Subir los precios de los combustibles, aunque sea solo para reducir los subsidios para controlar su valor, puede desestabilizar a gobiernos muy sólidos y resultar fatal para aquellos tambaleantes como el de Michel Temer, en Brasil.
La huelga de camioneros que comenzó en el país el lunes 21 forzó al gobierno de Brasilia a contrariar su política en el tema y bajar el precio del diesel y reducir los impuestos a otros combustibles, a cambio tan solo de una “tregua de 15 días” en el paro, que ya provocó el desabastecimiento de alimentos y otros productos en muchas ciudades.
Pese al “acuerdo” suscrito con alegados líderes del movimiento, la mayoría de los camiones siguieran inmovilizados y los huelguistas rechazan los términos pactaos y mantienen bloqueadas las principales carreteras del país. El sector se divide en varias organizaciones sindicales y grupos de trabajadores de los vehículos de carga.
La reacción del presidente Temer, al finalizar el viernes 25, fue anunciar la movilización de “fuerzas federales”, conjunto de policías del gobierno central y de los estados brasileños, para restablecer el transporte y reprimir los camioneros “radicales” que incumplan el acuerdo.
La confrontación parece inevitable y puede ahondar la desmoralización de un gobierno debilitado por numerosas denuncias de corrupción contra el presidente y sus ministros más allegados, por un rechazo popular sin precedentes y el acercamiento de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.
La interrupción del transporte suele ser muy impopular, pero en esta ocasión, el contexto político brasileño está proporcionando a los camioneros, al menos hasta ahora, un respaldo inusual de la población.
“Nos afectan, pero los apoyamos”, dijeron a IPS numerosos trabajadores del comercio y de las estaciones de gasolina, dos de los sectores más perjudicados por el desabastecimiento que se extiende por todo el Brasil.
“Nunca he visto nada parecido en mis 10 años de trabajo con combustibles”, destacó Gioney Gomes da Silva, gerente de una gasolinera en Laranjeiras, un barrio céntrico de Río de Janeiro.
“la gasolina y el etanol se acabaron a las 20 horas del jueves. Teníamos completos los siete depósitos de 15.000 litros cada uno, que llenamos antes de la huelga ante los rumores”, informó.
Casi todas las gasolineras de grandes metrópolis brasileñas, como Río de Janeiro y São Paulo, quedaron sin combustibles desde miércoles 23 o jueves 24, con excepción del diesel, el origen del conflicto, consumido principalmente por los camiones.
Hortalizas y otros productos perecederos también desaparecieron del mercado. Decenas de vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos, los hospitales interrumpieron algunos servicios e incluso empresas de saneamiento alertaron sobre la posibilidad de suspender el suministro de agua por falta de productos para su tratamiento.
“Usualmente traemos 300 cocos, pero hoy solo 50 que sobraron de días anteriores, porque no recibimos suministros esta desde que comenzó la huelga”, lamentó Carlos Siqueira, que vende agua de coco en ferias callejeras de Río. Se trata de una bebida de masivo consumo en gran parte de Brasil, especialmente en las playas.
“En pocos días dentro de un camión, el agua de coco se daña”, explicó.
En Hortifruti, una red de tiendas especializadas en frutas y hortalizas, las estanterías donde se colocan los vegetales solo contienen desde el miércoles 23 productos procesados. Aun así, sus empleados manifestaron solidaridad con los huelguistas.
“Es para acabar con la corrupción”, justificaron, aunque nada tenga que ver con los reclamos de los camioneros, que se alzaron contra las seguidas subidas del precio del diesel, que suman 55 por ciento desde julio de 2017.
Otra queja de los consumidores es que la compañía estatal Petrobras, que tiene en la práctica el monopolio de refinación en Brasil, adoptó desde el año pasado una política de precios con movimientos casi diarios, en sintonía con las oscilaciones de precios del petróleo en el mercado internacional.
Esas alteraciones demasiado frecuentes trastornan los negocios, al impedir cualquier previsibilidad de costos, arguyen los camioneros y las empresas con consumo intensivo de derivados petroleros.
Tal política responde a la intención de eliminar los subsidios con los que el gobierno anterior, de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), trató de bajar los costos energéticos para contener la tasa de inflación y, además, para apuntalar a Petrobras, debilitada por los precios bajos y la corrupción en sus negocios a favor de políticos y grandes empresas.
Las concesiones acordadas con los camioneros restablecen algunos subsidios. Petrobras bajó los precios del diesel en 10 por ciento por los próximos 15 días y el gobierno asegurará 15 días más, compensando a la empresa por sus posibles pérdidas.
El gobierno tratará también de asegurar que los próximos reajustes de precios se harán con periodicidad de 30 días, lo que exigiría otros subsidios.
Además se reducirán los impuestos del gobierno central sobre el diesel y se negociará con los gobiernos de los estados que renuncien también a una parte de sus tributos. El diesel es gravado con cerca de 28 por ciento de su valor, variando según los estados donde se expende.
La decisión de bajar el precio del diesel le costó a Petrobras una fuerte caída en las cotizaciones de sus acciones en la bolsa y críticas por el retorno de los subsidios.
Para el gobierno, renunciar a ingresos impositivos presenta otro riesgo, el de incumplir las metas presupuestarias y agravar el déficit fiscal, apuntado como el origen de la crisis económica que sufre Brasil desde 2014.
El caso brasileño muestra que eliminar o reducir subsidios de derivados de petróleo es una misión políticamente peligrosa. Los ejemplos de gobiernos que cayeron o tuvieron que volver atrás son numerosos y hay algunos en esta misma década..
En el inicio de 2011 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que anular un alza de 82 por ciento en el precio del diesel y de 72 por ciento en el de la gasolina, impuesta días antes por su gobierno con el objeto de abolir los subsidios a los carburantes.
Las protestas amenazaban con paralizar el país andino que gobierna desde 2006 como presidente ya reelegido dos veces y autorizado a intentarlo nuevamente en 2019.
Un año después, en enero de 2012, fue el entonces presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, quien tuvo que renunciar al pretendido fin de los subsidios y bajar los precios de la gasolina al nivel anterior.
Los subsidios a los combustibles fósiles, que incluyen carbón y gas, además de los petroleros, totalizan en el mundo los 260.000 millones de dólares en 2016, según la Agencia Internacional de Energía.
En Brasil los ambientalistas acusan al gobierno y al Congreso legislativo de conceder un billón (millón de millones) de dólares a compañías petroleras transnacionales, al eximirlas del pago de impuestos en la exploración de yacimientos en el lecho marino, bajo la capa de sal del océano Atlántico, conocidos como presal, dondeen 2016 se descubrieron grandes reservas.
Eliminar los subsidios al petróleo y al carbón es una medida indispensable para contener el cambio climático. Las presiones ambientales estimulan a diferentes gobiernos a reducir sus subsidios, pero gradualmente ante la dificultad política de hacerlo rápidamente.
Edición: Estrella Gutiérrez
