Ahora que los escándalos de corrupción se hicieron más contundentes y con una secuencia más acelerada, afectando directamente el gobierno, sorprende el silencio de las calles en contraste con las masivas protestas de los dos últimos años en Brasil.
“Antes yo sentía irritación, ahora indiferencia, cansancio y descreimiento, ante los hilos de corrupción que nunca terminan”, confesó Paulo Costa, un funcionario público jubilado en la sureña metrópoli de São Paulo, en un sentimiento compartido por otros ciudadanos consultados por IPS.
Su evolución refleja al parecer la reacción de amplios sectores del país, tres años después del inicio de la oleada de crecientes revelaciones sobre como empresas conquistaban grandes negocios y beneficios oficiales, sobornando el sistema político.
“Es la sensación de que no hay remedio, hay mucha desesperanza e ira, las personas ya no le creen a la Justicia”, observó Mireya Valencia entre sus amigos y colegas, especialmente en la Universidad de Brasilia, donde es profesora de desarrollo rural.
Su sentimiento personal es de “mucha indignación y la convicción de que la crisis política, moral e institucional brasileña solo podrá superarse a mediano plazo”, resumió.
Está en juego nada menos que la presidencia de Brasil, 13 meses después que la mandataria Dilma Rousseff fuese separada del poder para responder a un proceso de inhabilitación ante el Senado, que la destituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016.
Michel Temer, su sucesor como vicepresidente elegido en octubre de 2014, está en vías de ser enjuiciado en el Supremo Tribunal Federal bajo acusación de corrupción pasiva, basada en denuncias de Joesley Batista, propietario de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, y otras grandes empresas.
Batista grabó una conversación más que comprometedora con el presidente en marzo y lo acusa de comandar “la organización criminal más peligrosa de Brasil”.
Un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares al cambio actual) semanales durante 20 años empezó a ser pagado a esa alegada organización delictiva, según el empresario, para asegurar gas natural a precios reducidos a una central termoeléctrica de su grupo empresarial.
El primer pago, a fines de abril, se hizo a un exasesor del presidente, el diputado suplente Rodrigo Loures, en un encuentro filmado por la Policía Federal. Loures está detenido desde el 3 de junio y bajo investigación junto con Temer, quien ha rechazado renunciar.
Convivir con un primer mandatario sin la dignidad del cargo y reconocer la carencia de líderes idóneos para sustituirlo están dañando el alma de los brasileños, como lo hacen algunas derrotas históricas del equipo nacional de fútbol.
“Tristeza”, resumió Maria Luiza Rossoni, jubilada como profesora de enseñanza básica, cuyos “restos de esperanza en el Partido de la Socialdemocracia se evaporaron”, al terminar de comprobar que son “todos corruptos y bellacos”.
“Mi esperanza es que el pueblo vote mejor en las próximas elecciones”, después de “la clase de política” que representaron las investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general), revelando como operan ilegalmente los políticos actuales, destacó.
“Un mixto de indignación y frustración” agobia, “en esa crisis anunciada”, al periodista Carlos Muller, director de Comunicación de la Asociación Nacional de Diarios, con sede en Brasilia.
Las reacciones tienen sesgos partidarios, con una tendencia a culpar adversarios por la corrupción o atribuir denuncias a conspiraciones políticas, constató.
Es poco probable que ocurran movilizaciones masivas contra la corrupción sistémica, en parte obstaculizadas por las opciones partidistas o ideológicas de cada uno, que se supeditan a cuestiones morales.
“Las personas están atónitas ante la cantidad de denuncias y la dificultad de identificar el mejor camino, pautas que puedan abrazar”, sostuvo Adelaide de Oliveira, coordinadora Nacional de Ciudades del movimiento “Vem pra Rua (Ven a la calle)”.[related_articles]
Así justificó ella la ausencia actual de movilizaciones en las calles. Su movimiento es acusado de no tener hacia el gobierno conservador presidido por Temer la misma actitud de cuando se trataba de derrocar a Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Vem pra Rua y otros grupos movilizaron millones de personas en manifestaciones que impulsaron el proceso de inhabilitación de la ex presidenta. “Fueron 6,4 millones de personas en las calles de todo Brasil el 13 de marzo de 2016”, dijo Oliveira a IPS. La policía y la los medios de comunicación divulgaron estimaciones muy inferiores.
“En 2016 rechazamos el gobierno del PT por su desastre económico y la corrupción”, en un momento que las investigaciones destacaban ese partido en la desviación de recursos del estatal consorcio petrolero Petrobras, recordó.
Pero el movimiento es suprapartidario y pregona “un combate sistemático a cualquier corrupción, por el fin de la impunidad”, afirmó. Renovación política es otro objetivo, realzado ahora por la falta de alternativas visibles si cae Temer. “Necesitamos gente nueva en la política”, sentenció.
Pasada la perplejidad, “la gente volverá a las calles” en nuevas protestas multitudinarias, aseguró Oliveira, quien argumentó que ya hubo pequeños actos en marzo y que su movimiento cuenta con 5.000 activistas en 300 ciudades de Brasil e incorporó las redes sociales de Internet para la movilización.
Pero las perspectivas brasileñas son de incertidumbres y riesgos de deterioro político y social, evaluó Fernando Lattman-Weltmann, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
“¿Quién conseguiría gobernar Brasil en el ambiente actual, en que la agenda política es policial?”, se preguntó, destacando la falta de gobernabilidad, dificultades de constituir una mayoría parlamentaria y la reñida lucha por el poder, sumándose el combate a la corrupción convertido en “cacería a las brujas”.
Con “las instituciones en harapos” e inestables, el Poder Judicial se politizó e interfiere en todo, rompiendo el equilibrio de poderes. “No hay un debate efectivo sobre alternativas políticas para el país”, lamentó.
La crisis política, “sin salida en el horizonte”, puede conducir Brasil a dos rumbos, la “argentinización” y la “colombianización”, opinó el académico a IPS.
El primer caso consistiría en “una decadencia durante décadas, con estancamiento económico y radicalización política”, con algo similar al antagonismo entre “peronistas y antiperonistas, en que los dos lados se sabotean mutuamente”, explicó.
Con cerca de 60.000 homicidios al año, “cifras de guerra civil”, el Estado en crisis incapaz de promover un mínimo de seguridad pública y las políticas actuales que tienden a ampliar la pobreza y la desigualdad, “la violencia se agravará en Brasil”, acercándose al nivel de “Colombia dominada por el narcotráfico”, según Lattman-Weltman.
“Son contextos distintos, la violencia en Brasil es de la delincuencia en reductos con disputa de sus dominios por el tráfico de drogas u otro tipo de criminalidad, pero no vinculados a supuestos reclamos políticos como en Colombia”, matizó Mireya Valencia, de origen colombiano y quien reside en Brasilia hace décadas.
Editado por Estrella Gutiérrez
