyo mediático. Esta campaña, como otras en América Latina, intenta revertir un panorama político donde pese a ser mayoría, en promedio las mujeres ocupan apenas 29,8 por ciento de cargos legislativos.
Es la primera reunión en Río de Janeiro, y a la sede de Mídia Ninja comienzan a llegar periodistas, asesoras de prensa, activistas de redes sociales, diseñadoras, fotógrafas, videorealizadoras, todas interesadas en participar de la Campaña Mujer convocada por esa red alternativa de comunicación.
“La idea general de la campaña es impulsar a las mujeres para que tengan reales posibilidades de elección», explicó a IPS la coordinadora de Mídia Ninja, Driáde Aguiar.
Falta poco para los comicios de Brasil, donde el 7 de octubre se elegirá al presidente, gobernadores, diputados y senadores y no hay tiempo para muchos debates.[pullquote]3[/pullquote]
Aguiar y las comunicadoras se organizan sin muchos preámbulos. Ante una lista de las más de 100 candidatas registradas apenas lanzada la convocatoria, cotejan su disponibilidad de tiempo, distribuyen tareas, equipos, y establecen las directrices de las campañas.
Midia Ninja las convoca para que cada una en su saber y en su disponibilidad de tiempo, confeccione para las candidatas piezas de campaña como videos, afiches, comunicados de prensa, materiales para redes, y las entrene para comunicar sus ideas.
El objetivo es «demostrar que la política también es cosa de mujer», insisten en la reunión.
Aunque la Ley Electoral brasileña establece que cada coalición partidista debe incluir un mínimo de 30 por ciento y un máximo de 70 por ciento de candidaturas de cada sexo, la regla no se aplica en profundidad.
«Los partidos ponen mujeres para cumplir la cuota de 30 por ciento pero no les dan las mismas garantías que a un hombre. No les aportan el equipo de comunicación, de planificación estratégica, no hay fondos para ellas, no les dan el mismo tiempo de televisión, o sea no les dan incentivos para que se elijan», analizó Aguiar.
«En Brasil tenemos un cuadro horrible que no ha cambiado mucho pese a que logramos el derecho al voto en 1932. Aunque somos 52 por ciento de la población, en el (bicameral) Congreso legislativo tenemos apenas 10 por ciento de mujeres y apenas tres negras, en un país con 51 por ciento de población negra», detalló.
Además, hay 13 mujeres de 81 miembros del Senado y siete concejales hombres por cada mujer en las cámaras municipales.
Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil (2011-2016), fue destituida por un controversial juicio político en el Poder Legislativo, que los defensores de la exmandataria aducen que inluyó sesgos de discriminación de género.
Los requisitos para que las candidatas participen de la campaña es que tengan una plataforma electoral «progresista, democrática y feminista», por ejemplo «cómo van a luchar para poner fin a la violencia contra la mujer o a luchar por la igualdad salarial».
“Estamos buscando candidatas feministas que se tomen en serio a las mujeres en su programa», sintetizó Aguiar.
Daniella Monteiro, candidata a diputada provincial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) consideró que la campaña, en la que está inscrita, «promueve un debate necesario».
En entrevista con IPS, recordó que las mujeres son responsables por el cuidado de sus hijos, tienen jornadas de trabajo más largas y mantienen su hogar y también en muchas ocasiones deben atender problemas en sus comunidades.
«Y eso sucede desde la mujer de clase media hasta las mujeres negras de las favelas (barrios `pobres y hacinados), que además hacen todo eso sin ayuda, sin estructura familiar y sin acceso a derechos adecuados como salud, educación, seguridad pública», afirmó.
«Tener mujeres en espacios políticos es llevar esas pautas necesarias para la sociedad como un todo pero que en especial son necesarias para las mujeres. Es pensar en las mujeres en tanto seres políticos», agregó la candidata que proviene de una favela y que fue la primera generación de su familia en acceder a una universidad, donde se graduó en Ciencias Sociales.
