Santiago Maldonado tiene 28 años y nació en un pueblo agrícola, a 200 kilómetros de Buenos Aires. Desde hace unos meses vivía en la Patagonia, donde hacía tatuajes en una feria artesanal y se había solidarizado con el reclamo territorial de las comunidades indígenas de la zona.
El 1 de agosto, según se denunció, participaba en una manifestación que fue desalojada de manera violenta por una fuerza de seguridad y desde entonces no se sabe más nada de él, está desaparecido.
Esa desaparición conmueve a millones de argentinos y se ha convertido en un inesperado problema político para el gobierno de Mauricio Macri, que desde un primer momento rechazó la posibilidad de que el joven haya sido detenido por las fuerzas estatales.[pullquote]3[/pullquote]
Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país el viernes 1, al cumplirse un mes sin noticias de Maldonado, luego de una creciente campaña en las redes sociales que incluyó hasta a la esposa del superastro del fútbol mundial, Lionel Messi, cuyo reclamo en la red Instagram alcanzó a más de cinco millones de seguidores.
La histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires fue desbordada por una impresionante y heterogénea muchedumbre, en la que predominaron jóvenes y también familias enteras, que nutrieron las columnas de las organizaciones sociales, llegadas de los barrios pobres de los suburbios.
Al caer la noche, la movilización terminó con enfrentamientos con la Policía que dejaron 30 detenidos y algunos destrozos en el centro de la capital.
Un rato antes, en el escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, sede de la Presidencia, dos hermanos de Maldonado se mostraron en compañía de un grupo de las ya ancianas Madres de Plaza de Mayo y de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha pacífica contra la última dictadura militar (1976-1983).
Algunos de los manifestantes llevaban pancartas que hablaban de 30.001 desaparecidos, en referencia a que habría aumentado la cuenta de las 30.000 víctimas que, según los organismos de derechos humanos, dejó el plan represivo de las Fuerzas Armadas durante el régimen militar.
Por esa traumática historia cercana, la sociedad argentina es particularmente sensible a cualquier caso que pueda vincularse con una desaparición forzada.
Previsiblemente, durante la manifestación todos los cuestionamientos fueron para el gobierno.
«El Estado sigue negando su desaparición a manos de Gendarmería y pareciera que negara hasta su existencia. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a su familia», dijo Sergio Maldonado, quien fue ovacionado por la multitud cuando reclamó la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad interna de formación militar, que es utilizada por el Estado argentino para cuidar las fronteras y para controlar conflictos que desbordan a las policías provinciales.
El 1 de agosto, en la provincia de Chubut, desalojó por orden judicial un corte de una ruta que realizaba un grupo de integrantes de la comunidad Pu Lof Cushamen, del pueblo mapuche, que reclaman como su territorio ancestral tierras que fueron compradas por Benetton, el grupo transnacional italiano del sector textil.
La comunidad indígena denunció que Santiago Maldonado estaba en la manifestación y que fue visto por última vez cuando intentaba huir del operativo represivo. Algunos, incluso, aseguraron que vieron cómo lo subieron a una camioneta de la Gendarmería.[pullquote]1[/pullquote]
Cuatro días más tarde, a pedido del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, reclamó al Estado que tome “todas las medidas urgentes que sean necesarias para localizarlo”.
Sin embargo, desde un primer momento, el gobierno rechazó que se trate de una desaparición forzada, puso en duda la presencia de Maldonado en el lugar –con el argumento que es imposible identificarlo en las imágenes porque los manifestantes estaban encapuchados- y defendió la actuación de la Gendarmería.
“Nadie puede demostrar fehacientemente que estuvo en ese momento en el corte de ruta y en la acción de despeje que hizo después la Gendarmería», afirmó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
En esa línea, el gobierno recibió con alivio un informe destinado a las Naciones Unidas, redactado tras más de 20 días de investigación por la fiscal de la causa, Silvia Avila, quien consideró que no hay pruebas contra la Gendarmería.
“Técnicamente, es cierto no hay pruebas contra la Gendarmería, pero hay dos o tres indicios muy contundentes. Por otro lado, todas las hipótesis alternativas que se plantearon durante estas semanas se desvanecieron rápidamente”, dijo a IPS el director ejecutivo de CELS, Gastón Chillier.
Para el abogado con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, “la pregunta es por qué el gobierno ha sido reticente a aceptar siquiera como hipótesis la posibilidad de que a Santiago se lo haya llevado la Gendarmería”.
“Existe una responsabilidad política en la represión violenta a los mapuches del 1 de agosto. En el último tiempo el gobierno presentó a la protesta social indígena como un factor de inseguridad y creó el clima para un operativo de estas características, en el que la posibilidad de que la Gendarmería se haya llevado a Santiago no es en absoluto remota”, agregó.
El telón de fondo del caso Maldonado es el conflicto territorial en el sur del país con los pueblos indígenas, que son reconocidos por la Constitución argentina como dueños de “las tierras que tradicionalmente ocupan”, pero el proceso de relevamiento de los territorios avanza con lentitud y la titulación parece muy lejos en horizonte.[related_articles]
Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, el gobierno hizo trascender a la prensa un informe del Ministerio de Seguridad que le adjudica a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) 77 hechos delictivos violentos, cometidos desde 2013 en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Su líder es Facundo Jones Huala, quien está preso en la ciudad de Esquel, de Chubut, por ocupación de campos, y sostiene que los mapuches “usamos la violencia como forma de defensa”.
“Tenemos la decisión total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que use la violencia como forma de acción, y que quiera imponer una república autónoma y mapuche en medio de la Argentina», dijo la ministra Bullrich pocos días después de que se denunciara la desaparición de Maldonado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sociales cargan la responsabilidad de la violencia sobre la actuación del gobierno, reclamaron protección para las comunidades mapuches y pidieron una solución política del conflicto.
Ya en enero, cinco organizaciones habían advertido en una carta al secretario de Derechos Humanos: “Hay un hilo conductor entre la idea discriminatoria de que los indígenas son una amenaza terrorista, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas, la actuación ilegal de las fuerzas de seguridad y la persecución criminal a sus líderes”.
Editado por Estrella Gutiérrez
