Sábado por la tarde. Desde la ciudad de Tijuana, Sergio Tamai, activista por los derechos de personas migrantes, resume la nueva crisis en esa parte de la frontera de México con Estados Unidos.
“Se está creando un bronconón”, dice con el acento –y modismo- de los norteños mexicanos. “El gobierno ya está rebasado, por más que trataron de esconderlo ya no pudieron y la bronca les va a estallar”.
Tamai, fundador de la organización Ángeles sin Fronteras, habla de un fenómeno inédito que sorprende a esta ciudad del extremo noroccidental mexicano, la más poblada del estado de Baja California y creada por migrantes: la llegada de miles de africanos y haitianos que buscan asilo en Estados Unidos.
No se sabe cuántos son. El Ayuntamiento reconoce a 350, los que están en sus albergues, pero organizaciones civiles dicen que pueden ser hasta 7.000.
Muchos se encuentran en Tijuana desde mayo de 2016, pero otros aparecieron en las primeras dos semanas de septiembre. El flujo no se ha detenido y es muy posible que su origen sea más antiguo que el de estas estimaciones.
Pero apenas ahora es visible por tres razones: la cantidad de migrantes está en aumento; los primeros que llegaron agotaron su dinero y salieron a las calles para conseguirlo. Antes vivían en hoteles.
Y la tercera causa es que algunos medios locales empezaron a publicar sobre el fenómeno, después que el gobierno de Estados Unidos denunció una posible venta de pases por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar asilo humanitario.
Más allá de los números hay algunos elementos que hacen inédito el fenómeno, incluso en esta ciudad que en materia migratoria ha visto casi de todo.
Los recién llegados, especialmente quienes provienen de África, son parte de un flujo sospechosamente ordenado y silencioso, que incluso cuenta con el respaldo del INM, denuncian activistas pro migrantes.
Muchos tienen recursos que les han permitido sobrevivir en México durante meses y no solo eso: tiene clara la forma para intentar asilarse en Estados Unidos, lo que implica conocimiento de leyes internacionales o, por lo menos, de los trámites burocráticos de las autoridades estadunidenses.
No es común en el flujo humano que cruza por México. Vaya, ni siquiera en la centenaria tradición migrante de éste país hacia el norte.
Por eso es inédito el fenómeno. Y algunos como el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, tienen claro el panorama:
La crisis migratoria que se gesta en Tijuana, asegura, es parte de una elaborada estrategia de mafias trasnacionales de tráfico de personas, capaces de mover por medio planeta no sólo africanos sino a migrantes de cualquier otra nacionalidad.
Grupos que, según protocolos internacionales como el de Palermo (sobre la delincuencia organizada) sólo pueden existir con el respaldo, activo o por omisión, de las autoridades.
Pero ahora algo falló que la puerta a esta migración de paso libre, considerada de privilegio por el alto costo del viaje (20.000 dólares en promedio), se ha cerrado.
Y las consecuencias se ven en las calles de Tijuana.
Históricamente por la frontera sur de México han cruzado ciudadanos de medio mundo. En Tapachula, la ciudad más grande de la zona, no son pocos los que hablan de indios, paquistaníes, iraquíes, chinos y por supuesto de centroamericanos, cubanos y haitianos que en algún momento de las últimas décadas caminaron por sus calles o se refugiaron en algún hotel.
Pocas eran las referencias a los africanos. Hasta hace unos años, que su presencia empezó a ser cada vez más evidente.
Aparecieron tras la ola de cubanos que escaparon de su país ante el descongelamiento de relaciones entre La Habana y Washington, que puso en riesgo los privilegios migratorios que los isleños mantuvieron por décadas.
Muchos de estos africanos también llegaron directamente a las oficinas del INM para entregarse y pedir un oficio de salida, que sirve como salvoconducto por un mes para evitar ser detenidos.
El documento establece que su portador está en proceso voluntario de abandonar el país y por lo mismo, mientras mantenga su vigencia, no puede ser deportado.
Un trámite que existe desde hace décadas pero que no solía aplicarse a migrantes irregulares recién llegados a México. Hasta hace unos años las víctimas eran, generalmente, extranjeros con varios años de radicar en el país a quienes se vencía su permiso de estancia temporal, conocida como FM3.
