La concesión de visas humanitarias por parte del gobierno de México para los cubanos varados en Costa Rica se contradice con el trato a miles de centroamericanos que deben sortear toda clase de riesgos por el territorio de este país, en su tránsito hacia Estados Unidos, denuncian organizaciones sociales y activistas.
Si bien los defensores de los derechos de los migrantes achacan la responsabilidad mayor a Estados Unidos, por lo que denominan como privilegios en el trato a los ciudadanos cubanos, acusan a México de fomentar esas disparidades.
Washington “promueve la migración irregular de cubanos. Es el de la doble moral y México responde a sus intereses. Es el quiebre en el manejo de los flujos migratorios ordenados y seguros”, aseguró a IPS el activista Danilo Rivera desde Ciudad de Guatemala.
“México no es coherente en entenderse como país de origen” de emigrantes, dijo el coordinador del Programa de Gestión e Incidencia del no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, cuya sede está en Guatemala.
Esa institución pertenece a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, un colectivo que analiza ese tipo de asuntos e interactúa con los gobiernos respecto a las políticas migratorias.
La estadounidense Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, otorga a los ciudadanos de la isla que pisen su territorio una visa de residencia.
La hasta entonces poco conocida ruta desde Ecuador a Estados Unidos para los migrantes cubanos adquirió notoriedad internacional en noviembre, cuando casi 8.000 ciudadanos de la isla quedaron atrapados en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, luego de que el gobierno de Managua bloqueara su acceso al país.[pullquote]1[/pullquote]
La crisis encontró una salida cuando los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México acordaron el traslado legal de un grupo inicial de 180 migrantes, sorteando por avión el territorio nicaragüense, en un plan piloto que se concretó en la noche del 12 de este mes y que benefició a 139 hombres y 41 mujeres.
Al día siguiente el grupo llegó al sureño estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala.
Con las especiales visas humanitarias concedidas por el gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM), los cubanos pudieron atravesar por su cuenta el país, sin ser molestados por autoridades migratorias.
Tras el éxito del operativo de prueba, el miércoles 20, durante un nuevo encuentro en Guatemala, los cuatro gobiernos involucrados decidieron emprender una segunda parte del plan, a partir del 4 de febrero, con dos operativos aéreos similares, hasta solventar la crisis.
Las visas humanitarias están incluidas en la Ley Nacional de Migración aprobada en 2011, tienen vigencia de 72 horas a 30 días y se otorgan cuando se acredite que la persona beneficiaria es víctima de catástrofe natural, se encuentra en peligro en su país natal o requiere de cuidados de salud especiales.
En noviembre, último mes con datos oficiales, México expidió 1.084 permisos de este tipo, de los cuales 524 fueron destinados a ciudadanos hondureños, 370 a salvadoreños, 146 a guatemaltecos, 43 a nicaragüenses y uno a costarricenses.
Durante ese mismo mes, las autoridades mexicanas detuvieron a 73.710 guatemaltecos, 53.648 hondureños, 31.997 salvadoreños y 1.427 nicaragüenses. Paralelamente, deportaron a 64.844 guatemaltecos, 47.779 hondureños, 27.481 salvadoreños y 1.188 nicaragüenses.
Cada año unas 500.000 personas se internan por la frontera sur mexicana para cruzar el país e ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre de 3.185 kilómetros de longitud que divide a los dos países, según cifras de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes y de especialistas.
“Los migrantes centroamericanos no importan a nadie, son el desecho de países empobrecidos, agobiados por la violencia”, aseguró a IPS el sacerdote católico Pedro Pantoja.
“Detrás del manejo de los cubanos hay negociaciones políticas, un estado de servidumbre con Estados Unidos. Para los cubanos, todo a favor; para los centroamericanos, nada”, denunció este director del Belén Posada del Migrante, situada en Saltillo, capital del noroccidental y fronterizo estado de Coahuila.
El activista criticó también la desigual respuesta de los gobiernos centroamericanos, solidarios con la situación de los migrantes cubanos, mientras son “tan insensibles, lejanos y utilitaristas” con aquellos de la propia área.
A lo largo de su travesía por territorio mexicano, los migrantes se exponen a secuestros, extorsiones, abusos físicos y robos a manos de policías, funcionarios y bandas delictivas del tráfico de personas.
Durante la década actual, defensores de migrantes han demandado a México la entrega de visas humanitarias para minimizar esos riesgos.
También la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la concesión de esos documentos, en un informe en agosto.
“Hemos pedido detener las deportaciones. México debe avanzar en la protección de los migrantes en tránsito con la utilización de salvoconductos para no pasar por zonas de riesgo y evitar grupos criminales. Pero Estados Unidos no quiere que la frontera norte se convierta en la zona de impacta”, señaló Rivera.[related_articles]
Los activistas achacan al Plan Integral Frontera Sur, aplicado desde agosto de 2014 por el gobierno mexicano con ayuda del de Estados Unidos, la ofensiva contra los extranjeros irregulares. Ese plan incluye la instalación de 12 bases navales en los ríos de la zona y tres cordones de seguridad al norte del límite fronterizo.
Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado 15 millones de dólares en equipos y asistencia y se prevé el desembolso de 75 millones adicionales.
Difícilmente, el flujo de cubanos sin visados por América Central y México con destino a Estados Unidos se detenga, aunque desde diciembre el gobierno de Ecuador volvió a exigir carta de invitación y otros requisitos para entrar al país, después que en 2014 les había dado libre acceso.
En septiembre, el gobierno costarricense reveló que habían detenido a 12.000 cubanos indocumentados en los 12 meses previos.
Ante esa coyuntura, los defensores planean exigir a México una respuesta para su conducta dual hacia la migración.
“No nos vamos a quedar quietos. Vamos a pedirle cuentas al INM”, adelantó Pantoja, quien integra el Consejo Ciudadano de ese organismo gubernamental, conformado por representantes de la sociedad civil y la academia.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes se reunirán del 25 al 28 de enero en Chiapas y en el vecino estado de Tabasco, para revisar las aristas del fenómeno y monitorearán el flujo migratorio y la actuación de las autoridades en esos mismos estados el 18 y 19 de febrero.
Además, cuestionarán al INM durante la sesión de marzo de su Consejo Ciudadano.
Editado por Estrella Gutiérrez
