Convertido en un país modelo por sus avances en las energías no convencionales, Chile debate ahora si los ciudadanos que individual o grupalmente generen electricidad pueden lucrarse con la venta de los excedentes de su autoconsumo, algo decisivo para incentivar o no su aporte a la oferta del sector.
Una comisión del Senado ya analizó si debe eliminarse la retribución en la Ley de pago de tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, en vigor desde 2012, ante una indicación en ese sentido del gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-marzo 2018), que su sucesor, el derechista Sebastián Piñera, mantiene.
Ahora lo estudia la Cámara de Diputados, donde dirigentes de organizaciones ambientalistas han concurrido para alertar que la propuesta de eliminar el pago a los generadores ciudadanos del remanente que inyecten a la red condenará a muerte estas iniciativas.[pullquote]3[/pullquote]
Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, dijo a IPS que el actual gobierno apunta a que “la generación distribuida se convierta en un elemento importante en la generación de energía ciudadana”.
“Seguiremos impulsando que los usuarios finales puedan poder generar su energía por los beneficios que tiene, pero debemos identificar y evitar que se generen inconveniente de economía, especialmente para los que no pueden instalar estos sistemas, y por la seguridad en el sistema”, aseveró.
“Esperamos que no prospere esta indicación de ley y podamos seguir con la energía ciudadana. Sin el aporte de este sector no se logrará la meta de 80 por ciento de no convencionales para 2050”, que se ha marcado Chile, planteó por su parte Manuel Baquedano, presidente del no gubernamental Instituto Ecología Política (IEP).
El experto cree que las autoridades temen que la generación ciudadana, básicamente solar, se convierta en un negocio en sí mismo y no se utilice solo para el autoconsumo y para bajar el monto de las cuentas de personas o pequeñas empresas.
“Están legislando contra un fantasma”, dijo a IPS. “La energía debería nacer de miles de puntos conectados y por un sistema que permita exactamente comprar y vender”, planteó.
La capacidad actual de generación eléctrica instalada en Chile, con 17,9 millones de habitantes, es de 22.369 megavatios (MW). De ellos, 46 por ciento son fuentes renovables (30 por ciento hídrica), 54 por ciento térmico (21 por ciento carbón).
Toda la generación está en manos privadas, la mayoría con capitales extranjeros. El consumo, en constante crecimiento, alcanzó a 68.866 gigavatios (GW) hora en 2013.
Revolución hacia fuentes no convencionales
El potencial fotovoltaico de energía solar y eólico de Chile es de 1.800 GW, según un estudio del Ministerio de Energía y la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GIZ).
Si se ocupara solo cinco por ciento del desierto de Atacama, en el norte chileno, para generar energía solar, se podría abastecer 30 por ciento de la demanda de electricidad de América del Sur, aporta el universitario Centro de Investigaciones en Energía Solar .
Durante el cuatrienio de Bachelet, Chile dio un salto sin precedentes en las energías renovables no convencionales (ERNC), que pasaron de aportar cinco por ciento de la generación en 2013 a 20 por ciento en 2017.
“La energía solar fue la que tuvo una mayor expansión, pasando de 11 megavatios (MW) a comienzos del 2014 a 2.080 a finales del 2017, seguido de la eólica que subió de 333 a 1.426 MW”, subrayó la ingeniera ambiental Paula Estévez en el libro Revolución Energética en Chile, editado por el exministro de Energía Máximo Pacheco y publicado el 10 de mayo.
Según Baquedano, “en la revolución energética (del país), efectivamente lo central es el cambio del punto de inflexión hacia la energía renovable que se produjo. La chilena va a ser una matriz 100 por ciento renovable en algún momento”.
Baquedano advirtió, empero, que “los beneficios de esta revolución energética desde el punto de vista productivo solo han quedado en manos de los privados y no se han trasladado a la ciudadanía”.
Prudencio dijo que “a la fecha, existen aproximadamente 16 MW en capacidad instalada de sistemas acogidos a la ley 20.571 (la del pago a generadoras residenciales), los cuales equivalen a más de 2.600 proyectos operativos a lo largo de todo el país”.
Algunos casos
Ragnar Branth, gerente general de Commercial Habitat, una sofisticada tienda de electrodomésticos y arquitectura en la comuna (municipio) de Vitacura, en el este de Santiago, instaló paneles solares en el techo para alimentar una planta fotovoltaica de cinco kW cuya generación le permite un ahorro del 13,5 por ciento en factura eléctrica anual.
