La crisis política en Perú tras el indulto y las gracias presidenciales otorgados en la víspera de Navidad al exmandatario Alberto Fujimori, deja dudas sobre las acciones que se tomarán para frenar la violencia contra las mujeres en este país, que registró 116 feminicidios en 2017 y que ocupa el octavo lugar en este delito en América Latina y el Caribe.
“Lo sucedido con el indulto desmerece las acciones que el gobierno pueda emprender para lograr una vida sin violencias, pues se ha dejado libre a uno de los peores violadores de derechos humanos de las mujeres”, afirmó Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro Flora Tristán.
La especialista recordó que en la década de los años 90, Alberto Fujimori fue responsable de la política pública que esterilizó de manera forzada a más de 200.000 mujeres andinas, campesinas y nativas, delito del que se verá libre de investigación y sanción al haber recibido el derecho de gracias presidenciales.
“Esta impunidad es indignante”, remarcó, pues cabe recordar que por problemas de acceso a la justicia, pobreza y discriminación, apenas se pudo conseguir armar un expediente con 2.074 casos.
La desconfianza hacia las acciones del gobierno se acentúa con la designación oficial de 2018 como el año del Diálogo y la Reconciliación, frase acuñada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para justificar el indulto al exconvicto, sentenciado por corrupción y violación a derechos humanos, en especial en el marco del inicio del Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
“La declaración del decenio nos alerta de que se seguirá deslegitimando el enfoque de género, como sucedió a lo largo de 2017, por la presión de los grupos conservadores, cuyos representantes probablemente estén en el próximo nuevo gabinete; y nos preocupa que puedan haber retrocesos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pese a los avances normativos”, refirió Meléndez.
Efectivamente, Perú es, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, uno de los países de la región con leyes, planes y políticas públicas contra la violencia de género, que legisló contra el feminicidio y que, inclusive, en 2017 aprobó nuevas leyes como la eliminación de beneficios penitenciarios a los sentenciados por violación sexual.
Sin embargo, la realidad mantiene cifras de espanto.
Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre 2009 y 2017, la violencia feminicida sumo 2.275 casos: 991 feminicidios y 1.275 tentativas. En este país hay un promedio de 10 asesinatos de mujeres por razones de género al mes.
El año pasado, también según el MIMP, cerró con 116 víctimas de feminicidios y 223 mujeres sobrevivientes de agresiones. La mayoría de los casos, 79 por ciento, se produjeron en zonas urbanas, y el resto, 15 por ciento, en las rurales.
Los agresores fueron en casi 80 por ciento de los casos, hombres vinculados afectivamente con las víctimas, 90.4 por ciento de mujeres adultas.
Esta situación coloca a Perú en el octavo lugar por la ocurrencia de feminicidios en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), posición que escala al cuarto en comparación con los países del Cono Sur.
El crimen de mujeres por cuestiones de género es, sin embargo, el último eslabón de violencia en sus vidas.
En Perú, siete de cada 10 soportan maltratos físicos, psicológicos o sexuales de manera cotidiana por parte de sus parejas (ENDES 2016), pese al andamiaje legal y normativo vigente.
Justamente para llamar la atención sobre la necesidad de actuar con más eficacia ante este flagelo, la Defensoría del Pueblo, entidad autónoma del Estado, promovió en noviembre y diciembre la campaña para declarar 2018 como “Año de la igualdad y la no violencia contra las mujeres”.
La propuesta recibió un amplio respaldo, había comentado a IPS la comisionada para la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de dicho organismo público, Patricia Sarmiento, antes de que se conociera la declaración gubernamental del Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
Sarmiento indicó que desde su institución se han hecho aportes a la ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o privado.
Estas se refieren a capacitación de jueces y policías para erradicar la creencia equivocada y contraria a la ley de que pueden aplicar el mecanismo de conciliación en los casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja. “Es inaceptable”, remarcó.
“Lamentablemente, esta idea se difunde a las víctimas, hay quienes creen que cuando reciben un insulto o empujón no es un hecho de violencia y pueden conciliar, y eso es lo que nos lleva a seguir perpetuando esta situación en el país”, agregó.
Otra recomendación es dotar de una partida presupuestal a la policía para que cumpla con brindar medidas de protección de manera adecuada a las víctimas. “La institución carece de logística suficiente, personal y equipos, por ejemplo del mapa georeferencial para dar seguimiento a la protección”, manifestó.
Este hecho adquiere relevancia pues un informe de la defensoría de 2015, basado en el análisis de expedientes judiciales de feminicidios, revela que en 30 por ciento de los casos, las víctimas habían denunciado a su agresor por violencia familiar. Y en más de 10 por ciento, resultaron asesinadas por estos.[related_articles]
“Uno de los expedientes era de una mujer que había denunciado cuatro veces y no recibió las medidas de protección. Eso no puede seguir sucediendo”, exhortó Sarmiento.
En febrero del 2017, sucedió un caso similar en la región centroandina de Ayacucho, donde la abogada Evelyn Corahua fue asesinada tras haber denunciado un intento de feminicidio y solicitar medidas de protección.
“Se necesita presupuesto suficiente para el adecuado cumplimiento de la ley y para políticas de erradicación de la violencia de género. De lo contrario solo tendremos letra muerta”, alertó Sarmiento.
Esta preocupación se extiende, en el caso de organizaciones de la sociedad civil como el Centro Flora Tristán, al grado de voluntad política que pueda tener el nuevo gabinete postindulto a Fujimori.
Meléndez, su directora, sostuvo que ante el ensañamiento y la crueldad mostrada en la violencia de género en 2017, se requiere fortalecer la prevención como principal reto para este año.
“Eso pasa por asegurar educación sexual integral con enfoque de género en las aulas, algo que lamentablemente con este gobierno está en duda”, observó. “Es claro que la actual crisis impactará en la gestión de las políticas públicas y afectará la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, añadió.
La percepción es compartida por activistas de derechos humanos y feministas en las redes sociales, como es el caso de la abogada Patricia Carrillo, quien participó en las marchas contra el indulto y en las promovidas por los colectivos de mujeres por el derecho a vivir libres de violencia. “Quieren acallarnos pero no lo lograrán”, analizó, en diálogo con IPS.
“Declarar el decenio de esa forma, sin tomar lo propuesto por la Defensoría, rebaja nuestra demanda de igualdad y no discriminación de género”, se lamentó. “Nosotras no queremos igualdad de oportunidades en las mismas condiciones de opresión que los hombres, nuestra espacio de lucha seguirá en las calles”, subrayó.
Editado por Verónica Firme
