Tras 52 años de conflicto armado, Colombia abrió este miércoles 24 el capítulo de la paz con un histórico Acuerdo Final, suscrito en la capital cubana entre el gobierno y la guerrilla comunista de las FARC, que deberá ser refrendado el 2 de octubre en un plebiscito.
Con una ceremonia especial en la que ha sido sede en La Habana de casi cuatro años de diálogos de paz, los negociadores de las dos partes y los representantes de los países acompañantes oficializaron el logro de un acuerdo que pone fin a uno de los conflictos más viejos del mundo y pretende “la construcción de una paz estable y duradera”.
“La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentarnos a hablar de la paz”, expresó Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, quien minutos después anunció desde Bogotá que el primer domingo de octubre se realizará la consulta popular prometida para refrendar lo pactado.
El acuerdo “final, definitivo e inmodificable”, según lo definió Santos, contiene seis grandes puntos, en un documento de 250 páginas, apuntillado por un cónclave que trabajó sin descanso durante la última semana y del que se elaboraron siete copias.
“La última palabra” con respecto al Acuerdo Final será de los colombianos, aseguró De la Calle, tras firmar Acuerdo Final, junto con el jefe de los negociadores de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Iván Márquez.
“Hoy hemos llegado a la meta”, afirmó De la Calle, pero “el principal reto comienza ahora”.
“Hay conflictos de la sociedad colombiana que tenemos que seguir afrontando con la fuerza tranquila”, conminó. Y alertó sobre la necesidad de concienciar a la población de su país en la idea de que “no hay violencia buena”.
A su juicio, el “indisoluble” acuerdo alcanzado “no es perfecto”, pero sí está seguro de que es “el mejor posible” y el que resulta viable.
Santos afirmó que se hará una divulgación tan masiva de lo acordado en La Habana que los colombianos podrán participar en el plebiscito con todos los elementos para decidir. Según la Corte Constitucional, la consulta no es vinculante, pero representa un compromiso del presidente con la población.
El acuerdo, que tuvo en cuenta a grupos vulnerables como mujeres, infancia, adolescencia, afrodescendientes, campesinos, discapacitados y personas de la tercera edad, define una política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, justicia para las víctimas y los procedimientos para el fin del conflicto.
“Hemos ganado la más hermosa de las batallas: la paz en Colombia”, aseguró Márquez por su parte.
También calificó el documento final como una “obra política” y “un punto de partida” para subir la empinada cuesta de lograr y mantener la paz en un país marcado por más de medio siglo de violencia armada.
Márquez destacó que con la implementación de los acuerdos, las FARC podrán convertirse en un partido o movimiento político, y espera que “aleje definitivamente el riesgo de que las armas se vuelvan contra los ciudadanos”.
En ese sentido, expresó el deseo de que el Ejército de Liberación Nacional, un pequeño grupo guerrillero que aún permanece operativo, avance también en un acuerdo con el gobierno de Santos, que prometió alcanzar la paz en el país desde que llegó a la presidencia en agosto de 2010.
Márquez resaltó que el tratado prevé la vigilancia internacional sobre el cumplimiento, que no implica solo la mirada hacia las acciones de la guerrilla sino también del gobierno y de los residuos de los grupos paramilitares de extrema derecha.
Ambos jefes de las delegaciones consideraron como un aspecto sensible y de gran compromiso la reparación de las víctimas.
Hasta 2015 se habían registrado ante el Estado 7.874.201 personas damnificadas por el conflicto, que dejó 220.000 muertos y 45.000 desaparecidos.
Según cifras oficiales, las autoridades públicas colombianas deben reparar a 6.084.064 personas, que representan 12,4 por ciento de la población colombiana. La mayoría son desplazados internos: 6.897.450.
El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del conflicto, Alan Jara, consideró desde Bogotá que este 24 de agosto es “especialmente emocionante” para las víctimas.
Según Jara, quien estuvo casi ocho años secuestrado por las FARC, fue esencial para el éxito de las negociaciones que las víctimas hayan sido oídas durante los diálogos de La Habana y que “el esclarecimiento de la verdad” y “el resarcimiento” sean pare esencial del acuerdo rubricado ahora.[related_articles]
El día histórico para América Latina acontece justo a dos meses de que fuera rubricado, el 23 de junio, el acuerdo sobre el cese del fuego bilateral y definitivo y la hoja de ruta para su cumplimiento, con la presencia de mandatarios de países de la región y representantes de organismos internacionales, y en que participó el propio Santos.
La mesa de los diálogos de paz que este 24 de agosto cerró su trabajó en La Habana comenzó a funcionar en Oslo en octubre de 2012 y se trasladó un mes después a esta capital. Cuba y Noruega fungieron como países garantes, mientras Chile y Venezuela actuaron como acompañantes del proceso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), tendrá el papel de verificación de los acuerdos, que incluye 180 días para la dejación total de las armas por los miembros de las FARC, que deberán concentrarse en una serie de puntos preestablecidos durante ese periodo.
Fuentes de la ONU, también presentes durante los diálogos de La Habana, calificaron como un modelo “innovador y pionero” la incorporación en las negociaciones de las necesidades específicas de las mujeres y de las personas con orientación e identidad sexual diversas.
Las partes incorporaron en septiembre de 2014 la Subcomisión de Género. Las mujeres, que se estima representan más de 40 por ciento de las filas de las FARC, participaron en la definición de las garantías en el acceso y tenencia de la tierra, medidas de prevención y protección en cuanto a una vida libre de violencia, garantías de acceso a verdad y justicia y medidas contra la impunidad, entre otras.
Editado por Estrella Gutiérrez
