El acuerdo del cese al fuego definitivo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC pone un punto final a un ciclo latinoamericano que en realidad ya había acabado años antes de comenzar este siglo.
La guerrilla colombiana es un fenómeno extemporáneo, que se prolongó excepcionalmente por 52 años, o más aún si se considera los movimientos armados que le dieron origen a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1964.
Las delegaciones del gobierno y las FARC suscribieron en La Habana el 23 de junio el histórico acuerdo que pone fin a la guerra en Colombia y aproxima la culminación del Acuerdo Final de paz que las dos partes negocian desde 2012.
La oleada guerrillera en América Latina ocurrió entre el triunfo de Fidel Castro en Cuba (1959) y la desintegración de la Unión Soviética (1991), combatiendo dictaduras militares anticomunistas que proliferaron en la región durante ese período en que la región fue trinchera destacada de la Guerra Fría.
Hubo organizaciones que sobrevivieron más allá de 1991, como Sendero Luminoso en Perú, y otras remanentes en varios países, incluso grupos nuevos como el Frente Zapatista de México, surgido en 1994. Pero fueron expresiones aisladas y nada representativas en términos de amenaza política o militar a los gobiernos.
La mayoría de los participantes en la lucha armada sucumbió a la represión o se desmovilizó, principalmente en los años 70. Muchos de sus dirigentes, después de sufrir torturas y prisión por alzarse en armas, adhirieron a partidos democráticos y ascendieron al poder mediante elecciones.
Es el caso de Dilma Rousseff, elegida presidenta de Brasil en 2010 y reelegida en 2014 por el Partido de los Trabajadores y ahora suspendida de sus funciones, mientras se la sigue un proceso de inhabilitación ante el Senado, acusada de fraudes fiscales.
Miembro de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, fue detenida en 1970 y estuvo encarcelada tres años. La amnistía política decretada por los militares en 1979 y la posterior redemocratización del país le permitieron cumplir importantes funciones en gobiernos de izquierda hasta alcanzar la presidencia.
José Mujica afrontó 14 años de cárcel y resultó herido a tiros como militante Tupamaro, antes de pasar a la política y ser elegido presidente de Uruguay por el Frente Amplio en 2010.
Otros exguerrilleros ocupan o han ocupado posiciones claves en gobiernos izquierdistas, como el vicepresidente de Bolivia desde 2006, Álvaro Garcia Linera, y Alí Rodríguez, quien ejerció los ministerios de Energía y Relaciones Exteriores (1999-2002 y 2004-2006) y otros cargos en Venezuela, donde ya hubo guerrilleros en gobiernos desde los 90.
García estuvo preso entre 1992 y 1997 por haber participado en un grupo armado indigenista. Rodríguez participó en grupos guerrilleros en los años 60 y 70.
Caso único de guerrilla triunfante, además de la cubana, el nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional alzó a la jefatura del gobierno a su comandante Daniel Ortega en 1979, tras derrocar al dictador Anastasio Somoza. Tras perder la presidencia en 1990, volvió al poder en 2007.
Otro presidente de pasado guerrillero es Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que combatió a los gobiernos oligárquicos hasta 1992, cuando negoció los acuerdos de paz.
El FMLN llegó al poder por las urnas en 2009, con el periodista Mauricio Funes, que dio paso a Sánchez en 2014.
Ahora le toca a Colombia vivir el proceso de incorporación de combatientes clandestinos a la vida social y política.
“El acuerdo gobierno-FARC interesa a todos los latinoamericanos y a la humanidad, lo comprueba la colaboración de países europeos en las negociaciones”, opinó Tullo Vigevani, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estadual Paulista.
Eso se debe al peso de las FARC, “con áreas bajo su control desde 1964, sólidas raíces sociales en el campo y algún apoyo urbano”, acotó. “El acuerdo no cambia la tendencia conservadora actual en América Latina, pero reforzará los vientos democráticos en la región”, sostuvo a IPS.
“El proceso es innovador”, incluso en relación a negociaciones anteriores de paz en la misma Colombia, concluyó.
En 1990 un acuerdo desmovilizó el Movimiento 19 de Abril (M-19), protagonista de cruentas acciones urbanas, como la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985, que ocasionó decenas de muertos por la brutal reacción militar.
Actualmente, varios dirigentes del M-19 son parlamentarios y uno de ellos, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, disputó la presidencia en 2010. Otro, Antonio Navarro, fue gobernador del meridional departamento de Nariño.
Los políticos procedentes del movimiento tuvieron un papel relevante en la elaboración de la Constitución de 1991, que sorprende por principios progresistas en un país enturbiado por violencias múltiples y donde los conservadores concentran mucho poder.
A las poblaciones indígenas y afrocolombianas, por ejemplo, se les reconoce derechos colectivos, a territorios comunales con autonomía y de elegir sus propios representantes al Senado y a la Cámara de Representantes, en circunscripciones especiales, un avance que parece lejano en países como Brasil.
Pero hay también una experiencia muy perturbadora. Fue un intento trágico de superación del conflicto armado iniciado en 1984, a partir la Unión Patriótica (UP), una coalición de fuerzas de izquierda con participación de las FARC, creada a partir de negociaciones de la guerrilla durante la presidencia de Belisario Betancur.
Sería una forma gradual de incorporar guerrilleros a la vida legal. Pero luego empezó el exterminio practicado por narcotraficantes y paramilitares de derecha. En 20 años se estima que fueron asesinados 6.500 militantes y simpatizantes de la UP, forzando a los sobrevivientes al exilio.
En la actual realidad colombiana y latinoamericana parece imposible la repetición de tales masacres. La guerra perdió sentido después de matar cerca de 218.094 personas de 1958 a 2012 y forzar el desplazamiento de 6,46 millones hasta 2014, según el Centro Nacional de Memoria.
Pero Colombia es una fábrica de violencias desde el Bogotazo de 1948, cuando el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán desató una rebelión popular con centenares de muertos en la capital, a la que siguió la década denominada de “La Violencia”, entre grupos liberales y conservadores, con al menos 200.000 víctimas mortales.
Persisten otras pequeñas guerrillas activas en el país, aunque la segunda en fuerza, el Ejército de Liberación Nacional, ya comenzó lo prolegómenos de su diálogo con el gobierno.
Además están armados sectores paramilitares, cuya desmovilización hace 10 años resultó incompleta, y operan como bandas criminales, incluso del narcotráfico. El acuerdo con las FARC enfrenta opositores influyentes, como el derechista expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Es un proceso más complejo que el de otros países latinoamericanos, donde guerrilleros desmovilizados o derrotados pudieron fortalecer los gobiernos de izquierda, en un ciclo que también vive su ocaso.
Antes renunciaron a sus ilusiones revolucionarias y algunos, como Rousseff, se presentan como campeones de la democracia, por su lucha a muerte contra dictaduras.
Es una afirmación polémica, porque la lucha armada en general se hizo con “un proyecto autoritario, próximo a lo que había de revolución y socialismo en la época”, matizó a IPS el historiador Daniel Aarão Reis, de la Universidad Federal Fluminense.
Editado por Estrella Gutiérrez