Monteiro recordó que muchas mujeres «no llegaron a ser candidatas por casualidad» sino por los movimientos sociales que representan.
«Por ejemplo yo soy Dani Monteiro, del movimiento de juventudes negras, de una favela… pero fuera del espacio de la campaña soy una mujer negra que se enfrenta cotidianamente a un problema estructural” que se expresa en dificultades de todo tipo para participar en política, explicó.
Monteiro se pregunta si aquellas mujeres que «mantienen una casa y que con un salario mínimo tienen que alimentar cuatro hijos» no entienden más de administración que un economista con doctorado.
«El mayor desafío es retomar esa práctica de la política cotidiana que nosotras ya hacemos y que no es vista como una actividad política», reflexionó.
Pero para ella no basta con ser una candidata mujer. Por ejemplo, ilustró, en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, hay concejalas que «lejos de defender la pauta de las mujeres», como puede ser el debate de género en las escuelas, «deslegitiman ese discurso».
Pese a situaciones como la de Brasil, no todo son dificultades en América Latina.
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), dijo a IPS desde Buenos Aires que «en general hubo avances en la participación política femenina especialmente en los cargos legislativos que se debieron a que se adoptaron leyes y mecanismos de discriminación positiva».
También lo atribuyó a campañas positivas como la !50/50 Paridad es ahora! lanzada en Bolivia en 2014 por Oxfam y otras organizaciones.
Esa campaña «logró que el Tribunal Electoral sacara un instructivo indicando como se debía aplicar el mecanismo de discriminación positiva en las elecciones de ese año», explicó.
“Además, hicieron una agenda de la política de las mujeres con una serie de propuestas para que las candidatas usaran en sus campañas y luego en su acción legislativa», recordó.
Como resultado, remarcó Bianco, «Bolivia es un ejemplo importante con esta campaña que movilizó no solo a las mujeres políticas sino también a aquellas de los movimientos sociales y que logro se reconociera la Paridad”.
De hecho, según ONU Mujeres la nación andina es uno de los dos únicos países del mundo (después de Ruanda) donde la proporción de mujeres en los parlamentos supera 50 por ciento.
Bianco citó también el caso de Argentina donde el año pasado Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con sede en Buenos Aires, realizaron la campaña por la paridad «La voz de una mujer tiene el mismo valor que la de un hombre«, con afiches de los principales legisladores varones con sus labios pintados.
«También hubo un fuerte acompañamiento de las mujeres de los grupos, oenegés y movimientos sociales con acciones en el parlamento y movilización en la calle», recordó.
Alejandra Valdés, del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dijo a IPS «que si bien la presencia en puestos de toma de decisión de las mujeres ha crecido, aún no hay representación equilibrada».
«Los obstáculos son múltiples y de distinta naturaleza y para quienes lo hacen o lo intentan, significa enfrentar un conjunto de prácticas discriminatorias, estereotipos, cultura del privilegio, patrones y modelos culturales que no ha sido, ni es fácil enfrentar”, planteó desde la sede del organismo en Santiago de Chile.
Además, dijo, “el menor acceso a recursos financieros y de tiempo también generan resistencias al cambio. La paridad implica cambios en los sistemas democráticos».
Según Valdés, la presencia de mujeres en los parlamentos de América Latina hasta mayo de este año era de 29,8 por ciento, con un aumento mínimo de 0,78 por ciento, con relación al mismo mes del 2017.
Indicó que los países con presencia parlamentaria mayor a 40 por ciento son: Bolivia (53,8%), Cuba (53,22), Granada (46,67), Nicaragua (45,65) y Costa Rica (45,61).
Quince países, por el contrario, están por debajo de 20 por ciento de representación de mujeres en sus parlamentos y Haití y Belice no alcanzan 10 por ciento.
Edición: Estrella Gutiérrez