“Hay un beneficio en la tarifa mensual, pero la inversión inicial es bastante relevante. Hablamos de más de 20 millones de pesos (unos 32.200 dólares) solamente en la compra de paneles y su instalación y eso el ahorro no lo compensa hasta por lo menos el quinto o sexto año de consumo” explicó a IPS.
”Hubo un primer buen paso que dio el gobierno con la ley de cogeneración. Sin embargo amerita algunos ajustes, entre ellos el reconocimiento del 100 por ciento de la energía generada y algún tipo de beneficio en el proyecto de inversión”, sostuvo.
“Si el gobierno quiere que esto tenga alguna explosividad y que haya una cogeneración importante, el beneficio tiene que ir a la inversión o a alguna manera de apoyo o beneficio tributario”, agregó.
En la comuna agrícola de Buin, al sur de Santiago, 99 accionistas ciudadanos convocados por el IEP financiaron el proyecto comunitario Solar Buin Uno que construyó una planta solar fotovoltaica de 10 kW conectada a la red.
Gran parte de la energía la entregan al Centro Tecnológico para la Sustentabilidad (CST), y el resto lo inyectan a la red. Pero la compañía distribuidora de la zona paga solo hasta 60 por ciento del valor del kW hora que se factura al CST. Es decir, paga por el excedente solo una porción de lo cobrado a sus usuarios.
La generación particular recibió un impulso especial con la Ley de Generación Distribuida (descentralizada), en vigor desde 2017, conocida localmente también como de generación ciudadana.[related_articles]
Andrés Rebolledo, el último ministro de Energía del gobierno de Bachelet, explicó a IPS que esa norma “tiene por objetivo incentivar y dar señales para la generación ciudadana y que las casas, comercios, pequeñas empresas puedan en base a ERNC generar su propia energía”.
El exministro consideró que ha habido “un crecimiento exponencial y muy importante” de generadores ciudadanos y destacó que la modificación que debate el parlamento plantea la posibilidad que ellos aumenten su potencial de 100 a 300 kw para favorecer a pequeñas y medianas empresas.
“El objetivo y la visión es que el avance que ha tenido Chile en materia de generación de ERNC a nivel de grandes plantas pueda también ser aprovechado a nivel ciudadano y que por esta vía los hogares puedan generar su propia electricidad, ahorrar en la cuenta de luz y contribuir a un modelo más sustentable”, dijo.
“Esto supone un esfuerzo para robustecer las redes de distribución, tener otra forma de medición para que los hogares puedan administrar su propio consumo y generación y, finalmente, se puedan convertir en prosumidores, es decir, que un hogar pueda ser productor y consumidor de energía a la vez”, aseveró.
El exministro explicó que la indicación de un debate en el parlamento “tenía por finalidad tratar de dar las señales e incentivos para que la gente pudiera hacer más inversión y esto se masificara, teniendo siempre la precaución de que los hogares y las casas no convirtieran esto en un negocio sino que fuera para autoconsumo”.
Pero organizaciones no gubernamentales sostienen que será un retroceso si se elimina el pago por inyección de energía a la red por parte de los generadores ciudadanos.
Según Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, la modificación proyectada “elimina el pago del excedente de energía inyectada por el generador residencial por sobre su autoconsumo”.
Eso, dijo a IPS, “desincentiva que hogares puedan invertir en autogeneración y recuperar la inversión en menor tiempo gracias a los pagos por inyección en la red”.
Ante los diputados, Larraín aseveró que la reforma “es una distorsión monopólica en favor de las empresas distribuidoras que ya constituyen un monopolio como concesionarias del servicio de distribución”.
Baquedano contó que la instalación de una segunda planta ciudadana en el norte del país quedó congelada en espera de la decisión legislativa, “porque el modelo no funcionará si se aprueba esta normativa”.
“Hay un signo de interrogación en lo que va a pasar con la energía ciudadana. El gobierno tendrá que medir que si se termina la energía ciudadana no va a tener un movimiento ambiental ciudadano tranquilo. Van a volver los conflictos, esa es mi tesis, y no solo tesis porque estamos preparando los escenarios también”, concluyó.
Edición: Estrella Gutiérrez