El oficio de salida obliga a abandonar México pero no impide su reingreso, incluso horas después de hacerlo. Muchos lo utilizan para regularizar su situación migratoria.
La decisión de aplicar esta medida es arbitraria, ciertamente, porque es frecuente en poblaciones como argentinos, españoles o chilenos (casi nunca estadunidenses, por cierto), pero son contados los casos en que centroamericanos reciben este beneficio.
Ahora lo tienen los africanos, dice Solalinde. El documento les ha permitido llegar hasta Tijuana donde en los últimos meses se convirtieron en una bomba de tiempo.
“Ya rebasaron a las autoridades. Nosotros planteamos hacer un campamento para concentrarlos y que no estén en las calles pero dijeron que no, porque iban a llegar miles en poco tiempo”, explica Tamai.
“Lo único que hicieron fue sacarlos del bordo y los lugares donde se concentran y ahora andan regados en las calles. Hasta a Playas de Tijuana llegaron ya”, detalla.
Esta zona se encuentra en la orilla oeste de la ciudad, frente al océano Pacífico.
La presencia de miles de africanos y haitianos en Tijuana no es gratuita, insiste Solalinde.
El viaje inicia en países como Nigeria, Ghana, Malí, República Democrática del Congo, Senegal, Somalia, Eritrea o Burkina Faso, sigue por Brasil, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México.
Es un largo periplo que casi nadie hace solo, y que generalmente está a cargo de bandas trasnacionales de tráfico de humanos quienes tenían garantizado el paso hacia Estados Unidos gracias a la corrupción de agentes del servicio de inmigración de ese país.
Pero esto ya cambió, dice Solalinde. “Hace cuatro cinco meses había un tráfico regular operado por el INM. Llegaban vuelos regulares por ejemplo de la frontera sur a Toluca con orientales, o hindúes y los llevaban directamente a Tijuana”, explica.
En poco tiempo, casi al salir del aeropuerto los migrantes llegaban a las garitas migratorias y cruzaban sin problema, o bien utilizaban otras vías irregulares y más caras.
“Había narco túneles donde la gente también pasaba, costaba mucho pero cruzaban. Ahora los están clausurando. También pasaban en auto con micas falsas y el que estaba allí en la garita estaba de acuerdo, pero ahorita ya no”.
No se sabe por qué la puerta clandestina a Estados Unidos fue cerrada, pero la realidad es que se quedaron atorados en la ciudad. “Pagaron y alguien ya no pudo responderles en el último jalón como dicen ellos, pero siguen llegando y se siguen represando”, dice el sacerdote.
Nunca faltan los aprovechados. Todos los días el INM otorga 50 citas para entrevistarse con un cónsul estadunidense y plantear la solicitud de asilo.
Eso no significa que lo consigan y en realidad la mayoría son rechazados, pero se quedan en Tijuana por dos razones: no quieren regresar a sus países, y al mismo tiempo el gobierno mexicano no puede expulsarlos porque en muchos casos no tiene acuerdos de deportación con esas naciones.
Sin embargo, hace unas semanas se supo que los pases, supuestamente gratuitos, en realidad se vendían en cientos de dólares. Muchos que ya tienen un rato en la ciudad no pudieron comprarlos pero sí los recién llegados. “Un día llegaron como mil a comprarlos, fue cuando Estados Unidos suspendió el trámite”, cuenta Tamai.
Atorados, sin posibilidades de moverse, empezaron a deambular en las calles. Unos cientos fueron a Mexicali para intentar el cruce por allí, pero tampoco lo consiguieron.
“De por sí la garita de allí es más chica, la saturaron luego y les cerraron la puerta”, recuerda el activista.
Mientras, el problema social en la frontera se agudiza cada semana. Los recursos municipales para atender a la población en situación de calle ya se agotaron, dice Tamai, y el gobierno de Baja California no quiere soltar dinero para evitar una mayor concentración de migrantes.
La única salida es que el gobierno federal destrabe los recursos para atención de migrantes, unos 300 millones de pesos (15,7 millones de dólares), y los envíe a la frontera para resolver el problema.
Va para largo, dice Tamai. Pero no se van a sentar a esperar. “Vamos a hacer ruido, a protestar para que suelten el dinero. Esto es una crisis humanitaria”, asegura.
Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
Revisado por Estrella Gutiérrez
