Ahora que el viento no se lleva más el techo y la vivienda es suya, la argentina Cristina López se siente a resguardo en el asentamiento informal donde vive. Pero para pisar firme el suelo que ocupa, ella y sus vecinos tendrán que conquistar muchos otros derechos.
No se queja porque antes de mudarse hace cuatro años con su hijo adolescente al nuevo barrio de Hornos, en el municipio de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, su situación era mucho peor.
Vivía de alquiler hasta que el municipio le aportó un terreno, donde se construyó una precaria casita. “Como la construí yo sola no tenía estabilidad y una de las tormentas me llevó el techo”, contó López a IPS, lo que la obligó a vivir acogida con su hijo en casas de amigos o vecinos. [pullquote]3[/pullquote]
La nueva casa fue edificada con ayuda de Techo, una organización no gubernamental que promueve la vivienda digna en los asentamientos informales de las urbes de América Latina y el Caribe, mediante la acción conjunta de pobladores y voluntarios.
En Los Hornos, con 200 familias, y en el vecino barrio de Los Cedros, que acoge a 1.200 familias, Techo construyó 225 pequeñas viviendas unifamiliares, llamadas “casillas”. Son sencillas y de bajo costo, erigidas en apenas dos días y destinadas a resolver “emergencias habitacionales”.
Pero para López, de 59 años y quien realiza diferentes trabajos para sostenerse a ella y su hijo de 15 años, supuso la diferencia entre la indigencia y la dignidad.
“Fue el cambio total. No hay nada que se compara con esto. Una se da cuenta que a partir de una casa, una empieza a cambiar su forma de vida, porque una sabe que eso es propio y que aunque todavía no tenga ‘los papeles’ del terreno, el techo es mío. Este techo no me lo saca nadie”, describió.
Los papeles son el título de propiedad que debe entregarle la municipalidad que les cedió los terrenos, y no tenerlos la intranquiliza.
“Siempre hay un ‘vivo’ (listo) para reclamar que el terreno es suyo. Hasta que el municipio no diga esto es de ustedes, no podremos tener seguridad”, explicó.
Para dejar de ser “una ciudadana de segunda”, dice, también le falta contar con servicios como agua corriente, cloacas o electricidad con medidor (contador), para que “no se corte a cada rato”.
Además, Los Hornos está a 42 kilómetros de la capital y a más de 20 del centro de la cabecera municipal, y todo queda lejos. “No tenemos una escuela cercana, un centro de salud cercano, no entran ambulancias, no tenemos calles, nos falta todo”, resumió.
Suelo y desigualdad
“Los derechos vulnerados se reconocen en muchas cosas y el asentamiento es la mayor expresión de desigualdad y derechos vulnerados”, señaló a IPS el director de Regiones de Techo Argentina, Francisco Susmel.
“El no tener seguridad de tenencia no les permite tampoco garantizar que no va a haber un desalojo, que pueden mejorar su vivienda y su entorno”, e igualmente coarta su derecho a acceder a algunos servicios, ejemplificó.
Un relevamiento realizado en el 2013 por Techo en 1.834 asentamientos de las mayores ciudades de Argentina, donde viven 432.800 familias, mostró entre otras muchas vulnerabilidades, aquellas conectadas con el suelo, en una situación que se repite en los asentamientos pobres y hacinados de las urbes latinoamericanas.
El informe reveló que 64 por ciento de los suelos de esos conglomerados urbanos se inunda, mientras 41 por ciento se sitúa a menos de 10 metros de un río o un canal y 25 por ciento de un vertedero de basura.
“El suelo condiciona la desigualdad porque hoy está apropiado por un grupo selecto de personas y no está a disposición del resto de la población”, contextualizó a IPS el sociólogo Juan Pablo Duhalde, director del Centro de Investigación Social de Techo Internacional.
Según Paola Bagnera, autora del libro “El derecho a la ciudad en la producción del suelo urbano”, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el suelo urbano se constituye en uno de los elementos que condicionan la desigualdad en el ejercicio del derecho a la ciudad.
“Cuando hablamos de suelo urbano, nos referimos a la tierra, al territorio, a ese soporte básico que conforma la ciudad…que es el soporte donde se trazan las calles, las manzanas, que requiere la presencia de redes (de agua, electricidad, cloacas y otros)”, puntualizó a IPS esta arquitecta y especialista en hábitat, urbanismo y pobreza urbana de la argentina Universidad Nacional del Litoral.
“En un esquema de mercado, el valor que el suelo adquiere, tiene directa relación con la localización (cercanía o lejanía), la provisión (o ausencia) de servicios y equipamientos y las características ambientales (que derivan en diversas condiciones de exposición al riesgo)”, agregó.
Por ejemplo, en los años 90 la construcción en Argentina de emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados en áreas suburbanas, encareció terrenos hasta entonces de poco valor, que ocupaban los sectores populares.[related_articles]
“Este hecho, se convierte en uno de los elementos determinantes de la configuración del hábitat de los sectores populares en las grandes ciudades: desplazarse hacia zonas cada vez más periféricas o acrecentar densidades en espacios ya configurados como asentamientos o ‘villas’ en las propias centralidades urbanas”, señaló Bagnera.
Como consecuencia, la experta citó ejemplos como la “construcción en altura” en los asentamientos pobres y hacinados – denominados “villas miseria” en Argentina- en capitales como Buenos Aires, y el encarecimiento desmedido del precio de venta y alquiler de esos inmuebles.
“Pensando en América Latina, en la realidad de los asentamientos…, cuando el mercado toma decisiones sobre la distribución del suelo es cuando estamos haciendo referencia a que nos estamos gobernando de una forma poco eficiente y poco proyectada en el tiempo”, complementó e Duhalde.
Para este experto, el derecho al acceso al suelo urbano debe ser uno de los temas centrales de discusión en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que se celebrará en la capital de Ecuador en octubre y de la que debe salir una Nueva Agenda Urbana mundial.
“El mercado del suelo es un mercado imperfecto que hoy reproduce las desigualdades en el acceso al suelo, porque está en manos de un grupo minoritario, orientado a generar rentabilidad, no para el colectivo”, explicó el especialista.
Para Duhalde, “se necesita de una serie de instituciones del Estado, del sector social, de la academia, distintos grupos de interés, que sean parte de esa distribución equitativa de los recursos, que en este caso es el suelo, que recordemos que tienen una función social. No es una mercancía”.
Bagnera propone la valorización del suelo urbano a partir de la incorporación de infraestructuras y equipamientos de la tierra.
“Esto es, a partir de la generación de procesos de organización colectiva a través de cooperativas de vivienda, grupos u organizaciones sociales que emprenden sus propios procesos de urbanización y dotación de infraestructuras a macizos que adquieren en forma colectiva”, explicitó.
“Y fundamentalmente con la participación del Estado, promoviendo políticas inclusivas de acceso a los servicios, contribuyendo a la generación de convenios urbanísticos de articulación público-privada”, argumentó.
Esas políticas, “tienden a reducir los costos de las infraestructuras, aportando tierras de dominio fiscal, o a partir de la producción de suelo urbano ejecutado como una acción directa de responsabilidad estatal”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez
