Chile ante la urgencia de descarbonizar su modelo económico

Área de fundición de la mina de El Teniente, de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), ubicada a 1.880 metros de altura, en las cercanías de Rancagua, al sur de Santiago de Chile. El modelo de explotación de recursos naturales con intensivo uso de hidrocarburos está en crisis en el país. Crédito: Marianela Jarroud/IPS
Área de fundición de la mina de El Teniente, de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), ubicada a 1.880 metros de altura, en las cercanías de Rancagua, al sur de Santiago de Chile. El modelo de explotación de recursos naturales con intensivo uso de hidrocarburos está en crisis en el país. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

Chile está próximo a agotar su modelo económico basado en la explotación de recursos naturales con una base energética centrada en hidrocarburos, y deberá tomar medidas urgentes para alcanzar su meta de reducir sus emisiones contaminantes en 30 por ciento para el año 2030, alertó una nueva evaluación ambiental.

Mauricio Pereira, investigador de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cree que “Chile ha hecho grandes avances en términos de institucionalidad ambiental”.

“Se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el servicio de evaluación de impacto ambiental y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, integrado por 10 ministerios, dijo el especialista a IPS.[pullquote]3[/pullquote]

Sin embargo, agregó, “falta que la creación de estas instituciones se vea reflejada en la implementación de  medidas más rigurosas con el fin de mitigar todos los efectos al medio ambiente”.

Pereira es uno de los participantes en la elaboración de la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de Chile, presentado el 21 de julio en la sede de la Cepal en Santiago, donde se recomienda que este  país sudamericano debe aprovechar su alto potencial de energías renovables no convencionales para descarbonizar su modelo económico.

Según el especialista,  el crecimiento chileno “está enfocado principalmente en función de la extracción, explotación  y la exportación de recursos naturales, y eso genera diversas presiones sobre el medio ambiente, sobre el aire, sobre el agua”.

El informe, realizado por la Cepal y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contiene 54 recomendaciones para fomentar una economía más verde y mejorar la gobernanza ambiental, con énfasis en las políticas relativas al cambio climático, la diversidad biológica y los recursos hídricos, entre otros.

“Chile es una potencia económica de América Latina, y la pregunta de los próximos 25 años es si podrá mantener ese crecimiento protegiendo al mismo tiempo su base de activos ambientales”, declaró durante la presentación el director de Medio Ambiente de la OCDE, Simon Upton.

Dentro del Acuerdo de París para contener el incremento de la temperatura del planeta, alcanzado en diciembre de 2015, Chile se comprometió a reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 30 por ciento con respecto al nivel alcanzado en 2007, como parte de su contribución nacional determinada para el objetivo mundial.

Esa meta podría elevarse a una disminución entre 35 y 45 por ciento, en el caso de obtener aportes monetarios internacionales para lograrlo.

“Hay quienes consideran que nuestro compromiso es insuficiente, pero es a lo que nos podemos comprometer hoy, entendiendo la situación económica en la que se encuentra el país y el mundo. Se trata de un compromiso serio y responsable. Y obviamente, si la situación económica mejora, nos pondremos luego metas más ambiciosas”, dijo la presidenta Michelle Bachelet a IPS, en una entrevista en diciembre de 2015.

La contribución chilena posee un plan de adaptación que incluye, entre otros, la reforestación de más de 100.000 hectáreas de bosque nativo y un programa de eficiencia energética.

Para avanzar en su objetivo, el gobierno de Bachelet estableció en diciembre de 2015 una Política Energética,  en la que se estima viable que en el año 2050, 70 por ciento de la generación de energía en Chile provenga de fuentes renovables.

Molinos de viento en Calama, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El país  posee un alto potencial en energías renovables no convencionales, pero los proyectos para su desarrollo podrían afectarse por la caída de los precios del cobre, fuente de su financiamiento. Crédito: Marianela Jarroud/IPS
Molinos de viento en Calama, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El país posee un alto potencial en energías renovables no convencionales, pero los proyectos para su desarrollo podrían afectarse por la caída de los precios del cobre, fuente de su financiamiento. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

 

Actualmente, de los 19.725,72 megavatios de potencia instalada que posee Chile,  58,4 por ciento provienen de generación de diésel, carbón y gas natural, mientras que el resto corresponde a energías renovables que incluyen, en su gran mayoría, a la mega hidroelectricidad.

Solo 13,5 por ciento del total corresponde a energías renovables no convencionales como eólica (4,57 por ciento), solar fotovoltaica (3,79 por ciento), mini hidroeléctricas (2,8 por ciento) y biomasa (2,34 por ciento).

“En el campo de la energía  eléctrica, hay un  cambio provocado por la sociedad civil que quería provocar un giro hacia las energías renovables no convencionales”, analizó para IPS el ecólogo Juan Pablo Orrego.

“Está floreciendo en Chile por fin la energía solar y la eólica, el problema es que si seguimos persiguiendo la fase de productividad primaria, las renovables no convencionales pueden pasar a ser nuestra próxima pesadilla. Se debe manejar el lado de la demanda de la energía eléctrica, cómo disminuir la demanda y el consume”, opinó.

En esa línea el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, recordó a IPS hace unos meses que “setenta por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero en Chile, proviene del sector energético».

«Por lo tanto, son los compromisos en energía los que nos permitirán llegar al compromiso de reducción del 30 por ciento de las emisiones al 2030”, adujo.

Chile es un responsable menor en las emisiones planetarias de GEI, con solo  0,2 por ciento. Pero entre 2000 y  2010 esas emisiones aumentaron  23 por ciento, cifra que supera al promedio de los miembros de la OCDE, que agrupa a 34 países con grandes economías, entre ellos Chile y México por América Latina.[related_articles]

Además, se destaca,  Chile sigue registrando altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente en Santiago, con impactos negativos para la salud de la población.

Debido a esto, el segundo EDA recomienda a Chile aumentar las tasas tributarias al diesel y a la gasolina o aumentar el impuesto a las emisiones de carbono que sean producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios, explicó Pereira.

Adicionalmente, los vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos, deberían pagar un impuesto relacionado con las emisiones de óxidos de nitrógeno.

El informe también se insta a “aumentar el grado de fiscalización y a tener más información a disposición de la comunidad, es decir, a implementar la democracia ambiental”, añadió el experto.

Para Orrego, ganador del Premio Nobel Alternativo (1998) que otorga la Fundación Right Livelihooden,  “Chile parece una vitrina de casi todos los problemas socioambientales que están aquejando a la humanidad entera”.

“Podría verse como un país de sacrificio con la gente que respira aire cargado de metales pesados y con gran contaminación, por ejemplo”, afirmó.

“Hay un problema estructural  para un desarrollo genuinamente sustentable en lo social y en lo ecológico”, analizó.

A su juicio, “ese problema es un modelo que está basado en una fase destructiva primaria con mega minería, pesca industrial y de arrastre y plantaciones de pino y eucalipto que son especies exóticas de crecimiento rápido que han provocado un desastre social y ambiental”.

Con todo, un gran desafío para Chile se centra ahora en la caída del precio del cobre, la principal riqueza del país, que impulsó, por ejemplo, la mayor parte de la inversión en energías limpias en la última década.

En este escenario, como una forma de acelerar la inversión privada en el contexto económico adverso, la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entregó el 25 de julio un documento con 25 propuestas para modificar ese cuestionado sistema.

La idea del gobierno es revisar y optimizar instrumentos, normativas e instituciones con el fin no sólo de facilitar la inversión, sino también de entregar una señal de mayor transparencia y participación ciudadana.

Editado por Estrella Gutiérrez

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