La militarización de los territorios indígenas en Asia agrava los conflictos armados y viola los derechos humanos, denunció la secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, Joan Carling, durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
El foro anual, que este año se celebra en la sede del foro mundial en Nueva York del lunes 9 hasta el 20 de este mes, reúne a más de 1.000 participantes de todo el mundo para discutir asuntos como los conflictos armados, la paz y la resolución y sus consecuencias para las comunidades indígenas.[pullquote]3[/pullquote]
En los tres primeros días de la decimoquinta sesión del Foro Permanente un grupo de delegados se reunieron en un evento paralelo para llamar la atención sobre el tema en el contexto asiático.
Aproximadamente dos tercios de la población indígena del mundo vive en Asia, lo que la convierte en la región con mayor diversidad cultural del planeta. Entre los mayores problemas de la zona están la militarización y la privación de los derechos sobre la tierra y de la autodeterminación indígena.
Hogar de 11 grupos indígenas, la Región de las Colinas de Chittagong (CHT) de Bangladesh sigue siendo una de las zonas más militarizadas del mundo.
De acuerdo con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), se estima que un tercio del ejército de Bangladesh se encuentra en la CHT, un área donde vive uno por ciento de la población del país distribuida en nueve por ciento de su masa terrestre.
Las bases militares se instalaron inicialmente como consecuencia del conflicto armado que enfrentó entre 1977 y 1997 las fuerzas del gobierno con el Partido Popular Unido de CHT (PCJSS) por los derechos indígenas y la autonomía de la región.
Aunque en 1997 se firmó un tratado de paz, que estipulaba el retiro de las fuerzas militares y el autogobierno, en los hechos la presencia militar y el control gubernamental persisten.
«Han pasado 18 años y no se han cumplido los principales compromisos», afirmó el secretario general del Foro Popular indígena de Bangladesh, Sanjeeb Drong, durante el evento en la ONU.
Drong subrayó que las comunidades indígenas no son contrarias a los militares, pero que no apoyan el régimen militar.
«Puede haber presencia militar, pero el gobierno civil gobernará el área», declaró. Sin embargo, este no ha sido el caso en CHT donde las instituciones indígenas siguen proscritas, agregó.
Un informe del relator especial del Foro Permanente para CHT, el sueco Lars Anders Baer, también expresó preocupación por el incumplimiento del tratado y el despliegue de fuerzas armadas en la región.
«La falta de progreso sustancial conduce a una mayor sensación de frustración y desilusión entre los pueblos indígenas en la región», sostiene el informe.
«Hechos e iniciativas que violan o atentan contra el espíritu del tratado añaden combustible a la menguante confianza en la intención sincera o la capacidad política del gobierno para aplicarlo», añade Anders Baer.
Entre las violaciones de derechos humanos en la zona se incluyen la tortura y las detenciones arbitrarias cometidas por personal militar, como forma de reprimir las voces disidentes. Otro problema es la apropiación de tierras, según Drong.
Más allá de los desalojos por la fuerza de los residentes indígenas y de los arrendamientos ilegales de tierras a personas que no son de la zona, el activista indicó que la participación de los militares en la industria del turismo contribuyó a la expropiación y destrucción de las tierras indígenas en CHT.
Sena Kalyan Sangstha, el ala empresarial de las fuerzas armadas de Bangladesh, es uno de los protagonistas en el mercado de la construcción y gestión inmobiliarias. Con la ayuda de subsidios públicos y los fondos obtenidos con las misiones de paz de la ONU, el grupo opera centros turísticos de lujo, incluido el complejo de Nilgiri en CHT.
Para su construcción el ejército habría eliminado el huerto de un grupo indígena local, así como tiendas y una escuela cercana.
Del mismo modo, la dirigente indígena Josephine Pagalan denunció la apropiación de tierras en la isla filipina de Mindanao, rica en recursos naturales.
La isla es especialmente conocida por sus recursos minerales, como el cobre y el oro. En Mindanao están desplegadas 60 por ciento de las fuerzas armadas de Filipinas, con exclusión de los grupos paramilitares, aseguró.
El sur de Filipinas también alberga a la mayoría de los grupos indígenas del país, colectivamente llamados los lumads.
Las fuerzas militares del país desalojaron y desplazaron a numerosos lumads, en lo que muchos creen es un intento de proteger y permitir la expansión de la industria minera de gran escala.
Los militares también están involucrados en la matanza de líderes indígenas.
Pagalan, que fue testigo de los hechos, recordó la incursión de un grupo paramilitar. «El pasado 1 de septiembre, a las 3:30 de la mañana, nos despertaron y obligaron a salir de nuestras casas… a 150 de nosotros», relató.
Frente a ella, los paramilitares apuñalaron al director ejecutivo de una escuela lumad, Emerico Samarca, varias veces, así como al líder indígena Dionel Campos y su primo Aurelio Sinzo.
«Después de que los mataran, (los paramilitares) nos dijeron que teníamos que evacuar en dos días y si no lo hacíamos nos masacrarían a todos «, denunció a los asistentes.[related_articles]
Los hechos habrían provocado la evacuación de casi 3.000 lumads.
Un mes antes de esos crímenes, la organización Human Rights Watch informó que los soldados filipinos mataron a cinco miembros de una familia lumad, entre ellos jóvenes de 13 y 17 años, lo que refleja mayores y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
El presidente Benigno Aquino III negó las acusaciones y afirmó que «no existe una campaña para matar a los lumads. Estamos al servicio de la gente”.
Pagalan reclamó que el gobierno asuma la responsabilidad y que se haga justicia con los pueblos indígenas afectados, incluida la devolución de sus tierras ancestrales.
El político y activista de Bangladesh, Devasish Roy, destacó especialmente la necesidad de que haya justicia en CHT, en una conferencia de prensa celebrada el lunes 9. «Tenemos que mirar hacia la paz… y a la justicia como una parte necesaria de la misma. Se puede tener el cese de las hostilidades… pero eso no significa que sea una solución real», advirtió.
Carling expresó su esperanza a IPS que el Foro Permanente sensibilice a los Estados miembros para que respeten y hagan cumplir la resolución de los conflictos y los derechos indígenas.
«Salvo que los Estados tomen este asunto en serio y tengan la voluntad política de abordar el tema de la militarización… entonces no podemos esperar una mejora de la situación”, expresó.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un mensaje de video transmitido en la apertura del foro, anunció el lanzamiento de un plan de acción coordinado y sistemático en materia indígena.
«Una paz duradera requiere que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia cultural, social y económica… es esencial que trabajemos juntos para realizar los derechos plenos de los pueblos indígenas», exhortó Ban.
Traducido por Álvaro Queiruga
